Hace 72 años, poco después del fin de la II Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un conjunto de 30 artículos que recoge los derechos que asisten a todas las personas por el simple hecho de serlo.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con dos pactos —el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales—, componen la Carta Internacional de Derechos Humanos que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y cumplir.
Un aspecto poco contemplado inicialmente en la definición de esos derechos es el relativo al impacto del cambio climático. Ni la situación era tan grave hace unas décadas, ni el conocimiento disponible era tan extenso, ni se había desarrollado una conciencia social tan relevante como la actual. Ahora, por el contrario, resulta evidente que el cambio climático está afectando ya a los derechos humanos, y que esa afectación va a intensificarse en los próximos años.
El impacto del cambio climático en nuestro medio natural tendrá efectos devastadores para la humanidad en el presente y el futuro, y eso es lo que lo convierte en una cuestión de derechos humanos urgente. Sabemos, además, que agravará y magnificará las desigualdades existentes, acarreando la ruina de generaciones actuales y futuras. Por eso, la falta de medidas de los gobiernos para abordar este grave problema, pese a las acuciantes pruebas científicas, podría ser la mayor violación de derechos humanos intergeneracional de la Historia.
El efecto devastador de la crisis climática repercute de forma dañina en nuestro derecho a la vida, a la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y los medios de vida, llegando a amenazar nuestra propia existencia.
Frente al derecho a la vida y a vivir en libertad y en condiciones de seguridad, los fenómenos meteorológicos extremos, como las tormentas, las inundaciones y los incendios forestales, representan una amenaza para la seguridad de miles de millones de personas en el planeta.
Frente al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el cambio climático aumenta el riesgo de lesiones, enfermedades y muertes por golpes de calor e incendios más intensos, aumenta el riesgo de desnutrición a consecuencia de la disminución de la producción de alimentos en las regiones pobres, e incrementa el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua.
Frente al derecho a una vivienda, las inundaciones, ciclones e incendios, ya están destruyendo las viviendas de muchas personas y obligándolas a desplazarse; y la elevación del nivel del mar amenaza los hogares de los millones de seres humanos de todo el mundo que viven en territorios a escasa altitud.
Frente al derecho al agua y al saneamiento, la fusión de la nieve y el hielo, la reducción de la pluviosidad, el aumento de las temperaturas y la elevación del nivel del mar afectan y seguirán afectando a la calidad y cantidad de los recursos hídricos, lo que agravará el problema del acceso a agua potable, del que actualmente carecen 1.100 millones de personas.
¿Quiénes tienen la responsabilidad de detener el cambio climático?
Toda la ciudadanía debería comprometerse con la solución de este problema, modificando los comportamientos individuales que contribuyen a agravarlo. Pero son particularmente responsables los estados y las empresas, por la fuerte incidencia de sus decisiones.
Los Estados deben tomar medidas ambiciosas para evitar o reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en el plazo más breve posible.
Las empresas deben evaluar los efectos adversos de sus actividades en la crisis climática y adoptar medidas para paliarlos, publicando sus conclusiones. Esta acción comprende como aspecto fundamental minimizar de forma inmediata las emisiones de gases de efecto invernadero que se derivan del uso de combustibles fósiles—lo que incluye un cambio de negocio a las energías renovables.
¿Qué está haciendo Amnistía Internacional frente al cambio climático?
Amnistía Internacional ha defendido los derechos humanos en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, ha contribuido a establecer unas normas de derechos humanos más enérgicas en relación con esta amenaza y, desde esa perspectiva, apoya el trabajo de los grupos ecologistas.
Dada la urgencia de la cuestión, estamos incrementando nuestro compromiso, mostrando, en primer lugar, cómo afecta el cambio climático a los derechos de las personas.
Amnistía trabajará en países clave para aumentar la presión sobre los gobiernos y las empresas que obstaculizan los avances. Amnistía apoyará a la gente joven sensibilizada y activa frente a esta emergencia, pero también a los pueblos indígenas, los sindicatos y las comunidades afectadas, exigiendo una transición rápida y justa a una economía de cero emisiones que no deje a nadie atrás.
