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Rafael Simón Gil

Un estado fallido

Bruselas sigue "de cerca" la reforma del Consejo General del Poder Judicial

Bruselas sigue "de cerca" la reforma del Consejo General del Poder Judicial

Resulta un sueño delirante, una pesadilla, aceptar, aunque sea como hipótesis, la posibilidad de que España se convierta en un Estado fallido, como apuntaba Neue Zürcher Zeitung, el periódico más influyente de Suiza. Cuando nos referimos a esa devastadora definición ponemos la mirada en algunos países de África, Latinoamérica o Asia, paradigmas de estado fallido, de sociedades podridas hasta el tuétano de sus instituciones. El narcotráfico, la corrupción sistémica, las ideologías totalitarias (ahora venidas de la extrema izquierda y su correlato populista), las inmensas desigualdades sociales, los constantes golpes militares y otros factores de naturaleza similar son los vectores que precipitan a esos países a convertirse en estructuras estatales fallidas. Venezuela, México, Nicaragua, Afganistán, Corea del Norte, Libia, Somalia, Etiopia, entre otros, dibujan de forma lacerante el mapa del estado fallido, de países abrasados en sus cimientos por la metástasis de la ruina económica, ética, social, judicial, cultural y mediática. ¿Quiénes pagan las consecuencias? La ciudadanía. ¿Quiénes se aseguran los inmensos privilegios? La clase política y las cúpulas de sus terminales amigas: militares, policiales, empresariales, periodísticas, sindicales o judiciales.

En el Estado fallido se pierde la libertad, se proscriben los derechos, se persigue la discrepancia, se encarcela la palabra, se tortura el espíritu y se empobrece cada vez más a las clases medias. En el Estado fallido se busca el control de todos los resortes de la sociedad, de las instituciones, de las personas que representan la libertad y la independencia de criterio. Para que el Estado fallido se haga realidad la clase política que lo propicia busca pervertir las cúpulas institucionales, las élites intelectuales, los mandos orgánicos, las estructuras independientes, el control de la palabra, la información, la educación y la cultura. Premio o castigo. Se utilizan los mecanismos que pone a disposición el sistema democrático para, valiéndose de ellos, carcomer el propio sistema privándolo de la savia que lo alimenta, del oxígeno que necesita. La sutileza que utilizan para llegar al Estado fallido viene dada en función de la mayor o menor tradición democrática de las sociedades en que se programa. La violencia extrema en los golpes militares (países africanos); la violencia por medio de falsos indicadores religiosos (Afganistán y otros países de corte islamista); la ideología impuesta a sangre y fuego (Corea del Norte); la corrupción metastásica propiciada por carteles de narcotráfico, militares, políticos y empresariales (México); el populismo falsamente emancipador de la extrema izquierda (Venezuela, Nicaragua) o, más sutilmente, el envenenamiento progresivo de instituciones y personas en los países desarrollados y con democracias estables.

En los Estados fallidos de esta última categoría la clase política que los propicia llega al poder por conductos democráticos, en elecciones libres, con medios de comunicación plurales, un poder judicial independiente, en el seno de sociedades civiles desarrolladas; con Universidades donde rige el principio de libertad de cátedra y de pensamiento, de pluralidad; en países con un razonable nivel de vida cultural, educativo, social, económico, de empleo, de salud, de libertad religiosa. La mayor o menor sutileza, insisto, de esa clase política y sus cómplices en la estrategia utilizada para lograr sus fines, hacen que el proceso de transformación de un Estado de Derecho a un Estado fallido resulte groseramente obvio o se convierta en un tránsito que la ciudadanía va asimilando como un placebo hipnótico.

En esta segunda variable, la más peligrosa, se adoctrina en la educación, se minimiza el esfuerzo y el mérito con el perverso fin de la uniformidad; se manipula la historia, se enmiendan los valores culturales, religiosos, ideológicos, políticos, sociales o tradicionales; se van fagocitando los medios de comunicación mediante subvenciones, premios o castigos, y la promoción social, económica y de poder de sus integrantes más significados; se banalizan las instituciones y los organismos de control que la democracia se da como contrapeso; se desprestigia a la religión mayoritaria mediante el descrédito, la preterición o, aún más perverso, la exaltación de religiones con nulas convicciones democráticas; se sofoca a impuestos a la clase media hasta casi su desaparición; el adversario político siempre es el enemigo que no tiene derecho a existir porque va contra la voluntad soberana del pueblo; se procura el control férreo de la Policía bajo la presión constante, los ascensos y distinciones o la marginación; la Fiscalía del Estado se ahorma como una extensión del poder a despecho de su independencia de criterio y sujeción a la legalidad; se ataca a la máxima representación del Estado si no resulta obediente a los intereses del poder; se va modificando el texto constitucional o se incumple cuando resulta hostil a la estrategia del poder porque la voluntad del pueblo está por encima de cualquier norma; y, al final del proceso, se ataca la defensa última de todo sistema democrático, el Poder Judicial, sometiéndolo a todo tipo de presiones, de mecanismos de control, hasta que pierde su libertad e independencia. Después se apaga la luz. A más ver.

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