Polonia es uno de los países europeos con una de las leyes sobre el aborto más restrictivas. Actualmente está permitido el aborto en caso de que el embarazo sea resultado de una violación o incesto, si la vida de la mujer está en peligro o en casos de malformación fetal grave o letal. Incluso en estos casos permitidos por ley, las mujeres y las niñas tienen enormes dificultades para acceder al aborto seguro debido a barreras administrativas. El Tribunal Constitucional de Polonia acaba de prohibir a las mujeres abortar en caso de malformación del feto, uno de los tres supuestos por los que se realizaban hasta ahora abortos legales en este país. Esta persecución se suma a la que viene siendo sometida la población LGTBIQ, con la declaración de “territorios libres de ideología LGTBIQ”. La salud y los derechos sexuales y reproductivos están reconocidos como Derechos Humanos y no pueden separarse del ejercicio del derecho fundamental a la salud, la consecución de la igualdad y la eliminación de la violencia de género. Dificultar o restringir el acceso a estos derechos es una forma de violación de los derechos de las mujeres y las niñas, y es una forma de violencia hacia ellas, en línea con lo que ya expresa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Está ampliamente demostrado que las restricciones legales al aborto no reducen su número, sino que obligan a las mujeres a arriesgar su vida y su salud para abortar en condiciones de riesgo. Por tanto, lo que está ocurriendo en Polonia supone un grave retroceso de los derechos y libertades de las mujeres en lo que se refiere a su derecho a decidir y al control de sus cuerpos.
Polonia está poniendo todo tipo de trabas a cualquier avance de los derechos de las mujeres dentro del Consejo de Europa. Una muestra fue su deseo de abandonar el Convenio de Estambul el pasado mes de julio. Tras el fallo, la presidenta del tribunal, Julia Przylebska, dijo que permitir los abortos por anomalías fetales legalizaba las “prácticas eugenésicas”. Las protestas no se han hecho esperar y las mujeres han tomado las calles. Algunos analistas opinan que las mujeres están siendo usadas como peones en los esfuerzos del partido en el gobierno para distraer al público de su manejo de la pandemia de coronavirus. Para los críticos, el partido cumple las órdenes de los líderes de la iglesia y de los grupos ultraconservadores de derecha. Y es que algunos países europeos sufren una involución y una regresión en lo que respecta a los derechos de las mujeres contribuyendo de esta manera a erosionar los derechos adquiridos y a poner en peligro la propia salud de las mujeres. Los gobiernos conservadores y neoliberales de la República Checa, Hungría o Polonia, por citar algunos ejemplos, están haciendo caso omiso de las directrices comunitarias contra la discriminación, el acoso sexual y la violencia doméstica debido, en parte, al auge de los partidos populistas de extrema derecha y a una ideología ultracatólica, para hacer retroceder los derechos reproductivos de las mujeres o la protección contra el acoso sexual con la finalidad de imponer una ideología misógina y patriarcal. El ataque a los derechos de las mujeres es un síntoma del retroceso del Estado de derecho, una regresión que en el marco de la Unión Europea no puede ser negociable ni tolerable.
El Parlamento Europeo ha expresado críticas ante la situación del Estado de derecho en Polonia en varias resoluciones aprobadas en los últimos años. En concreto, ha señalado preocupación en relación con el funcionamiento del sistema legislativo y electoral, la independencia del poder judicial y los derechos de los jueces y la protección de los derechos fundamentales; la Comisión de Derechos de las mujeres e igualdad de género ha alzado la voz en lo que respecta a la educación sexual integral, a la salud sexual y reproductiva y derechos en la materia, a la incitación al odio, la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica y el comportamiento intolerante respecto de las personas LGTBIQ. Cabe insistir que los retos relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos de los Estados miembros son retos europeos comunes. Para la UE, no es sólo una cuestión política y social, sino también una cuestión sanitaria. En la misma línea, la OMS reconoce la necesidad de un acceso universal a la salud sexual y reproductiva como parte integrante del derecho de la salud.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su Discurso sobre el estado de la Unión 2020 el pasado septiembre afirmaba: “las zonas libres de LGTBIQ son zonas sin humanidad. Y no tienen cabida en nuestra unión”. La igualdad de género se reconoce hoy como un valor europeo fundamental en sí y por sí mismo. Por ello, las mujeres europeas debemos tener los mismos derechos fundamentales en materia sexual y reproductiva, el derecho de elección, así como los servicios sanitarios, de contracepción y aborto.
Esta semana hemos conocido el anuncio por el que la UE se dota de un mecanismo para suspender los fondos comunitarios en caso de deriva antidemocrática; Polonia y Hungría podrían ser objeto de este “castigo” financiero. Es una noticia importante y constituye un hito para proteger a los y las europeas de futuras injerencias de corte autoritario. El sistema entrará en vigor con el nuevo marco presupuestario e incluye los 1,8 billones de euros más el fondo de recuperación. Para la eurodiputada socialista, Eider Gardiezabal, una de las negociadoras del acuerdo: “Europa es una comunidad de valores basada en la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los DDHH. Formar parte de la UE supone mantener un compromiso firme con la defensa de esos valores”. La salud de las mujeres y la dignidad humana son algunos de esos valores intrínsecos. Este acuerdo alcanzado para vincular el presupuesto de la Unión al cumplimiento del Estado de derecho puede ser un mecanismo efectivo y demostraría que el Estado de Derecho incluye y protege el estado en que se encuentran las mujeres.
