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Doménec Ruiz Devesa

Europa a través del espejo

Domènec Ruiz Devesa

El Plan de Recuperación contra la pandemia y la Conferencia sobre el futuro de Europa

Los estados habrá de prorrogar los ERTE y financiar una política de sostenimiento de las rentas a fin de evitar el empobrecimiento de amplios sectores sociales y la quiebra del modelo social europeo.

Imagen de la Eurocámara.

Imagen de la Eurocámara.

A la altura del otoño de 2020, la Unión Europea se enfrenta a tres expedientes, y que es preciso cerrar de una manera u otra antes de final de año: el presupuesto septenal y el Plan de Recuperación del que forma parte, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, y la relación futura con el Reino Unido, cuya salida a todos los efectos del mercado interior y del sistema jurídico comunitario tendrá lugar el 1 de enero de 2021.

Estos tres retos deben resolverse en una fase en la que prácticamente toda Europa, con diferente intensidad, se encuentra seriamente afectada por la segunda ola del coronavirus, tras el exceso de confianza y la relajación de las costumbres observadas durante el verano. Países como Francia, Bélgica, y España han introducido toques de queda nocturnos, y en algunos casos, cierres de establecimiento de distinto tipo, con el consiguiente perjuicio para la economía y el empleo. Ante esta situación, por un lado, sería conveniente que la Comisión (el ejecutivo comunitario) presentara rápidamente un proyecto de Reglamento o Directiva para luchar eficazmente contra la pandemia a escala europea, dada la naturaleza transfronteriza del fenómeno, lo que puede hacer sobre la base del artículo 168.5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estableciendo de paso la primera tesela de la Unión Sanitaria.

Por otro, es evidente que los estados habrán de prorrogar los expedientes temporales de empleo, y en todo caso financiar con carácter general una política masiva de sostenimiento de las rentas con el fin de evitar el empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad, y la quiebra del modelo social europeo, emitiendo en consecuencia la deuda pública que sea necesaria. El Banco Central Europeo se apresta en todo caso a aumentar su programa de compra de bonos públicos, aunque solo sea por la potente tendencia deflacionaria que se ha instalado en la Eurozona, lo que permitiría contener cualquier presión especulativa sobre la deuda adicional que se ponga en circulación. Pero en todo caso el instituto emisor debiera considerar medidas adicionales no ensayadas hasta el momento, como la puesta en marcha de transferencias directas los hogares. Todo ello sin olvidar que las líneas de crédito sin condicionalidad del Mecanismo Europeo de Estabilidad se encuentran sin utilizar por los estados más afectados por la pandemia.

Urge, por tanto, poner rápidamente en funcionamiento del Plan de Recuperación para Europa, propuesto en primavera por Pedro Sánchez, y que, con sus 750.000 millones de euros, fue acordado políticamente por el Consejo Europeo (formado por los jefes de estado y de gobierno) el 21 de julio, bajo el impulso de la Comisión y la Eurocámara. Ello requiere la aprobación por el Parlamento Europeo del proyecto de presupuesto plurianual de la Unión para el período 2021-2027, el cual es, en la propuesta de los Veintisiete, 9.000 millones de euros inferior, en sus partidas ordinarias, al del período 2014-2020. No es éste un detalle menor, pues todavía hoy ciudadanos y analistas más o menos informados creen que la Unión es un ente puramente intergubernamental, es decir, controlado a todos los efectos por los ejecutivos nacionales, y, por tanto, poco democrático. Pero esta visión no se sostiene realmente, ya que los Tratados atribuyen al Parlamento Europeo (elegido por la ciudadanía) nada menos que la potestad de rechazar el proyecto de presupuesto de la Unión, lo que le confiere una importante fuerza negociadora frente al Consejo (compuesto por los ministros nacionales de finanzas).

Si bien la Eurocámara apoya plenamente la emisión de deuda comunitaria para financiar inversiones en los estados y sectores más afectados por la pandemia, hasta seis grupos parlamentarios, desde los ultraconservadores a los comunistas, pasando por democristianos, liberales, socialistas, y verdes, no comparten que el Plan salga adelante a costa de un presupuesto ordinario más reducido, particularmente con recortes sobre lo planteado por la Comisión en programas tan estratégicos como el de salud o el de investigación, especialmente en tiempos de pandemia, pero también en otros tan importantes como Erasmus+, la garantía infantil, Europa creativa (el que financia la cultura, uno de los sectores más afectados por los confinamientos y los cierres de actividad), el fondo de transición ecológica justa, para las regiones que deben abandonar las energías fósiles, la cooperación al desarrollo, o el Fondo Europeo de Defensa. En total, el Parlamento Europeo reclama 39.000 millones de euros adicionales para todas estas partidas. Además, exige un calendario jurídicamente vinculante para la introducción de los nuevos gravámenes paneuropeos con capacidad de amortizar en su totalidad la emisión de deuda, tales como el impuesto a la facturación de las plataformas digitales, al carbono en frontera, o a las transacciones financieras. Respecto de este último, mi Grupo, el de los Socialistas y Demócratas, exige que se establezca no más tarde de 2024, lo que podría aportar hasta 50.000 millones de euros por año. A estos nuevos recursos financieros podría agregarse también los beneficios generados por el Eurosistema, formado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de la zona euro. Por último, la Eurocámara quiere que no accedan a los fondos europeos aquellos gobiernos que no respeten el estado de derecho y los valores fundamentales de la Unión.

