“Los incendios de Irún, Guernica o Málaga
son como quema de rastrojos para dejar
abonada la tierra de la cosecha nueva”
José María Pemán (1937)
La retirada, casi con nocturnidad y sin previo aviso, de la placa dedicada a Francisco Largo Caballero de la fachada del edificio donde vivió en Madrid, así como la decisión del cambio de los nombres de las calles dedicadas a Largo Caballero e Indalecio Prieto después de que las formaciones PP y Ciudadanos apoyaran la iniciativa de VOX presentada y debatida en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, ha supuesto un paso más en la línea de confrontación total con reminiscencias franquistas que la formación VOX lleva a cabo en todas las administraciones que puede con el deseo de obtener un incremento en su rendimiento electoral. A esta táctica se han incorporado el PP y Ciudadanos presas de la ola de rabia e intransigencia que se ha instalado en los sectores más derechizados de la sociedad española.
Con esta iniciativa con claros aires de revancha pretende el partido político VOX situar en un mismo plano a políticos de izquierda y de centro-izquierda que defendieron, con mayor o menor fortuna, la legalidad republicana del Estado de derecho existente en 1936, con aquellos que no sólo truncaron una democracia si no que sobre todo lo hicieron aplicando, desde el primer momento, una política de tierra quemada y de asesinatos masivos. La Ley de Memoria Histórica, por mucho que los sectores más reaccionarios de nuestro país se empeñen en asegurar lo contrario, se aprobó para hacer justicia democrática y para defender el buen nombre y la honradez de aquellas personas que dieron su vida defendiendo una idea justa, es decir, la libertad, la justicia social y la democracia, pero también a los que fueron asesinados y sus cuerpos enterrados en cualquier descampado con independencia del bando en el que luchasen.
Durante la dictadura las víctimas del bando franquista - y los que lucharon bajo la dirección de Franco - fueron homenajeadas y recompensadas, ellos o sus familiares, con puestos de trabajo en la administración del Estado, premiados con la titularidad de estancos y beneficiados con la entrega de los inmuebles, tierras o dinero apropiado a los integrantes del bando republicano en un proceso que se mantuvo durante los casi cuarenta años de duración de la dictadura. Tampoco hay que olvidar la colaboración de la Iglesia católica desde el primer minuto con el golpe de Estado de 1936 y con una larga dictadura que supuso que los obispos y sacerdotes católicos mirasen para otro lado con la puesta en práctica de una auténtica limpieza étnica que el ejército de Franco y los falangistas llevaron a cabo en cada ciudad y pueblo que conquistaron, cuando no participaron activamente en las detenciones delatando a todo aquel contrario al tradicional orden social. La llamada a participar en una nueva Cruzada para devolver a la Iglesia católica el papel de protagonista de la vida de los españoles fue reiterada durante toda la guerra civil. Para ello creó el mito falso de que la República y los asesinatos de sacerdotes en el verano de 1936 estaban unidos.
Pretender situar en un mismo nivel a políticos que provenientes de la legalidad republicana tuvieron que enfrentarse como pudieron a un golpe de Estado y al caos del inicio de la guerra con generales franquistas que afirmaban con total naturalidad que no iban a dejar vivo a ningún simpatizante republicano resulta un grave insulto a la inteligencia de cualquier persona. Pero es que además hay que tener en cuenta que los asesinatos de sacerdotes y de simpatizantes franquistas se cometieron al principio de la guerra (no durante toda ella) por extremistas fuera del control del Estado republicano que durante los primeros meses de la guerra no logró hacerse con la nueva situación creada por los militares golpistas. Es decir, si aquellos que propugnaban por un orden social concreto no hubiesen roto el orden legal existente mediante la utilización de la violencia y la muerte no se hubiese dado pie al ejercicio de la violencia en el bando contrario al no haberse producido una guerra civil.
No debe ser fácil tener en la conciencia la certeza de que aquel mismo abuelo que te sentaba en sus rodillas para jugar los domingos por la tarde se aprovechó después de la guerra de los vencidos, quedándose con sus posesiones, sus casas o sus plazas de profesores y médicos. Pero pretender esconder lo ocurrido, pretender que se olvide que la mitad de España esclavizó a la otra mitad es ridículo y algo imposible. Pueden estar tranquilos los herederos de los franquistas más acérrimos. Nadie va a venir a reclamar en nombre de republicanos asesinados hace 85 años los bienes robados pero lo que no pueden pretender es que se olvide de la historia de España a aquellos que defendieron la libertad, la democracia y la justicia social, aunque para ello tuviesen que perder la vida.
