Casi la totalidad de los estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tienen un salario mínimo establecido por ley o negociado. Resulta difícil entender que la Unión Europea todavía este debatiendo exigir que los estados de la Unión establezcan un salario mínimo. A nivel mundial aproximadamente 327 millones de asalariados, un 19% del total, tienen una remuneración equivalente o inferior al salario mínimo por hora vigente. Estos son algunos de los datos del “Informe Mundial sobre salarios 2020-2021: los salarios y el salario mínimo en tiempos del COVID-19”, que ha publicado este mes la OIT.
En los cuatro años anteriores al COVID el crecimiento del salario en el mundo osciló entre 1,6 y 2,2%. Si tenemos solo en cuenta las economías del G-20 el crecimiento del salario real fluctuó entre 0,4 y el 0,9%. La pandemia ha presionado a la baja sobre los salarios, o cómo pérdida masiva de puestos de trabajo. Sin el pago de subsidios salariales (ERTE´s, desempleo, subsidio familiar, ingreso mínimo vital, etc..) los trabajadores habrían perdido el 6,5% de la masa salarial entre el primer y el segundo trimestre del 2020, y en el caso de las mujeres la pérdida habría llegado al 8,1%. La crisis afectó muy especialmente a los trabajadores con salarios más bajos. Gracias a los subsidios se ha compensado el 40% de la pérdida de masa salarial especialmente la de los trabajadores en puestos de trabajo con remuneraciones más bajas. Algunos países han aplicado el ajuste periódico del salario mínimo con miras ayudar a los trabajadores con baja remuneración; pero la crisis del covid-19 parece haber inducido a la mayoría de gobiernos a posponer un potencial ajuste en la revisión del salario mínimo.
La segunda parte de dicho estudio se refiere a la influencia que el establecimiento del salario mínimo tiene, o puede tener, para reducir la desigualdad de ingresos. Dependerá, dice, de tres factores: la “efectividad”; el nivel del al que se fija; y el perfil de quiénes lo perciben. Cuando habla de “efectividad” se refiere de la cobertura legal y el nivel de cumplimiento. Los grupos que con más frecuencia quedan excluidos de la cobertura de legal de los sistemas de salario mínimo son los trabajadores agrícolas y los del servicio doméstico.
En promedio la cuantía de los salarios mínimos se fija en un 55% de la mediana salarial en los países desarrollados y en un 67% de dicha mediana en las economías en desarrollo y emergentes. El valor de la mediana a nivel mundial equivale a 486 $, es decir la mitad de los países del mundo tiene un salario mínimo inferior y la otra mitad cuenta con un salario mínimo superior al umbral de pobreza-que se establece en el 60% de esa mediana-. Entre 2010 y 2019 dos tercios de los países vieron crecer su salario mínimo en términos reales y lo ajustaron por lo menos cada dos años. Entre los perceptores del salario mínimo predominan las mujeres, los trabajadores jóvenes (menores de 25), los de menor nivel de instrucción, y los trabajadores rurales. En muchos casos el salario mínimo reduce la brecha salarial de género y también entre estos grupos y otros mejor remunerados. El informe indica qué quiénes perciben el salario mínimo o menos tienes más probabilidades de trabajar con un contrato temporal, o a tiempo parcial, y además trabajan más horas que el promedio. Subraya que la mejora de la cobertura legal y el cumplimiento del salario mínimo, así como el aumento del nivel del mismo pueden reducir las desigualdades de ingresos, para ello ha de potenciarse la “efectividad”, reforzando la aplicación de la ley, formalizar los puestos de trabajo, o ampliar la cobertura jurídica y establecer niveles adecuados de salarios.
En el futuro la crisis de la covid-19 seguirá ejerciendo una enorme presión a la baja sobre los salarios. Son necesarios, recomienda, ajustes salariales adecuadamente equilibrados si se quiere mantener la demanda y evitar situaciones de deflación. El salario mínimo- negociado, o por ley- será más eficaz si va acompañado de otras medidas de política que fomenten la formalización de la economía informal, la creación de empleo asalariado, y el crecimiento de la productividad de las empresas sostenibles. El salario mínimo es solo uno de los elementos de un conjunto de políticas entre las que figuran prolongar los subsidios salariales, la protección social y políticas fiscales que pueden utilizarse para promover el crecimiento económico con justicia social.
