Nada más desalentador que formar parte de una corporación en la que en lugar de ir conquistando espacios de protección de la ciudadanía, se retrocede en la defensa de los derechos humanos y se recuperan instrumentos coercitivos contra los más vulnerables.
No nos gusta ver a mendigos ni a prostitutas, esa es la única conclusión de la puesta de largo de la nueva ordenanza de convivencia ciudadana de Alicante, por mucho que se nos intentase vender toda una serie de humareda social indefinida alrededor de esta revelación por parte del concejal responsable.
La sombra de Castedo es alargada y nuestro alcalde, concejal con la malograda exalcaldesa, recupera para los ojos sensibles la ordenanza que penaliza y revictimiza a personas que ya están en exclusión. No solo estigmatiza y criminaliza a víctimas de la trata de seres humanos sino que no ofrece ni una sola solución más allá de las sanciones que, ya me dirán cómo, tendrán que abonar las personas sin hogar y las prostituidas.
¿No basta con abandonar a los que viven en los márgenes de la sociedad? No, el Sr Barcala necesita darles la puntilla, sacarles hasta el último euro. ¿No tienes para comer? Paga 500 euros de multa por vender pañuelos en un semáforo. ¿No tienes dónde dormir? Paga una multa de 750 euros por colocarte unos cartones debajo de un puente. ¿Tienes que pagar la deuda con los tratantes que te explotan vendiéndote a 20 hombres diariamente? Paga una multa de 1500 euros. Pasamos de la indiferencia ante la violencia que sufren cientos de mujeres en Alicante a imponerles más sufrimiento y a obligarlas a hacer 30 servicios para las arcas municipales.
¡Mujer! No seas así que en realidad no queremos multarles… ¿Entonces? La conclusión es meridiana, si no se aspira a recaudar ni un euro, solo se aspira a centrifugar a los mendigos y a las prostitutas alejándolas del centro turístico ya que, adivinen, los turistas tampoco quieren ver mendigos ni prostitutas, aunque a estas segundas las busquen el 20% de los que vienen a esta ciudad, tras tomarse unas cañas o broncearse en nuestras playas.
La ordenanza de convivencia cívica que pretende aprobar el equipo de gobierno se articula en actividades prohibidas y régimen de sanciones. Nada más. Falta a la verdad el PP, no se recoge ni una sola medida asistencial, ni va acompañada de un plan de actuación para prevenir o responder de manera integral a los problemas de las personas más vulnerables, simplemente se precariza (más si cabe) sus vidas, solo contribuye a penalizar y criminalizar la pobreza.
La ordenanza de la prostitución no acaba con su ejercicio, únicamente la abolición de la prostitución puede hacerlo, pero al PP solo le interesa la prostitución callejera y en el centro de la ciudad. Hace poco más de una semana se desmanteló una red de trata en esta ciudad en la que se rescataron nueve mujeres obligadas a tener sexo durante doce horas diarias. Qué importa si las mujeres están esclavizadas en los pisos o en los clubes, ya se lo he dicho antes, no las queremos ver. Y punto.
