Recuerdo una máxima en Ciencia Política que afirma que una mera ley u ordenanza, en este caso, contra la mendicidad y la prostitución, no garantiza su cumplimiento. La corporación alicantina dispone de herramientas para garantizar hacia las conductas incívicas, desde la sanción económica hasta el uso de la fuerza, es claro para mí, como también lo debiera de ser que, han de tomarse estos recursos extraordinarios para casos excepcionales porque algo que no va a ser efectivo está llamado al fracaso. Y combatir de esa manera la exclusión social es un fracaso que parte desde las decisiones de las concejalías municipales.
Mucho tenemos que aprender de cómo adecuar la resolución de un problema social. Mientras en otros países las ciencias del comportamiento forman parte de los procesos de toma de decisiones a través de los BIT (Behavorial Insight Teams), aquí la mayoría de las decisiones técnicas que luego políticas sobre la manera de actuar hacia los más desfavorecidos, han dejado de lado las ciencias del comportamiento y a sus trabajadores.
El posicionamiento de las entidades sociales de esta ciudad no ven oportuna ni positiva la puesta en marcha de dicha ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, no ha impedido su aprobación. Ni están de acuerdo con su contenido ni con el procedimiento de formulación. En un momento en el que se les ha pedido colaboración a las entidades para realizar propuestas, prestar apoyos, etc. en la redacción y elaboración del PLAN DE INCLUSIÓN de la ciudad, y proponen la aprobación de una ordenanza que afecta directamente a personas y colectivos con los que se trabajan y a los que acompañan muchas de las organizaciones sociales de Alicante...pero ¿se les ha preguntado? La respuesta es, NO.
La ciudadanía debe de saber de esa cierta sensación de intento de "lavado" de la propia ordenanza. ¿Multas simbólicas?, no. Estas están bien desglosadas, desarrolladas y concretas, y su concreción permite sean ejecutadas con lo que ello implica. Coincido también en "exagerado" y lenguaje "no propio" de un personaje público, político representante de todos los ciudadanos (incluidos/as mendigos/as, prostitutas.....) "lo que más les ocupa y les preocupa es la situación de la pobreza que campa a su aire por la capital y barrios de Alicante sin hacer ningún caso de las normas de convivencia, alborotando y haciendo daño en nuestra sociedad”. Esa postura e idea básica la considero desacertada. Y en caso de que en algún lugar, de forma puntual, una persona (no necesariamente "mendiga" ni "pobre"), provoque un alboroto, no lo va a evitar esta ordenanza. Un plan de inclusión debe incluir medidas de apoyo, proveer recursos para fomentar educación y civismo, y desarrollar un sistema punitivo que lo que suele fomentar es el "si no me ven actúo, y si me ven me comporto" no ayuda, salvo que tengas ojos en cada esquina, y la gente se acostumbre y convierta en hábito el cumplir con las normas de convivencia y una conducta ciudadana responsable.
Además, considero que algunos artículos de la misma, se prestan a subjetividad e interpretación, y no quedan claro ni su objetivo ni el modo de proceder que se pretende.
En lo que respecta y afecta a la prostitución, es claro que se continúa persiguiendo a quien ejerce, sin profundizar en las causas y motivos que detrás empujan a hacerlo, ni abordar "qué pasa" con el consumidor y/o "con quien" hace negocio o extorsiona.
Me parece desmesurada la sensación que tramite el gobierno municipal en cuanto a esa pobreza que va por los barrios alborotando y haciendo daño porque creo que es una afirmación, por parte de la administración, fuera de la realidad, acusatoria y que generaliza algunas conductas que se puedan estar produciendo por una minoría y que pone a las personas que en Alicante están en una situación de empobrecimiento en una situación de ser diana de una sociedad que se queda con lo anecdótico.
Creo que no hay voluntad política de actuar desde la ayuda a acompañar a las personas que se encuentran en estas situaciones y esta ordenanza es una prueba clara. Las sanciones no son anecdóticas ni simbólicas, la ordenanza es muy clara y a una gran mayoría de las personas a las que acompañamos desde distintas entidades les va a afectar.
Se trata de ayudar y no de criminalizar, si hay medidas alternativas a las sanciones no aparecen en ningún sitio, si se quiere acabar con la pobreza, este, desde luego, no es el camino.
No necesitamos una ordenanza que regule los actos vandálicos ya que eso ya está recogido en otros apartados de la ley. Las mafias ya están recogidas en el código penal y así podíamos seguir tal vez con cada apartado de esta ordenanza. Se necesita de mucha más pedagogía, empatía y proximidad con los que realmente sí compartimos los momentos de dificultad con los más desfavorecidos de nuestra sociedad.
