El estreno de la miniserie basada en la novela “Patria” de Fernando Aramburu, nos recuerda el calvario sufrido por las víctimas de ETA, especialmente en los pueblos del País Vasco, donde se ambienta parte de la obra. En ella, un empresario es extorsionado con el “impuesto revolucionario”, y tras una serie de problemas, la banda terrorista le aplica su particular pedagogía del terror: pintadas acusándole de chivato, amenazas de muerte, el vacío de amigos y vecinos, la mayoría por miedo, hasta que es asesinado.
Es en los pueblos del País Vasco y norte de Navarra donde la pedagogía del terror ejecutada durante cincuenta años por ETA alcanzó una precisión matemática y unos resultados aplastantes. Mientras que en las ciudades se gozó de una amplía pluralidad política y la resistencia cívica fue mayor, por contra, en muchos pueblos la banda terrorista ha ejercido un control social asfixiante prácticamente sin oposición, monopolizando el espacio público para exaltar a los verdugos, y en donde sus víctimas, acorraladas, tuvieron que marcharse para evitar la muerte.
Como detalla el periodista José María Calleja en su libro “La diáspora vasca”, desde finales de los años setenta, miles de familias fueron obligadas bajo amenaza de muerte a dejarlo todo y marcharse hacia otras partes de España. Esta diáspora, cifrada entre 50.000 y 200.000 personas, y formada por distintos colectivos (políticos, funcionarios, empresarios, periodistas, etc.), alteró la vida y el mapa electoral del País Vasco y el norte de Navarra, especialmente en los pueblos.
La pedagogía del terror ejecutada por ETA comenzaba acusando a la víctima de un “delito” que la convertía en culpable: si se relacionaba con policías o sus familias era un “confidente” o “chivato”; si simpatizaba públicamente por un partido constitucionalista era un “antivasco”, y si ejercía cargo público en alguno, “fascista” o “torturador”; si era un empresario que no pagaba el “impuesto revolucionario” era un “explotador”, etc. Estas acusaciones, realizadas en los medios de propaganda de ETA, o mediante pintadas o carteles con su fotografía, perseguía aterrorizar a la víctima y a su familia, y también aislarla socialmente, sobre todo en los pueblos donde todo el mundo se conoce, ya que era un aviso para los que se relacionaban con ellos o compartían su ideología.
En los “años de plomo”, entre finales de los setenta y principios de los ochenta, cuando mayor fue la actividad terrorista y menor la solidaridad con sus víctimas, también circularon en varias localidades listas negras con los datos personales de aquellos vecinos que debían abandonarlas bajo pena de muerte, creando un clima comparable al de la caza de brujas, como describió la antropóloga noruega Marianne Heiberg en “La formación de la nación vasca”. Durante su estancia en Elgueta entre 1975 y 1976, se confeccionaron dos listas con “chivatos”, una de ellas con 33 personas, de las que 28 eran inmigrantes de otras partes de España. Asimismo, el historiador Gaizka Fernández relata en su artículo “La lista negra” (2018), como en 1978 ETA distribuyó varias en Irún, en las que señalaba a funcionarios, un arquitecto, un abogado, un conductor, un dentista, varios empresarios, un policía, un militar retirado o un jubilado, acusándoles de “antivascos”, “delatores”, o “suegro de policía”.
Si la víctima, pese a las amenazas, se resistía a marcharse, la pedagogía del terror ejecutada por ETA entraba en una fase más agresiva, con llamadas telefónicas, pintadas de “ETA mátalos”, ataques a domicilios y vehículos, o el boicot de sus comercios, y la aparición de un gato muerto en su domicilio podía ser el último aviso. En el documental “Echevarriatik - Etxeberriara”, de Ander Iriarte, se cuenta como dos políticos de Oyarzun de ideologías opuestas lo recibieron: el último alcalde franquista, de 33 años, que sería asesinado días después, y un concejal nacionalista de Eusko Alkartasuna, muy combativo en la oposición municipal, tras lo cual dimitió en 1996.
Y es que, uno de los objetivos fundamentales de la pedagogía del terror ejecutada por ETA en los pueblos del País Vasco y el norte de Navarra fue la eliminación de la oposición política, sobre todo constitucionalista. Los primeros atacados fueron, en los años setenta, familias de ideología tradicionalista que, pese a tener innumerables apellidos vascos y hablar un perfecto euskera, fueron acusados de “antivascos” por no ser nacionalistas, o en algunos casos, haber ocupado cargos durante el franquismo. Los siguientes fueron los militantes de partidos de centro-derecha como UCD o Alianza Popular, exterminados mediante el asesinato o el exilio, seguidos en los años ochenta por los ataques a partidos de izquierda como el PSOE, y también a algunos políticos nacionalistas como el alcalde de Hernani en 1991, que tras acceder al cargo mediante un pacto con partidos constitucionalistas, unos encapuchados lo intentó linchar. El resultado de ello es que en muchos pueblos, en las elecciones municipales casi ningún vecino quiere figurar en las listas de partidos constitucionalistas.
El asesinato fue la última fase de la pedagogía del terror ejecutada por ETA, no librándose de ello ni antiguos militantes de la banda como “Yoyes”, asesinada en septiembre de 1986 en Ordicia delante de su hijo de tres años. Incluso continuaba en los funerales, como en el de un asesinado en marzo de 1986 en Zumaya acusado de “chivato”, durante el cual hubo una manifestación en la que se gritó “Gora ETA”. Y es que, ante los ojos de una parte de la población, los asesinados merecían serlo, pronunciándose esa terrible frase de “algo habrá hecho”. En algunos casos, las amenazas no terminaban con el asesinato de la víctima, sino que se continuaba acosando a su familia hasta que se marchaba lejos.
No debe olvidarse que la ejecución de la pedagogía del terror por parte de ETA durante más de cincuenta años sólo fue posible gracias a la colaboración entusiasta de una parte de la población, que en muchos casos le proporcionó datos de vecinos, incluso de familiares, para ponerlos en la diana.
Gracias a la novela “Patria”, ahora convertida en miniserie, se nos vuelve a recordar el calvario sufrido durante décadas por las víctimas de ETA. Por ello, y con más de trescientos asesinatos todavía sin esclarecer y miles de familias exiliadas que aún hoy no han regresado a su tierra, las víctimas de ETA merecen memoria, dignidad y justicia, ayer, hoy y siempre.
