El 24 de diciembre de 2020, a solo una semana del final del llamado “período de transición”, por el cual el Reino Unido ha seguido en el mercado interior y en la unión aduanera a pesar de haber abandonado la UE el 31 de enero, se ha anunciado el acuerdo alcanzado sobre la relación futura entre ambas orillas del Canal de la Mancha. Habrá que leer con detalle el texto acordado, que puede llegar a sumar hasta dos mil páginas, pero por lo que ya se conoce, es evidente que Europa ha logrado asegurar sus prioridades. La gran preocupación de Bruselas era el inicio de una competencia desleal por parte de una Gran Bretaña con pleno acceso al mercado europeo. Al fin y al cabo, los partidarios del Brexit más duro consideraban que Londres debía recuperar una capacidad absoluta para aprobar cualquier ley, incluyendo normas menos ambiciosas en materia ambiental o laboral que las de la UE, o para otorgar todo tipo subvenciones a sus empresas. Pero eso sí, al mismo tiempo, aspiraban a una relación comercial sin ningún tipo de barrera arancelaria o cuantitativa.
Al final no habrá aranceles ni restricciones cuantitativas en unos intercambios por valor de casi un billón de euros, pero el acuerdo incluye una cláusula de control de la legislación, por lo que si la UE entiende que la nueva normativa se está utilizando para falsear la competencia, podrá acudir a un tribunal de arbitraje e imponer medidas penalizadoras. Por tanto, sí, Westminster podrá aprobar las leyes que le plazca, pero habrá un severo mecanismo de control que de hecho limitará cualquier tentación de convertir la isla en una suerte de paraíso regulatorio.
En cuanto al otro asunto que ha prolongado las negociaciones, el de la pesca, se ha resuelto con una reducción de capturas europeas en aguas británicas del 25 por ciento hasta 2026, fecha a partir del cual se tendrán que negociar año a año las cuotas en los caladeros respectivos. También aquí los británicos han tenido que dar su brazo a torcer, pues aspiraban nada menos que a una reducción inmediata de capturas por parte de las flotas europeas del 60 por ciento. Ciertamente, la pesca había alcanzado un estatus totémico, más allá de su peso específico en el PIB, pues para los “Brexiteros” nada simboliza más la soberanía, junto a “librarse” de las normas europeas, que excluir a los barcos extranjeros de sus aguas territoriales.
Eso sí, que no vaya a haber barreras arancelarias no significa mantener la actual fluidez comercial. Habrá controles aduaneros, administrativos y fiscales, que supondrán un coste burocrático importante. Además, el acuerdo se limita fundamentalmente al comercio de bienes, quedando fuera la mayor parte de los servicios, particularmente los financieros, de gran importancia para la economía británica, así como la cooperación en materia de seguridad y política exterior, ámbitos especialmente sensibles. El Reino Unido ha optado a su vez por quedarse fuera del programa Erasmus, por lo que tendrá que establecer un programa propio de becas para los jóvenes británicos que quieran estudiar en universidades europeas. Los turistas británicos podrán seguir viniendo a nuestra tierra como hasta ahora, pero visados o permisos de residencia podrían ser impuestos para estancias prolongadas.
Lo cierto es que habría sido posible alcanzar un acuerdo más ambicioso, con más tiempo, y sobre todo, con voluntad política por parte del gobierno británico. Pero Johnson se ha negado repetidamente a prolongar el período de transición, aunque lo ha tenido “a huevo” con la pandemia del coronavirus, incluyendo la aparición de una nueva variante en diciembre de 2020 que está causando estragos en Inglaterra, por su aparente mayor transmisibilidad. Eso sí, el cierre “sanitario” de la frontera a los viajeros y camioneros proveniente de la isla efectuado por Francia ha sido seguramente determinante en conseguir las últimas concesiones británicas y cerrar el acuerdo en términos favorables para Europa, pues ha mostrado un ejemplo real del caos al que Boris Johnson se enfrentaría el primer día del nuevo año sin un marco de relación con la Unión.
