La Fiscalía de Alicante acordó el 1 de febrero abrir diligencias para investigar en qué circunstancias habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid siete personajes públicos de la provincia de Alicante que, según todos los indicios, se habrían saltado su turno en el calendario de vacunación. El fiscal jefe, Jorge Rabasa, tomaba esta decisión después de que dos ciudadanos de Alicante, que habían tenido conocimiento de estas inmunizaciones por los medios de comunicación, presentaran una denuncia a título particular instando al Ministerio Público a que las indagara.
Dos días después de que se incoaran las diligencias, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, comparecía en rueda de Prensa para informar de que su departamento había detectado hasta 62 vacunaciones irregulares en la Comunidad. Y añadía además que se «había procedido a la tramitación de diligencias y, en su caso, a la apertura de expedientes informativos».
Entre los aludidos por Barceló se encontraban el alcalde popular de La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano, los regidores socialistas de Els Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives respectivamente, el concejal de Sanidad de Orihuela, José Galindo (PP), y la ahora exteniente alcalde de Dénia, Cristina Morera (PSPV), así como el fiscal jefe de Castellón y otros alcaldes de Valencia.
En la denuncia que obra en Fiscalía también se cita al comisionado de Sanidad de Torrevieja, José Antonio García, y al diputado responsable de centro Doctor Esquerdo de Alicante, Juan Baustista Roselló, a los que ahora se ha sumado el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, quien también se ha vacunado junto a dos familiares.
De ser cierto que, como dijo la consellera, ya se ha procedido a la tramitación de diligencias e incluso a la apertura de expedientes, de lo que no hay que dudar, se presupone que previamente se habrá recabado la información relativa a estas vacunaciones, la misma en definitiva que la Fiscalía le reclamó hace casi dos semanas sin que de momento se haya recibido nada.
Datos tales como la confirmación de que estas ocho personas han recibido la vacuna, la fecha en que se les administró, dónde fue (centro de salud, residencia geriátrica...), la identidad y los cargos de las personas que intervinieron en el proceso (desde los responsables del suministro de los viales hasta los de su inyección) y los propios expedientes incoados por Sanidad cuya tramitación, de judicializarse estos casos, quedarían en suspenso hasta que hubiera una resolución en la vía penal.
Pues nada de esto, insisto, ha facilitado Sanidad, cuando entre lo que se solicita está la estrategia de vacunación general y las peculiaridades, si las hubiera, de su aplicación al territorio de la Comunidad. Documentos, se presume, no son muy difíciles de conseguir.
Uno de los escasos contactos que en este tiempo ha habido entre la Conselleria y la Fiscalía ha sido una comunicación de la primera interesándose por si era cierta la apertura de diligencias de la que se habían enterado por la prensa. El otro, para indicar que solo con los nombres de los denunciados, sin más datos sobre su filiación, les era imposible aportar la información que se le pide.
Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No estaban perfectamente identificados los supuestos infractores? ¿No se les había abierto una investigación? ¿No había expedientes? ¿Para elaborarlos no hacían falta esos datos?
El Murcia, donde la Fiscalía también está indagando prácticas similares, fueron los propios funcionarios de la Consejería de Salud quienes llevaron toda la documentación hasta el Palacio de Justicia. ¿A qué espera para hacerlo Barceló? Aunque no hace falta que, como hicieron en Murcia, la entrega sea en mano.
