Los días 10 y 11 de diciembre de 2020 el Consejo Europeo tratará de que los gobiernos de Hungría y Polonia retiren su veto al presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para el período 2021-2027 (conocido como Marco Financiero Plurianual, MFP), y al sistema que fija los ingresos del mismo. La adopción de ambos actos requiere la unanimidad de los Veintisiete, y en el caso del segundo, además, otras tantas ratificaciones parlamentarias nacionales. Esta maniobra pone en riesgo el Plan de Recuperación para Europa, ya que la captación de deuda por valor de 750.000 millones de euros debía respaldarse con un aumento del techo de gasto del 1,2 actual al 2 por ciento del PIB comunitario. Los primeros ministros de estos países pretenden con esta maniobra eliminar la vinculación de la financiación europea al respeto a los valores y principios del Estado de derecho. Lo que es de todo punto inaceptable para la mayoría de los Estados, y, sobre todo, para el Parlamento Europeo, que no aprobará a su vez el MFP si el Consejo tratara de diluir de algún modo este mecanismo. Así las cosas, solo cabe imaginar, al objeto de obtener la unanimidad deseada, algún tipo de declaración interpretativa de esta condicionalidad presupuestaria por parte de la Comisión o el Consejo, que permitiera salvar la cara a Budapest y Varsovia, pero que no sería jurídicamente vinculante, o bien alguna concesión en otra materia.
Pero en realidad cabe también conseguir la retirada del veto si se muestra que es legalmente posible aprobar al menos el Plan de Recuperación aun prorrogándose el actual MFP. Como ya tuve ocasión de señalar en esta misma columna a propósito de las negociaciones con los llamados “frugales” en torno al Plan de Recuperación (INFORMACIÓN, sábado 6 de junio de 2020), y más recientemente en Sistema Digital (19 de noviembre) la emisión de deuda puede autorizarse por mayoría cualificada de acuerdo con el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento, siempre que su amortización pueda ser financiada dentro del actual techo de gasto (artículo 310.4), lo que requiere con seguridad bien una emisión a más largo plazo que la inicialmente prevista, bien aportar garantías nacionales complementarias. Por último, el Consejo también puede adoptar por mayoría el presupuesto anual de 2021, y los reglamentos de gasto, incluyendo el relativo al Plan de Recuperación. Tampoco cabe excluir, aunque es más lento y complejo institucionalmente, activar una cooperación reforzada por los Veinticinco para la puesta en marcha del mismo.
En todo caso, la Comisión Europea ya ha hecho saber el 2 de diciembre que se disponen de fórmulas alternativas en caso de que el veto persista, mayormente en la línea de explotar la capacidad de emitir deuda sin necesidad de contar con la unanimidad. Claro que, si la mera exposición de un “plan B” no es suficiente para que Orban y su homólogo polaco entren en razón, además de que se arriesgan a perder decenas de miles de millones de euros en financiación europea si el MFP no se aprueba, el Consejo debe ser capaz de llevar adelante lo que la Comisión proponga. Hay que tener en cuenta que la solución más arriba expuesta es legalmente viable pero políticamente explosiva, al acordar la mayor emisión de deuda europea de la historia con cargo al presupuesto comunitario, pero con el voto en contra de dos estados que contribuyen a ese mismo presupuesto. Cabe imaginar que este precedente no genera grandes entusiasmos en las cancillerías, no digamos ya las de los países como Holanda o Dinamarca. Al cabo, este paso sería en sí mismo una revolución institucional en clave federalista que alteraría profundamente las dinámicas europeas, particularmente en lo que respecta al uso, y sobre todo abuso, del veto. El recurso sistemático al bloqueo para conseguir contrapartidas injustificadas empieza a generar hartazgo en las propias instituciones, pero sobre todo en la opinión pública. Recordemos como gracias al veto los frugales consiguieron aumentar sus cheques (devoluciones sobre sus aportaciones al presupuesto comunitario) como condición para aprobar la emisión de deuda mancomunada. O como Chipre bloqueó durante dos meses la imposición de sanciones al régimen de Lukashenko, condicionando su apoyo a que se introdujeran a su vez sanciones a Turquía (al final se conformó con que Ankara retirara un barco de las aguas en disputa).
Los inmovilistas en Europa suelen decir que a la gente no le importa cómo funcionan las instituciones europeas, sino el empleo, la economía, o el medio ambiente. Es una frase que queda muy bien, pero es doblemente falaz. Por un lado, la imposibilidad de tomar decisiones fundamentales en materia financiera, presupuestaria, fiscal, o de política exterior, paraliza la adopción de medidas que redundan directamente en el bienestar de las personas. Por otro, la opinión pública es ahora plenamente consciente de que dos gobernantes con tendencias autoritarias están tratando de secuestrar un paquete por un montante global de 1,8 billones de euros, incluyendo 70.000 millones de euros para España provenientes del Plan de Recuperación, más las partidas de la cohesión, la agricultura, la investigación, etc. Por tanto, es de esperar que la superación de las unanimidades sea uno de los grandes temas de la futura Conferencia sobre el futuro de Europa, asunto que definirá el funcionamiento de la Unión en los próximos años.
Entretanto, el Banco Central Europeo (BCE) se apresta a ampliar sus medidas de expansión monetaria el mismo 10 de diciembre, con un aumento esperado del programa de compra de deuda pública de 500.000 millones de euros, lo que es absolutamente necesario, ante la espiral descendente de la inflación y el grave deterioro económico y social, acentuado por la segunda ola del coronavirus. Pero se mandaría una señal más clara con un incremento superior, del orden del billón de euros, y con la activación de otras herramientas no ensayadas hasta la fecha, como la compra de acciones o las transferencias directas a los hogares. En todo caso, mientras los líderes estarán intentando llegar a un acuerdo sobre la respuesta fiscal, la política monetaria del instituto emisor de Frankfurt seguirá sacando a los europeos las castañas del fuego, como ya hiciera con la crisis de la deuda de 2010-2011. Coda: el BCE no adopta sus decisiones por unanimidad.