Cerrar el acuerdo sin la prórroga de la participación en el mercado interior y la unión aduanera a tan pocos días del final de la transición impide además una ordenada ratificación parlamentaria del mismo antes de su entrada en vigor, tanto en la Cámara de los Comunes como en el Parlamento Europeo, en el segundo caso una vez que los Veintisiete den su conformidad. Por suerte, es posible activar la aplicación provisional del nuevo Tratado, salvaguardando lo más importante, la seguridad jurídica a fecha del 1 de enero de 2021. Tiempo tendremos en la Eurocámara de estudiar a fondo este extenso y complejo acuerdo en los primeros meses del nuevo ejercicio antes de dar nuestro consentimiento, pues haberlo hecho aprisa y corriendo en los últimos días del año hubiera sido una operación fútil y carente de toda credibilidad.
De estos cuatro años y medio de Brexit se pueden extraer varias conclusiones. Sin duda, no hay acuerdo imaginable que sea mejor que la pertenencia plena a la Unión Europea, verdadero trampolín para actuar en un mundo globalizado e interdependiente, donde lo que importa no es la soberanía legal o formal, sino la real, la que te permite verdaderamente influir y proyectar poder fuera de nuestras fronteras. Por eso, en la Unión hemos compartido nuestras soberanías nacionales, conformando una soberanía europea en multitud de políticas con proyección exterior, desde el comercio al medio ambiente, y que debe sin duda profundizarse en los campos tecnológicos (incluyendo la inteligencia artificial), la seguridad y la defensa, o las relaciones exteriores de carácter geopolítico.
También se ha mantenido incólume la unidad de los Veintisiete en toda la negociación, que ha incluido dos acuerdos, el de retirada y el de la nueva relación comercial, frente a los variados intentos de división promovidos por Londres. Pero sobre todo, la experiencia del Brexit no ha sido el triunfo del nacionalpopulismo eurófobo sobre el europeísmo que muchos pronosticaron, sino al contrario, ésta ha cohesionado a la ciudadanía, a los estados, y a las instituciones en torno al proyecto común. Las elecciones parlamentarias de mayo de 2019, ganadas claramente por las fuerzas políticas pro-europeas, la constitución de la Comisión Von der Leyen, y la respuesta a la pandemia, con la compra conjunta de las vacunas y el Plan de Recuperación (financiado mediante la emisión de deuda mancomunada por la Unión), han venido a confirmar esta impresión.
De ahí que la presidenta dijera el día de Nochebuena al anunciar el acuerdo, que “Europa mira ahora al futuro”. Y en efecto, lamentado la marcha británica, cierto es que esta nación carece del necesario y suficiente consenso social en favor de la pertenencia a un proyecto de integración, que es sobre todo de naturaleza política, y que al mismo tiempo se abre una oportunidad para relanzar la vocación federal de Europa, ya anunciada en la propia Declaración Schuman de 1950.
El cierre del capítulo del Brexit llega pocos días después de que el Consejo Europeo, reunido los días 10 y 11 de diciembre, lograra superar el último obstáculo para el despliegue del Plan de recuperación, al retirarse el veto húngaro-polaco al presupuesto multianual. Que esto se haya conseguido mediante una clara extralimitación de la institución que reúne a los jefes de estado y de gobierno, ordenando a la Comisión que el reglamento que condiciona el desembolso de la financiación europea al respeto al Estado de Derecho, no se aplique hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia ante un eventual recurso, supone una clara violación de los artículos 15 (prohibición a la Comisión de recibir instrucciones de otras instituciones), y 17 (función no legislativa del Consejo Europeo), ante lo que el Parlamento Europeo deberá tomar las medidas oportunas. También la Conferencia sobre el Futuro de Europa tendrá que examinar como reconducir los excesos intergubernamentales que se observan desde la crisis del euro.
Está bien, señora Merkel, salvar a Europa, pero no a costa de enterrar el método comunitario.
