Las crisis tan profundas como la que atravesamos en estos momentos y como la que vivimos con anterioridad durante la Gran Recesión sirven para poner patas arriba muchos de los dogmas que se manejan con desparpajo, sin valorar sus certezas o tomar en consideración su validez. Desde poderosos sectores económicos y políticos se venía defendiendo con firmeza la necesidad de recortar el Estado y adelgazarlo a su mínima expresión, disminuyendo al máximo el gasto público y la intervención de sus distintas administraciones, reduciendo impuestos y presupuestos de todas las instituciones oficiales, limitando el déficit por encima de cualquier otra urgencia que pudiera tener la sociedad, sin importar el crecimiento de la pobreza, del paro o el cierre de empresas y comercios. Además, como vivimos y sufrimos durante la década perdida de la Gran Recesión, las políticas de austeridad expansivas eran -se decía y aplicaba con saña- las únicas posibles en escenarios de crisis, al tiempo que había que poner nuestra economía y nuestras instituciones en manos de otros organismos internacionales no democráticos, como el BCE (Banco Central Europeo) o el FMI (Fondo Monetario Internacional), para que fueran quienes dictaran nuestras políticas económicas y sociales.
Esta locura, lejos de sacarnos de la crisis, conteniendo el daño social y laboral, profundizó todavía más en ella, metiéndonos en un profundo agujero del que a duras penas conseguimos sacar cabeza, algo que todas las instituciones internacionales han reconocido unánimemente. Los años de crisis, miedos y recortes generalizados alimentaron un enorme hartazgo en los trabajadores y en los pobres, los grandes perdedores de todo un conjunto de políticas neoliberales que vienen impulsándose desde los años ochenta pero que se generalizaron a lo largo de la década de la Gran Recesión, desde el año 2008.
La precariedad, el temor y la incertidumbre se extendieron entre sociedades y países, al tiempo que avanzó una importante crisis institucional y de representación, generando el caldo de cultivo propicio para formaciones y políticos que han explotado los instintos más bajos de la población mediante el odio a los pobres, la mentira deliberada, el rechazo al débil, la xenofobia y el racismo, la deformación de la realidad, el insulto, la apelación a la violencia y la exhibición de un supremacismo por distintas vías. Los promotores de estas políticas enfermizas no han dudado en salpicar con calificativos denigrantes a todos aquellos que no se ajustaban a sus postulados ultras. Recordemos cómo, desde sectores del PP, Vox y Ciudadanos, calificaban como “mamandurrias” a las políticas de subvenciones, de “paguitas” a los subsidios, de “socialcomunistas” a quienes defendían el papel del Estado o de “estalinistas” a quienes destacaban el papel de los servicios públicos, por poner algunos ejemplos.
La pandemia ha dado una vuelta de tuerca a lo que conocíamos como crisis global en un escenario que, en muchos momentos, se ha aproximado al apocalipsis, con las personas confinadas en sus casas, sin posibilidad de salir más que para lo esencial, no pudiendo, siquiera, visitar o ayudar a nuestros seres queridos. Desde el primer momento se reclamó a los gobiernos que no repararan en gastos médicos y hospitalarios, que inyectaran todos los recursos necesarios en la sanidad y en otros servicios esenciales para cuidarnos y protegernos, que aceleraran la compra de vacunas y la inmunización a toda la sociedad. Los mercados, que en los años anteriores castigaban duramente el exceso de gasto público, aplaudían con importantes alzas las inyecciones de recursos que desde todos los países han tenido que ponerse sobre la mesa en forma de deuda pública, algo insólito.
Los cuestionados Estados, que se habían convertido en el centro de la crítica neoliberal y de políticos de derecha de todos los colores y partidos, eran reclamados para salvar vidas, parar la extensión del coronavirus y asegurar el funcionamiento esencial de la sociedad. Desde todos los sectores se pedían ayudas, subsidios, apoyos, financiación, subvenciones y protección de todo tipo y con carácter ilimitado. Pero quienes con mayor desprecio hablaban antes del daño que causaba el Estado y la necesidad de reducirlo al máximo, quienes han venido exigiendo y prometiendo rebajas fiscales ilimitadas como falso reclamo electoral, todos aquellos que calificaban con desprecio las ayudas y subvenciones que se han venido desplegando desde las administraciones públicas y a quienes las recibían, todos ellos han sido los primeros en exigir una lluvia de dinero ilimitada para ciudadanos, autónomos, pymes, empresas y grandes multinacionales.
La paradoja de estos tiempos es ver cómo, quienes más han defendido la desaparición del Estado y la eliminación de impuestos, son quienes con mayor énfasis e insistencia piden ahora más y más ayudas y subsidios. De hecho, podemos escuchar a partidos de la oposición que se califican de “liberales” y “ultraliberales” pedir, al mismo tiempo, extender la concesión de ERTE, subvenciones y financiación ilimitada e indiscriminada a todos los sectores económicos, mientras reclaman, a su vez, la reducción o eliminación de impuestos. Es como si se pidiera más y más leche de la vaca pero al mismo tiempo se reclamara dejar de alimentarla.
No, no han sido los mercados ni el beneficio privado quienes nos están cuidando en estos momentos tan cruciales, sino la búsqueda y defensa de un bien común que encarnan los Estados. Ojalá no olvidemos la lección.
