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Antonio Balibrea

Pensiones y tensiones

Cuando empiezan a repetir que quieren revisar el sistema de financiación de la Seguridad Social nos echamos a temblar. No porque no sea necesario revisarlo, que lo es, sino porque desde la creación de la Seguridad Social en España, en 1967, las cinco únicas reformas que se han hecho (1985,1997, 2007, 2011 y 2013) todas han sido para recortar las cuantías de las pensiones. El actual sistema de financiación se basa en las aportaciones de las cuotas obrera y patronal y el 91% del presupuesto de la Seguridad Social procede de dichas cuotas; el resto lo aporta el Estado, un 9%, para financiar las pensiones no contributivas. Hasta 1989 las cuotas de la Seguridad Social también sirvieron para financiar la sanidad y los servicios sociales sin que ese dinero se haya devuelto nunca a la Seguridad Social.

Desde el 2000, cuando la Seguridad Social tenía superávit el dinero se guardaba en la “hucha”, el Fondo de Reserva, que llego a tener hasta 67 mil millones de euros. Con la crisis del 2008 se fue gastando y actualmente quedan unos 1500 millones. Con esta situación el Estado se ve obligado a aportar anualmente, desde 2017, unos 15 mil millones anuales para poder pagar las pensiones. Esta es una de las razones que urgen la revisión.

Los gastos de la seguridad social son las pensiones propiamente dichas, y lo que se denominan gastos impropios y que vienen a suponer aproximadamente casi 20 mil millones anuales. Esta es otra de las razones por las que urge la revisión. La Seguridad Social en sus inicios y durante veinte años pago la sanidad y los servicios sociales. Actualmente se hace cargo de las deducciones y bonificaciones a las empresas para crear empleo a determinados colectivos; se hace cargo de las prestaciones de paternidad/maternidad; de la protección familiar; de la reconversión industrial de las empresas cuando es a través de jubilaciones parciales; del complemento por maternidad en las pensiones; y tiene que asumir el tope máximo de cotización que impide cotizar a los salarios que superan los 4.070 € mensuales Estos son los llamados “gastos impropios”, porque deberían asumirlos el Presupuesto General del Estado. Si es verdad que el Estado desde 2017 aporta unos 15 mil millones anuales; no es menos cierto que la Seguridad Social se hace cargo de todos estos “gastos impropios” que rondan los 20 mil millones anuales.

El actual modelo de financiación está obsoleto y no ha tenido cambios sustanciales desde 1967. Está obsoleto porque los gastos impropios deberían estar a cargo de los Presupuestos del Estado, también en parte por la mayor longevidad de los españoles, pero sobre todo está obsoleto porque penaliza a las PYMES (las que utilizan más mano de obra) y beneficia a las multinacionales y tecnológicas que sustituyen mano de obra por máquinas. Estamos incentivando el relevo de mano de obra por máquinas

En esta situación las soluciones repetidas por el Banco de España son: reducir pensiones, aumentar la edad de jubilación, y suscribir Fondos de Pensiones. La combinación de esas tres cosas no la explicamos porque ya lo hace frecuentemente el propio Banco de España y lo repiten sus ecos.

Vamos por partes: Los Fondos de Pensiones no son ninguna solución. Son un producto financiero sometido a los vaivenes de la Bolsa y a la especulación; además con altas comisiones de gestión. Solamente en 2008 perdieron un 20% de su valor. Para mejorar las pensiones bastaría con desarrollar el artículo 43 de la Ley General de la Seguridad Social que permite elevar voluntariamente las cotizaciones individuales, pero ese artículo nunca se ha desarrollado.

La edad media real de jubilación está en 64,4 años. La solución no puede ser prolongar la edad de jubilación con carácter general (¿debe ser la misma edad de retiro la de un albañil, camionero, que la de un directivo o profesor universitario?). Retrasar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil; y a las rentas inferiores cuya esperanza de vida es 10 años inferior a la de rentas altas. Por supuesto también habría que eliminar el tope en las aportaciones de los sueldos más altos. La clave es cambiar el sistema general de financiación sustituyendo la cuota patronal, total o parcialmente, por un impuesto a los beneficios empresariales, de manera que no se penalice la utilización de mano de obra. Así contribuirían las grandes empresas internacionales y tecnológicas en mayor medida al sostenimiento de la Seguridad Social. 

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