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Miguel Ángel Goberna

Miguel Ángel Goberna

Profesor emérito del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Alicante.

Un VAR para los exámenes

El VAR presenta grandes novedades.

El VAR presenta grandes novedades. EFE

Desde la primavera pasada les vengo informando desde estas páginas acerca de mi experiencia personal, y la de mis colegas próximos, con los exámenes online que nos trajo la pandemia, un tema que trasciende a las universidades. Lo novedoso de esta semana es que muchos participantes en el juego -las asociaciones de alumnos, el ministro de Universidades y los rectores- pusieron por fin sus cartas boca arriba, confirmando algunas de las impresiones que les trasladé.

Empecemos por los estudiantes, un colectivo de intereses variados que apenas participa en la elección de sus representantes, propiciando así que la elección recaiga en extremistas de diferente signo. Tenemos un ejemplo bien a mano, en la Universidad de Alicante (UA), cuyo máximo representante de alumnos -que abandonó el PP hace tres años, según ha revelado, para desplazarse hacia su derecha- se dirigió recientemente en un tuit al presidente Ximo Puig con un «me cago en tu puta madre» por no haber accedido éste a su exigencia de que todos los exámenes del primer semestre se hicieran en línea (INFORMACIÓN, 25/01/2021). Esta exigencia no es un fenómeno alicantino pues, como cuenta Ignacio Zafra en El País (EP), 28/1/21, “muchos estudiantes y sus principales organizaciones piden desde hace semanas que se cambien [los exámenes] a la modalidad online por el riesgo de contagio del coronavirus”.

Como cabía esperar, Manuel Castells fue receptivo a esta petición haciendo público, el 27/1/21, un comunicado en el que afirmaba que “el ministro, y este Ministerio en su conjunto, estamos profundamente preocupados por el posible peligro a la salud de estudiantes y docentes. Y, por consiguiente, instamos a las autoridades académicas a que den prioridad a la salud de toda la comunidad, procediendo a enseñanza y exámenes online siempre que no haya garantías sanitarias según el juicio de las autoridades sanitarias. Tanto más cuando en junio se hicieron online la gran mayoría de los exámenes en todo el Estado, sin que hubiera problemas sensibles de calidad académica según las Agencias de Evaluación pertinentes (…). Entiendo perfectamente que a los estudiantes les da igual de quien sean las competencias, porque lo que quieren es proteger su salud. Por eso ruego a los decanos de las facultades de todo el Estado que sean sensibles a la preocupación de los estudiantes y de sus familias”. Habrá quien piense que Castells actúa de forma populista apostando por enseñanza y exámenes online, aprovechando la pandemia para ganar cuota de mercado electoral para el partido que propuso su nombramiento. Yo pienso, por el contrario, que es coherente con su concepción de la universidad, que es la que lo convirtió en candidato de Podemos al Ministerio pues, no en vano, fue docente de la Universitat Oberta de Catalunya y de varias universidades de California, EEUU, país donde el grado lo aprueban casi todos los ingresados y donde solo el posgrado habilita para trabajar en la materia estudiada, de modo que te puedes encontrar un vendedor de helados graduado en sociología feliz con su trabajo. En Europa, en cambio, los grados en medicina, ciencias, ingeniería y otras materias habilitan para trabajar y, consecuentemente, tienen un nivel de exigencia que se traduce en suspensos, repeticiones y abandonos. No me parece casual que, en las pasadas elecciones al rectorado en la UA, los alumnos de las facultades de ciencias y de ciencias de la salud, precisamente, desoyeran el llamamiento al voto por el candidato recomendado por el presidente del Consejo de Estudiantes, cuya exigencia de exámenes online era un secreto a voces.

Como es natural, los rectores recogieron el guante lanzado por Castell con el oportuno comunicado de la CRUE del 28/1/21, en el que se afirma que “la presencialidad es el sello de identidad de la gran mayoría de nuestro sistema universitario, no una cuestión anecdótica o un capricho de los rectores y rectoras, como se está trasladando implícitamente en algunos desafortunados mensajes que no hacen sino perjudicar el desarrollo de la enseñanza en unos momentos muy complejos a causa de la pandemia de la Covid-19. En los planes acordados con el Ministerio se articularon unos procedimientos y protocolos que se han cumplido con el máximo rigor y que contemplaban exactamente lo que se está haciendo ahora mismo: priorizar la presencialidad siempre que sea posible y las autoridades sanitarias no indiquen lo contrario. El formato online debe ser el último recurso, aplicado solo cuando las circunstancias lo hagan inevitable. La realización de exámenes telemáticos conlleva la implementación de unas medidas extraordinarias y con complejas derivadas legales y técnicas en el ámbito de la protección de datos y la identificación de quienes se examinan. Pero aprovechándose de estas dificultades y de las lagunas normativas que existen, se han producido intentos de fraude. Con las pruebas presenciales lo único que se pretende es proteger a esa inmensa mayoría de estudiantes que afrontan su formación con honestidad, transparencia y responsabilidad”. Ese mismo día escribía Elisa Silió en EP, que “los rectores y cualquier profesor al que se pregunta tienen en mente los altísimos porcentajes de aprobados del curso pasado, cuando los exámenes se hicieron online. Castells opina que deberían examinarse usando Internet, pues en el siglo XXI ya no es necesario recurrir a la memoria. Garantizar que no se copia es casi imposible si no se cuenta con un sistema de reconocimiento facial -caro y que provoca quejas por violar la privacidad-, solo al alcance de alguna universidad privada, como la San Pablo-CEU, que lo utiliza desde la primavera pasada”. Uno de los sistemas de reconocimiento más utilizados por las universidades europeas es Proctorio, que permite la vigilancia en línea por agentes entrenados, quienes etiquetan aquellas imágenes que podrían detectar un “comportamiento inusual” para su posterior revisión por un comité ad hoc (un sistema parecido al VAR de LaLiga).

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