Mucho se espera del año 2021 en muchos sentidos. Desde el punto de vista sanitario, la finalización de la pesadilla de la pandemia del coronavirus. Sobre todo, para relanzar la economía, parar de una vez la mortalidad que ha acosado a nuestro país y a todo el mundo, y la recuperación psicológica de todos los ciudadanos, al haber tenido el virus un efecto, no solamente económico o sanitario, sino, también, un mazazo psicológico en todas las personas que han visto cambiar su metodología y nos ha obligado a vivir con unos cambios y condicionantes que nunca hubiéramos pensado vivir, y que cuando veíamos reflejado en las películas de ciencia ficción pensábamos en la imaginación que tienen los guionistas de las películas de cine o televisión.
Por otro lado, la foto de la vacuna el pasado 27 de diciembre también estamos seguros de que se producirá un efecto importante, al comprobar y ver una luz al final del túnel. Pero no solamente la vacuna sanitaria contra el coronavirus resulta importante en este año 2021, sino que también es preciso vacunarnos en muchas cuestiones que hay que resolver para relanzarnos de nuevo en la búsqueda de un auténtico Estado del bienestar que a todos pueda contentar, aunque esto siempre sea difícil.
Desde el punto de vista de las reformas legales necesarias es preciso contrarrestar muchos defectos de funcionamiento en muchos sectores del ordenamiento jurídico. Y ello, para dar salida y solución a los problemas de la justicia y los de contenido jurídico.
Por ejemplo, existe una gran esperanza de que la reforma de la Ley de enjuiciamiento Criminal pueda evitar retrasos en la resolución de los casos y contar con una justicia penal más tecnologizada que tome nota del estado de necesidad que ha creado el virus a la hora de introducir la justicia digital y los juicios telemáticos, muchas veces olvidados y ahora reclamados por la llegada de la pandemia. El texto que se ha presentado como anteproyecto es un primer paso que deberá ser complementado con muchas reformas que es preciso completar hasta que su aprobación final por el Parlamento pueda llevar a ver la luz del BOE, pero se precisan muchos cambios en ese texto que introduzcan mejoras en el uso más optimizado de la tecnología y que adecúe el derecho probatorio en el proceso penal a una realidad actual que nos permita dar un salto cualitativo a la hora de que las partes de un proceso pueden aportar medios probatorios con el uso de la tecnología. Porque la pandemia no se debe contemplar como algo transitorio en el que la prueba tecnológica, los juicios telemáticos y la videoconferencia se puedan utilizar solamente de forma coyuntural, sino que el virus nos tiene que demostrar todo lo mal que estábamos haciendo las cosas y todo lo bien podríamos hacerlas. Por ello son muchos los cambios que es preciso introducir en ese texto para potenciar mejor el derecho de defensa y ampliar más aún el ámbito de protección de las víctimas del delito muchas veces olvidadas y dejadas a su suerte.
Pero hay otras reformas legales urgentes como la de la ley de propiedad horizontal, porque durante la pandemia ha habido un auténtico olvido de las comunidades de propietarios, en donde, precisamente, hemos estado confinados todos los ciudadanos, y que, sin embargo, no ha habido una normativa específica que regulara la vida en la comunidad, cuando todo ha girado en torno a las restricciones de movilidad en nuestros inmuebles, pero, sin embargo, no se ha hecho una regulación específica de la vida en comunidad, cuando más del 90 % de los ciudadanos viven en ellas, y, sin embargo, seguimos con una ley de hace ya 60 años que exige aprobar un texto nuevo en base al documento que ya hace unos años presentó el Consejo General de colegios de administradores de fincas en el congreso nacional de Sevilla.
También es preciso potenciar la implantación del cumplimiento normativo en las empresas para mejorar temas de responsabilidad en las mismas para ser más productivos por la asunción de la idea de introducir y cumplir el compliance por parte de directivos y empleados, lo que mejorará la empresa española y todo lo que ella rodea, garantizando más los puestos de trabajo y una mayor competitividad del empresariado español.
Es preciso, también, crear el registro de expertos en cumplimiento normativo para contar con auténticos profesionales que controlen que se cumpla la ley y la ética en la empresa, y que pueden intervenir en los procesos judiciales cuando la ley se haya quebrantado y sea preciso contar con peritos expertos que evalúen si se ha respetado la normativa. Si lo conseguimos tendremos una empresa más competitiva.
Por ello, muchas demandas nos esperan de 2021 y muchos objetivos de urgencia para ser mejores y más competitivos.
