La gigantesca crisis sanitaria que atravesamos está dañando, a su vez, otros muchos espacios fundamentales para la vida, como sucede con los servicios sociales, en la medida en que atender a las personas vulnerables, proteger a los colectivos más frágiles y asegurar la convivencia se ha convertido en un enorme desafío en situaciones en las que el avance de la pobreza y la exclusión social son evidentes.
En momentos como los actuales, cuando más ayuda, intervención y soporte social se demanda, es también cuando más palpables se hacen los daños que ha causado un sistema social disperso y atomizado, con una privatización de parcelas importantes de la atención social -como sucede con las residencias de la tercera edad-, infrafinanciado y que sufre todavía el impacto de los recortes que los gobiernos de la derecha hicieron en el período de salvajes políticas de ajuste vividas durante la Gran Recesión, inmerso en una maraña normativa y que ve crecer de manera gigantesca las peticiones de ayuda e intervención desde la sociedad para dar respuesta a la emergencia social.
Es evidente que la crisis sanitaria ha generado también una enorme crisis social. No es casual, por ello, que todos los trabajadores de Servicios Sociales sean considerados como personal esencial en los estados de alarma decretados desde el Gobierno. Sin embargo, hacia estas políticas sociales tan esenciales no se están dirigiendo recursos con la misma intensidad con la que ha crecido la privación, la falta de sustento vital y la pobreza entre la ciudadanía, ni tampoco se están arbitrando cambios normativos urgentes para gestionar con agilidad los recursos que la sociedad necesita en contextos de alta vulnerabilidad como los que atravesamos. Se trataría de simplificar procedimientos, reducir burocracia y agilizar las respuestas ofrecidas para que lleguen antes a quien más las necesitan.
Sirva como ejemplo la regulación por decreto ley que podría llevar a cabo el Gobierno de las ayudas de urgencia social, individualizadas y no periódicas, que conceden los Servicios Sociales de los ayuntamientos, reconociendo su naturaleza jurídica específica como ayudas de urgencia, con las consiguientes garantías para su aplicación inmediata efectiva: disponibilidad de caja, fiscalidad del gasto a posteriori y crédito ampliable. Todo ello sin más requisitos que la prescripción motivada del profesional de referencia, algo que han reclamado diferentes colectivos profesionales.
Se trata de reconocer la capacidad profesional de los trabajadores sociales de referencia como requisito básico para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones sociales existentes, dejando trabajar a quien tiene la capacidad, la formación especializada y las competencias para ello. Al igual que nadie discute a los médicos su capacidad y profesionalidad para diagnosticar y tratar a sus pacientes, se debería facilitar a los trabajadores sociales que en momentos como éstos puedan llevar a cabo su importante labor para la que cuentan con una excelente preparación, que en no pocas ocasiones está por encima de los medios y recursos que las administraciones ponen en sus manos.
Y en la Comunitat Valenciana se añade, además, un horizonte repleto de incertidumbres de la mano de una política social errática y contradictoria. Nadie duda de la voluntad política para impulsar los servicios sociales y de un aumento significativo de recursos desde que Mónica Oltra asumió esta área en el Botànic, pero son demasiados los frentes abiertos en canal que, lejos de irse solucionando, van configurando una maraña de problemas enquistados en áreas esenciales de su Conselleria. Hasta el punto que se ha convertido en la que más quejas acapara ante el Síndic de Greuges con actitudes que, en demasiadas ocasiones, han rozado la desobediencia.
Junto a la preocupación por la extensión sin límite de los contagios de covid-19 en residencias de ancianos y la situación de muchas de ellas, la conselleria que dirige Mónica Oltra ha seguido impulsando el modelo privatizador que tanto criticó en su día, diseñado por los populares Rafael Blasco y Juan Cotino, sin crear un solo centro público. En materia de menores han sido tantos los sobresaltos y los graves sucesos que se han vivido en los centros de protección, muchos de los cuales han acabado ante la policía y los juzgados, que se necesita un profundo replanteamiento de todo el sistema de protección, tutela y acogida de menores en situación de vulnerabilidad extrema. Si bien se han puesto más recursos para hacer frente a la ley de la Dependencia, los retrasos y la acumulación de expedientes sin resolver sigue siendo preocupante, al tiempo que la Renta Valenciana de Inclusión choca con un sistema que pone en manos de los ayuntamientos buena parte de una gestión para la que no están preparados y carecen de medios, acabando los expedientes paralizados en València. Además, la dotación de las plantillas de profesionales sociales municipales está sometida a los ritmos presupuestarios anuales de la Generalitat, lo que lleva a una inestabilidad laboral de los equipos que durante meses no se pueden contratar, pendientes de que se aprueben y concedan los necesarios recursos. Y de discapacitados y enfermos mentales, los grandes olvidados, ya ni hablamos.
Demasiadas asignaturas pendientes cuando, precisamente, más debería avanzarse en impulsar unos servicios sociales imprescindibles para una sociedad que sufre.
