Los políticos tienen la tendencia a creer que las leyes, decretos y ordenanzas, por sí solos, cambian la sociedad y alteran las conductas humanas, cuando con frecuencia sucede justamente lo contrario: es la sociedad la que con sus prácticas empuja a cambiar muchas normas y políticas aplicadas, incluso a pesar de la resistencia de no pocos gobernantes.
Son tantos los ejemplos que necesitaríamos todo este diario para recogerlos, pero pensemos en lo sucedido con el servicio militar obligatorio en España o con el matrimonio entre personas del mismo sexo, por mencionar algunos casos llamativos. En el sentido contrario tenemos el botellón, prohibido en la práctica totalidad de los municipios mediante ordenanzas y normativas muy severas, que no impiden que sea una práctica tan extendida como generalizada. Y entonces, ¿para qué regular de manera tan rigurosa prácticas que después se toleran abiertamente y están tan generalizadas? Pues para tranquilizar conciencias, para aparentar que se hace algo y poder decir que se actúa contra esa actividad. Puro postureo.
La política y la ideología tienen que ser también éticas, no para ocultar los problemas, limitarse a esconderlos, multarlos o criminalizarlos, en lugar de afrontarlos y tratar de solucionarlos, por complicados que sean. Cargar duramente contra problemas estructurales y conductas individuales de una enorme complejidad, que con frecuencia tienen una raíz social y un origen basado en la pobreza o la desigualdad, sin que el Ayuntamiento asuma las obligaciones públicas que tiene atribuidas en la materia, demuestra enormes dosis de hipocresía política.
El bipartito de Alicante ha presentado su propuesta de “Ordenanza de convivencia cívica en el término municipal de Alicante”, un documento mal trabajado, técnicamente deficiente, que mezcla aspectos muy distintos y contradictorios que, en muchos casos, ya están contenidos y regulados en otras ordenanzas municipales en vigor. Así sucede con la ordenanza municipal de limpieza, de circulación de vehículos y peatones, de mercados, de protección contra ruidos y vibraciones, de actividades temporales, de venta, suministro y consumo indebido de bebidas alcohólicas, de venta no sedentaria y espectáculos temporales o de tenencia y protección de animales. Todas estas ordenanzas municipales en vigor afectan a la convivencia cívica, pero ya están aprobadas, si bien en muchos casos, no se cumplan. Duplicar lo que ya está regulado en otras ordenanzas no va a llevar a su cumplimiento, como parece creer este Ayuntamiento.
La novedad está en incorporar en este gazpacho de temáticas tan dispares recogidas en la nueva ordenanza de convivencia a colectivos como los mendigos, los sintecho y las personas prostituidas, desplegando una batería de prohibiciones y sanciones económicas que van desde los 750 hasta los 3.000 euros, sin mencionar ni una sola medida, programa o actuación encaminada a intervenir, prevenir o responder a sus problemas sociales y personales.
Presentar en esta nueva ordenanza municipal a mendigos, sintecho y personas prostituidas como un desecho social al que hay que multar, a las pocas semanas de que se haya anunciado el primer Plan de Inclusión Social que carece de actuaciones específicas hacia estos colectivos, es todo un despropósito. Pero mucho más cuando los recursos sociales municipales son escasos, están colapsados y adolecen de medios suficientes. La mayor parte de estas personas, contra las que se dirige el capítulo IV y V de la nueva ordenanza municipal de convivencia, ni reciben ayudas sociales, ni tampoco pueden acceder a ningún recurso social municipal. Lo único que les ofrece nuestro Ayuntamiento ahora son multas que podrían llegar hasta los 3.000 euros y que, en su situación, necesitarían para poder sobrevivir.
Tras leer la propuesta municipal, resulta obvio hacerse una sencilla pregunta: ¿Por qué no se han incorporado en esta “Ordenanza de convivencia cívica del Ayuntamiento de Alicante” las medidas contenidas en el capítulo III de la “Ordenanza sobre convivencia ciudadana” que la FEMP propone a todos los municipios de España, sobre medidas de fomento de la convivencia, de voluntariado y asociacionismo, de apoyo a personas afectadas, de colaboración con personas en el fomento de la convivencia o para el fomento de hábitos de convivencia y medios, que ni siquiera se mencionan en la de Alicante? Pues porque el equipo de Gobierno del bipartito, dirigido por el PP y Ciudadanos, tiene una exclusiva visión sancionadora, punitiva y de castigo hacia estas conductas que tratan de regular. Sirva como ejemplo que en la ordenanza propuesta por el Ayuntamiento de Alicante figuran 86 veces la palabra sanción o sancionador y 25 la palabra multa, mientras que no aparece ni en una sola ocasión el término intervención social o ningún otro parecido.
Posiblemente haya que recordar a nuestro Ayuntamiento que si quiere mejorar la convivencia en la ciudad, en lugar de tantas multas y sanciones, tiene que trabajar más en cuidar, limpiar y conservar calles y plazas, en aumentar los centros y equipamientos municipales para la convivencia, en reducir la pobreza y la exclusión social, en fortalecer unos servicios sociales manifiestamente insuficientes, en dotar de mediadores y educadores sociales los barrios, en facilitar lugares de ocio para jóvenes y mayores, en mejorar la oferta cultural, educativa y lúdica para familias y niños. En definitiva, algo muy distinto a multar, sancionar, criminalizar o estigmatizar, como propone el bipartito de Luis Barcala.