Las negociaciones sobre estos tres puntos (refuerzo de los programas estratégicos, introducción de los gravámenes paneuropeos, y condicionalidad del desembolso) entre el Parlamento y el Consejo, avanzan, pero lentamente. En el primer capítulo la Comisión propone captar dinero adicional proveniente de las multas impuestas a los Estados, y de partidas no utilizadas, por valor de hasta 15.000 millones, lo que el Parlamento acepta, pero cuyo montante no es suficiente para cubrir el incremento total que se reclama, ni siquiera la mitad. En cuanto a los nuevos impuestos, el Consejo está dispuesto a incluir en un acuerdo interinstitucional el calendario para su introducción, pero no acepta por ahora incluir en el mismo la tasa a las transacciones financieras a los efectos de esta legislatura. Y en lo referente al desembolso de los fondos, el Consejo asume que la condicionalidad no puede limitarse a los casos de fraude, pero queda por definir en qué otras circunstancias relacionadas con el respeto al imperio de la ley puede suspenderse el acceso a la financiación europea, y porqué tipo de mayoría se adopta, en su caso, esta decisión. En conjunto, no se trata de cuestiones insalvables, por lo que pueden resolverse en las próximas semanas, si bien una solución especialmente ambiciosa en el campo de la condicionalidad por el estado de derecho podría llevar al gobierno húngaro a bloquear en su parlamento nacional la aprobación de los ingresos del presupuesto comunitario, y en consecuencia paralizar el Plan de Recuperación. Esto es así porque en los Tratados actuales, el Consejo debe aprobar por unanimidad los recursos financieros que alimentan el presupuesto de la Unión, lo que a su vez ha de ser ratificado por los veintisiete parlamentos nacionales. Por lo que cualquier estado miembro dispone de un veto con el que secuestrar todo el paquete. En cambio, el Parlamento Europeo no participa de esta decisión tan fundamental, más allá de ser consultado, lo que supone una grave anomalía democrática que es preciso solventar, mediante la oportuna reforma del marco constitucional europeo.

Con carácter general, siempre sucede en Europa que el Parlamento quiere gastar e invertir más, globalmente, que el Consejo, aparte diferencias en el peso específico de cada uno de los programas. Además, la Eurocámara lleva luchando al menos desde 2013 para que se amplíen los recursos financieros del presupuesto más allá de las contribuciones nacionales directas, es decir, creando impuestos o fuentes de carácter transnacional. Se dotaría así de mayor autonomía financiera a la Unión, además de evitarse las negociaciones a cara de perro en el Consejo en las que todos los gobiernos buscan pagar poco al presupuesto y recibir mucho de éste, y presentar tal juego como una victoria antes sus opiniones públicas, sin entender el valor agregado que el presupuesto aporta a todos los europeos mediante la financiación de bienes públicos transnacionales.

Por otro lado, por razones institucionales, el Parlamento no puede aceptar sin más la propuesta del Consejo Europeo del 21 de julio, so pena de convertirse en un mero notario de los gobiernos, en detrimento de la democracia europea. El Consejo no puede pretender que el citado acuerdo se asuma como un paquete cerrado y definitivo, aunque costara cuatro días alcanzarlo, sino que se trata de una propuesta que hay que negociar con los eurodiputados. Tanto los Estados como el Parlamento comparten la responsabilidad de acercar sus posiciones sin demorar en exceso el proceso negociador. Máxime teniendo en cuenta que la demanda esperada de los inversores por los nuevos bonos de la Unión es más de diez veces superior a la oferta, y que éstos se emitirán con un tipo de interés muy reducido.

Se trata de pues de una oportunidad única para consolidar, con carácter permanente, este nuevo instrumento financiero, de modo que, si como parece, las circunstancias empeoran, será posible ampliar el volumen del Plan, además de reforzar el euro como moneda internacional de reserva. Por todo ello, es imprescindible evitar cualquier bloqueo institucional, ya que, entre asumir el programa máximo del Parlamento, y dejar incólume el paquete del 21 de julio, hay un amplio margen para un buen acuerdo. De lo contrario, ante un eventual fracaso, la ciudadanía se lo reprocharía no solo a la Eurocámara, sino también y sobre todo a sus gobiernos. Pues éstos capitalizaron, para bien y para mal, el acuerdo político en torno al Plan de Recuperación, del que en efecto se deriva una promesa de unión financiera y fiscal de carácter federal, que no podemos dejar incumplida, so pena de paralizar la ejecución de los planes nacionales y sus correspondientes proyectos de futuro, fundamentales para generar nuevos puestos de trabajo y transformar el modelo productivo.

Una vez solventado este importante expediente, la atención de las instituciones se centrará en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que deberá reflexionar sobre cómo forjar una unión política que constitucionalice esta emisión mancomunada de deuda y los nuevos tributos comunitarios que se acuerden por el Consejo a efectos de su amortización. También en este asunto es preciso que los Veintisiete clarifiquen su posición en cuanto a la elección de la personalidad que debe presidir dicho foro, habiendo apostado el Parlamento por el eurodiputado y ex primer ministro liberal belga Guy Verhofstatd, de acreditada trayectoria y compromiso europeístas. De lo contrario no será posible que dé comienzo este novedoso ejercicio de reflexión conjunta entre las instituciones y la sociedad civil sobre la Europa del porvenir.

Entretanto sigue la incertidumbre respecto de la negociación entre la Unión y el Reino Unido en torno al tratado que debe regular la relación futura. Ante la intransigencia de Boris Johnson, dispuesto a violar incluso el Tratado de Retirada y su Declaración Política aneja, y tras haberse negado a prorrogar el plazo de transición, no cabe más que la firmeza. No puede la Unión dejarse chantajear para aceptar deprisa y corriendo un mal acuerdo que permita al Reino Unido cebar a sus empresas con ayudas de estado para que compitan deslealmente en el seno de nuestro mercado interior. 

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