Una de las asignaturas que sigue teniendo pendiente la democracia española a pesar del tiempo transcurrido desde la reinstauración de la democracia a finales de los 70 es la de fijar, de manera definitiva, un modelo de educación que no sea modificado cada vez que en España se produce un cambio de Gobierno político. Las razones para que no se materialice un gran acuerdo social y político que otorgue una cierta estabilidad a la educación en España seguramente tiene varios motivos, pero a la hora de analizar y por tanto tratar de comprender la raíz del problema para personas que, como yo, tienen escasos conocimientos en la materia, debe comenzarse por hacer una valoración que englobe los aspectos visibles y los invisibles.
El principal punto de fricción que ha surgido con la ley Lomloe ha sido, como era de esperar, la posición del castellano en el plan de estudios de los alumnos en aquellas comunidades que tienen una lengua cooficial como es el caso de Cataluña o de la Comunidad Valenciana. No hace falta que recuerde la importancia que la Constitución Española otorga a estas lenguas cooficiales que ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional. Aunque algunos padres hayan obtenido sentencias favorables al deseo de que sus hijos estudien en castellano o que tengan un mayor número de clases en castellano y aunque la Generalitat de Cataluña haya puesto todas las trabas posibles al cumplimiento de estas sentencias (algo ilegal y reprobable en cualquier caso), la realidad es que gracias a la inversión lingüística el catalán o el euskera siguen teniendo presencia -mayor o menor- en Cataluña o País Vasco. Recuerdan los filólogos que, si no fuera por la inmersión lingüística, es decir, si no fueran estas lenguas cooficiales las vehiculares en las aulas, para el año 2050 se convertirían en lenguas muertas. Un reciente estudio hecho al respecto en la Comunidad Valenciana advierte que el 67% de la población usa el castellano como lengua principal y que en la ciudad de Valencia utiliza el valenciano sólo el 15%. Podrá gustar más o menos que un hijo estudie más asignaturas en valenciano que en castellano, pero argumentar que el castellano corre peligro en algunas zonas de España es una absoluta necedad.
Esta nueva ley de educación ha provocado la proliferación de noticias falsas que cuando se escuchan resulta sorprendente que alguien pueda creérselas. Un ejemplo de ello es la afirmación que se ha hecho desde las asociaciones de padres más reaccionarias asegurando que se pretenden cerrar las escuelas de educación especial. Algo falso. Esta ley pretende que aquellos padres que no pueden permitirse un centro especializado en niños y niñas con discapacidades puedan llevarlos a colegios públicos que tengan las instalaciones y profesores adecuados. Además, hay que recordar que un reciente informe del Comité sobre discapacidad de la ONU ha señalado que la política seguida por España de creación de centros especializados para la educación de discapacitados es contraria a la inclusión y discriminatoria. Poco menos que nos tachan de racistas. Si los niños y niñas crecen con compañeros con cualquier tipo de discapacidad interiorizarán desde pequeños la necesidad y la normalidad de integrar a todas las personas en un mismo modelo de convivencia y, por ejemplo, cuando esos mismos niños y niñas dirijan una empresa o su departamento de recursos humanos verán normal trabajar con personas con cualquier clase de discapacidad.
También se ha dicho que los profesores de colegios concertados verán peligrar sus puestos de trabajo. Otra falsedad. Como es lógico un gobierno socialdemócrata que cree en el Estado social y democrático de Derecho establecido por la Constitución Española potenciará la educación pública en detrimento de la privada o concertada. Pero eso no quiere decir que vaya a cerrar aulas ni a despedir a profesores cuyas nóminas, por cierto, paga el Estado y las comunidades autónomas. Lo que sí que se termina es con las cuotas “voluntarias” de los padres de los alumnos.
Pero lo que subyace realmente debajo del rechazo de la derecha española que volvió a manifestarse unida repitiendo la famosa foto de Colón es el espíritu de esta ley. La llamada ley Celaá pretende que los alumnos se formen en cultura de las religiones (lo que potenciaría el respeto mutuo entre diferentes órdenes religiosas), en valores éticos y morales como los Derechos Humanos y la protección de la infancia, en la historia de la Democracia (desde Grecia hasta hoy día), la igualdad de género, la defensa del planeta (medio ambiente) o la digitalización. Es decir, materias para una educación del siglo XXI que, para la derecha española, sin embargo, supone un claro ejemplo de adoctrinamiento de radicalismo de izquierda.
Y si nos adentramos aún más en el motivo de la estampida de los partidos políticos conservadores observaremos que lo que realmente molesta de esta ley es que pretende establecer un modelo de sociedad distinto al que tanto VOX como el PP preconizan. Me refiero a una sociedad dividida en dos clases diferenciadas u otra que pretende que las diferencias sociales, culturales y económicas disminuyan. Este es el quid de la cuestión.
