Fulminado habría caído el inspector que dirigió la investigación sobre los presuntos amaños del PGOU de Alicante si las miradas matasen. Un crimen del que los principales sospechosos habrían sido la exalcaldesa Castedo y el empresario Enrique Ortiz, que clavaron sus pupilas como dardos en el agente nada más presentarse ante el tribunal que está juzgando estos hechos para desgranar los pormenores de las pesquisas. Una comparecencia en la que empleó más de seis horas: tres respondiendo a las preguntas del fiscal (a quien las otras dos acusaciones cedieron su tiempo) y las otras tres sorteando los disparos del paintball judicial al que le sometieron las defensas aprovechando los flancos débiles de la instrucción, que no son pocos pero de los no todos es responsable el inspector. Un funcionario público que con los medios de que disponía dirigió unas indagaciones complejas y judicializadas, extremo este último que convendría tener presente para, sin cercenar el derecho de defensa, modular interrogatorios como el de ayer en el que el policía parecía que era el malo.
