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Miguel Ángel Goberna

Miguel Ángel Goberna

Profesor emérito del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Alicante.

Los profesores también se examinan. Y algunos hacen trampas

La UNED realiza en febrero más de 300.000 exámenes online en 122 países

En mis últimos artículos en INFORMACIÓN les he comentado la mala praxis de una parte significativa del alumnado universitario en los exámenes en línea ocasionados por la covid, un fenómeno que empezó siendo ignorado, si no negado, por las autoridades académicas para ser finalmente admitido a regañadientes. Por ejemplo, el comunicado de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) del 28/1/21 decía que “la realización de exámenes telemáticos conlleva la implementación de unas medidas extraordinarias y con complejas derivadas legales y técnicas en el ámbito de la protección de datos y la identificación de quienes se examinan. Pero aprovechándose de estas dificultades y de las lagunas normativas que existen, se han producido intentos de fraude”. Algo más que intentos, a juzgar por el súbito incremento de matriculados el presente curso.

Pero también el profesorado cuece habas. Cada seis años tiene la oportunidad de solicitar a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) la acreditación de su actividad investigadora, con efectos económicos (en forma de incremento consolidado de su salario) y laborales (reducción de la carga docente durante 6 años). Además, cada sexenio investigador reconocido mejora el posicionamiento de los aspirantes a la promoción académica, permite formar parte de las comisiones que juzgan concursos a plazas docentes e investigadoras y, al final de la carrera profesional, criba a los candidatos al nombramientos como eméritos (por ejemplo, la Universidad de Alicante exige un mínimo de 5 sexenios para poder solicitarlo). Los criterios para el reconocimiento de un sexenio los determina una comisión nombrada por la ANEP para cada una de las grandes áreas de conocimiento. En las áreas científicas, dichos criterios se basan en las publicaciones en revistas de alto factor de impacto de acuerdo con el ranking de revistas de investigación que publica anualmente el Journal Citation Report (JCR), el indicador de calidad elaborado en base a las ratios de citas por artículo recogidas en la Web of Science (WOS). El JCR y la WOS son gestionados por Clarivate Analytics (antes, Thomson Reuters). Se trata de una empresa de capital abierto que -según se ha rumoreado- podría estar controlado desde China. Entiende la ANEP que el JCR es el oráculo de la calidad de las revistas científicas, de forma que el sexenio es otorgado automáticamente a quienes hayan publicado, durante los seis años objeto de evaluación, cinco artículos en revistas del “primer cuartil”, el llamado Q1, que está formado por las revistas clasificadas entre las 25% mejores de alguna área.

Así pues, a grandes rasgos, el objetivo mínimo de todo profesor funcionario es publicar un artículo Q1 por año. Como no hay penalización por el número de autores, el número promedio de autores ha ido crecido significativamente a lo largo de los años al haberse formado equipos que comparten sistemáticamente sus publicaciones, llegando a darse el caso de lograr sexenios sin haber escrito una línea, pues subsiste un cierto derecho de pernada de los directores de tesis respecto de sus doctorandos. Este fenómeno del parasitismo se podría atajar asignando a cada autor la parte alícuota de cada trabajo, exigiendo que la suma de fracciones supere cierta cota inferior como 5/2 o 5/3 (si se considera razonable que los artículos tengan dos o tres autores, respectivamente), convirtiendo así a los parásitos en un lastre para los verdaderos autores.

Pero el fenómeno más preocupante ahora es, en mi opinión, la reciente irrupción de editoriales más preocupadas por el lucro que por la ciencia. Como de costumbre, les hablaré del campo que mejor conozco, las matemáticas, aunque las editoriales en cuestión suelen publicar revistas en línea de libre acceso (open access) de temática variada, todas ellas caracterizadas por la brevedad del periodo de evaluación (a veces de pocos días). Esta práctica dinamita el principio de evaluación anónima por pares (peer review), que persigue la validación de los resultados publicados, para garantizar su uso como punto de partida de futuras investigaciones. El precio que deben pagar los autores por publicar en dichas revistas depende de sus posiciones en los rankings del JCR, siendo máxima (del orden de 1.500 euros) para las que están en el Q1. Es lo que cobra la revista Mathematics, de MPDI, cuyo mero título, un enorme cajón de sastre, ya resulta sospechoso, aunque no tanto como su inmenso panel editorial, compuesto, a día de hoy (porque crece a diario), por 12 Editores-in-Chief (3 de ellos españoles), 299 Topic Editors (de los cuales 58 son españoles, 42 italianos y muchos de Europa del Este) y 439 Editorial Board Members (80 de ellos españoles, sin que falte la presencia de las universidades alicantinas). Resulta ilustrativo comparar el tamaño del equipo editorial de Mathematics, 750 investigadores cuyo rol captador de clientes recuerda la estructura piramidal de la venta de robots de cocina, que es 25 veces mayor que el promedio de las revistas semejantes (30es el cociente de los 2.342 editores repartidos entre 77 revistas Q1 en matemáticas de WOS). También resulta curioso comparar el número de editores de Mathematics (los mencionados 750) con el de revisores (43, 8 de ellos españoles), con una ratio de 17 (oficiales por soldado, en terminología marcial).

¿Qué se puede hacer para combatir esta plaga? Que las instituciones pongan trabas a los pagos de sus profesores para publicar en revistas de dudosa reputación (al menos, que se lo paguen de su bolsillo) y que la ANECA elabore sus propios rankings de revistas, como hacen Australia y Chile, o al menos confeccione listas negras de revistas fake (que no contarían como mérito académico). 

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