Resulta difícil creer que el golpe militar en Mali alarme o haya causado sorpresa en países aliados cómo Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, o España. Todos ellos mantienen tropas en el territorio africano tiene una misión de mantenimiento de la paz, con 15.600 efectivos, entre ellos 200 soldados y policías españoles- algunos del acuartelamiento Rabasa- encargados de la instrucción y entrenamiento de las fuerzas malienses. Parece más increíble, si tenemos en cuenta que, en el año 2012, cuando rebeldes tuareg y yihadistas, lograron apoderarse de dos tercios del norte del país la intervención de Francia fue determinante para impedir su avance hacia la capital, Bamako. Al año siguiente un golpe de Estado encumbró a la presidencia a Ibrahim Bubacar Keita, ahora destituido y exiliado por los coroneles autores del golpe de Estado del 18 de agosto. La U.E. ha suspendido su colaboración.
La estrategia Integrada de las Naciones Unidas para el Sahel, es la hoja de ruta en toda la zona que intenta coordinar, de una parte, las actuaciones militares y de defensa del G-5- integrado por Mauritania, Mali, Níger, Chad y Burkina-Fasso- con una fuerza conjunta de militares, policía y personal civil; y, la Fuerza Conjunta Multinacional –EE.UU., Francia. Gran Bretaña, y España-. En 2015 se firmó en Argelia el Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí por el Gobierno de Malí, la coalición de grupos armados denominada Plataforma y la coalición de grupos armados denominada Coordinadora de Movimientos de Azawad. La aplicación continua de ese Acuerdo, representaba una oportunidad histórica para lograr la paz duradera en Malí.
La semana anterior al golpe el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recibió el informe final del “Grupo de Expertos” (S/2020/785). Enviados por el propio Consejo hace tres años para seguir la situación en Mali. El gobierno, dicen, había cancelado la reunión del Comité de Seguimiento del Acuerdo, hay dudas del compromiso del gobierno “en mejorar la representación de las poblaciones del norte en las instituciones nacionales”. Las fuerzas desarmadas y desmovilizadas de la Zona Norte tras su adiestramiento deberían integrarse en las unidades de Ejército; sin embargo, son muchas las dificultades por las trabas puestas “en particular por el general de brigada Kebab Sangare, el jefe del Estado Mayor del Ejército maliense” que no respetó que el ejército debería estar integrado una tercera parte por cada una de las partes firmantes del acuerdo de paz y reconciliación. El grupo de expertos observó una tendencia creciente a la violencia contra la población civil por parte de las fuerzas gubernamentales, las milicias étnicas siguen cometiendo atrocidades en el centro del país. Acusan que agentes prestan apoyo a personas designadas como saboteadores del proceso de paz por el Comité del Consejo de Seguridad. Acusan también que agentes del Estado toleran y protegen actividades delictivas de los grupos armados a cambio de dinero, grupos que trafican con personas, con hachís- con el consentimiento de Marruecos-, o de cigarrillos, producidos en Grecia e introducidos en el Sahel desde los Emiratos Árabes Unidos. Todo lo cual genera desconfianza entre los firmantes del Acuerdo para la Paz e incrementa los costos y gastos de la MINUSMA, la misión de la ONU en Mali. En abril fue secuestrado y permanece desaparecido el principal líder de la oposición Soumaïla Cissé. El Secretario General ha presentado un informe el pasado 29 ante el Consejo de Seguridad (S/2020/952).
Los jefes de Gobierno africanos aceptaron la situación, pero se mostraron intransigentes en la necesidad de que el nuevo presidente del país debía ser un civil. La Unión Africana, la UE, la Comisión Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), han potenciado el crecimiento económico del Sahel oriental, y exigen una transición rápida. El coronel retirado y exministro de Defensa, Bah N’Daow ha sido designado presidente interino de Malí, por la junta militar golpista, hasta las elecciones. Así lo ha anunciado a la televisión pública el líder de los golpistas, el coronel Assimi Goïta, presidente de un Comité Nacional de Salvación del Pueblo (CNSP) quien ha sido designado vicepresidente. Estos días pretenden elaborar una “carta de transición”.
La incapacidad del gobierno anterior hacía la situación insostenible, a juzgar por el informe de la Comisión de Expertos al Consejo, pero el proyecto de los coroneles no está claro, aunque prometa respetar los tratados internacionales firmados. España tiene militares y policías y debería redefinir cuál es su papel, y el de la Unión Europea en Mali.
