La semana pasada recordé uno de los mejores discursos políticos que he escuchado nunca. Fue en el acto central de Compromís de la campaña de las autonómicas de 2011. “Un Gobierno sin corazón”, fue el hilo conductor del discurso de Mónica Oltra, ahora vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, en el que denunciaba la dureza de los recortes sociales del PP que acompañaron los años de la anterior crisis. Lamentablemente, la “Ordenanza de la Vergüenza” que acaba de desempolvar el Bipartito me lo ha hecho recordar.
Ahora, estamos inmersos en una nueva crisis, provocada por una pandemia que vuelve a mostrarnos su cara más temible, con una alarmante subida de la incidencia que obliga a tomar medidas muy restrictivas. Y en este escenario complicado y excepcional, a la derecha lo único que se le ocurre es el despropósito de sacar una remozada versión de la Ordenanza de la Vergüenza del gobierno de Castedo. Sin duda, las formas y las políticas de ese PP, a falta de relato y proyecto propio de Barcala, están volviendo.
A un gobierno sin corazón es al único que se le ocurre en plena pandemia hacer política contra las personas más vulnerables. Desde la aporofobia y la demagogia de mostrar mano dura contra quienes es imposible que puedan protestar o alzar su voz. Ya nos habría gustado que usasen esa firmeza ante los que en estos días se sientan en el juzgado y dominaban la ciudad a sus anchas. Pero en esa época el PP o bien les ponía alfombra roja a sus pies o bien miraba hacia otro lado, al tiempo que iba imponiendo recortes sociales que castigaban a los que más necesitan unos servicios públicos potentes.
Y ahora, vuelven a las andadas, y lo hacen en nombre del programa electoral del PP o de la lucha contra las mafias, pero lanzar en estos momentos la Ordenanza de la Vergüenza es injusto, inútil e inoportuno, tal y como desgranamos Compromís en el Decálogo de razones que presentamos la semana pasada para exigir, junto con muchas otras voces de esta ciudad, la retirada de este proyecto de ordenanza.
Es injusto porque equipara a explotadores y explotados, porque señala culpables, en momentos donde la sociedad se encuentra enfadada y frustrada por una crisis sanitaria a la que no vemos final, y porque no aporta programas sociales que busquen soluciones y respuestas a la exclusión social.
Es inútil porque a nadie se le escapa que pretender solucionar con multas problemas sociales y de convivencia en el espacio público de la ciudad es profundamente estéril. Hay que luchar contra las mafias, contra los explotadores de la exclusión, sin tener que machacar más a las mujeres y hombres que son explotadas.
Y es inoportuna porque en un contexto donde se pueden y se tienen que hacer tantas cosas desde las administraciones, como por ejemplo el Plan de Inclusión Social, resulta imperdonable pretender sacar adelante medidas que atacan a las personas más vulnerables. Y más pensando en un Bipartito que no es capaz de sacar adelante proyectos o inversiones o tiene en situación irregular buena parte de las grandes contratas municipales.
Únicamente se puede entender este disparate si es para conseguir mayorías en el Pleno, reforzando las complicidades con VOX, puede explicar el tomar medidas duras en materia social. El “hasta aquí hemos llegado” de Casado, no ha llegado a Alicante. Y Ciudadanos sigue instalado en un silencio que habla de debilidad, incapacidad y ausencia de línea política, no tienen nada que decir o aportar a la ciudad de Alicante.
Son momentos de empatía, de sensibilidad, de miradas generales lo más alejadas posible del partidismo y de pensar que cuando las cosas vienen mal dadas los que peor lo pasan son los que peor están, las personas frágiles, más vulnerables, más excluidas de la sociedad. Por eso pedimos a Barcala que reflexione y recapacite, que atienda a las voces de las entidades que trabajan en el ámbito de la exclusión y no pase a la historia por liderar un gobierno sin corazón.
Seguir adelante con esta ordenanza solo es posible desde la crueldad y la falta de sensibilidad más absoluta. Solo es posible con un gobierno sin corazón. Barcala debe reencontrar la sensatez y parar lo que sería un error irreparable en su gestión municipal. Un error que Compromís, junto con el conjunto de las fuerzas progresistas, derogaríamos a la primera ocasión que tuviéramos, como ya hicimos con la anterior del PP de Castedo, en el año 2015. Pero no lleguemos ahí, multipliquemos nuestra presión y oposición a una ordenanza improcedente en unos tiempos donde la ampliación de la exclusión social necesita respuestas, estrategias, esfuerzos, voluntades, programas y soluciones, pero no culpabilizar a los desheredados del mundo.
