Si hace unas semanas exponíamos en esta misma sección la importancia que para la dictadura franquista tuvo la utilización de los tribunales como medio para ejercer la represión sobre cualquier atisbo de libertad y deseo de recuperar las libertades que se perdieron con el golpe de Estado de 1936 (Una justicia inexistente. 25-12-2020. Diario INFORMACIÓN), hoy voy a centrarme en la depuración revanchista con tintes vengativos que el franquismo llevó a cabo, terminada la Guerra Civil, sobre los jueces y magistrados del sistema judicial español. Y para ello, para guiarnos en la paranoica y obsesiva limpieza de sangre ideológica que el franquismo realizó dentro de la administración de Justicia española, acaba de publicar Glicerio Sánchez, profesor emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante, el imprescindible El estigma republicano de la Magistratura. La depuración franquista de los jueces, de la editorial Publicacions de la Universitat d’Alacant.
Terminada la Guerra Civil todos los funcionarios españoles tuvieron la obligación de someterse a la llamada depuración, un proceso de apariencia judicial que supuso, de facto, la creación de una nueva jurisdicción, por la que los funcionarios tenían que someterse a un expediente que determinase su grado de implicación con la República. Además de una declaración jurada, se iniciaba expediente por un instructor que analizaba la conducta del funcionario recabando para ello, de los lugares donde hubiera ejercido su función, informes de compañeros de trabajo adscritos al golpe de Estado, de los responsables locales de la Falange o del cura del pueblo. Todo muy legal y cabal. Esta depuración supuso un cuarto apoyo para la represión franquista a la que se unían la justicia penal ejercida por tribunales militares, las condenas por la Ley de Responsabilidades Políticas (una excusa para robar el dinero y sus bienes a los partidarios del bando republicano) y la Ley de la represión de la masonería y el comunismo.
Como era de esperar el sistema de depuración se basaba en la arbitrariedad más absoluta y en la retroactividad de las leyes si venía al caso. La desconfianza sobre los jueces y magistrados que ejercieron su función durante la República por parte de los jerarcas franquistas fue absoluta. De entrada, todos cesaban en sus cargos durante un tiempo y en pocos casos se les permitió incorporarse sin sanción. El franquismo ideó un sistema por el que, bajo la apariencia del cumplimiento de unas leyes que ya por sí solas provocan una mezcla de indignación y asombro por lo ridículo de sus términos, con un fanatismo infantil y al mismo tiempo profundamente rencoroso inspiradas en las leyes nazis, se pretendió dejar bien claro que no se había ganado una guerra para que los partidarios de la República pudiesen tener una vida normal. Se llegó a fundamentar los expedientes a los jueces y magistrados por haber llevado durante la guerra una determinada vestimenta o por haber mantenido amistad con una persona de izquierdas.
Después de la Guerra Civil el principal objetivo del franquismo fue acabar con toda la herencia cultural e intelectual que la República trajo consigo. Además de la eliminación física de los nombres más importantes (como fueron los casos de Federico García Lorca o de Miguel Hernández), se destruyó la educación pública basada en los principios de igualdad, laicismo y métodos avanzados de aprendizaje; media España se aprovechó de los vencidos quedándose con su dinero, sus bienes y sus plazas de funcionarios; se metió en la cárcel a la otra media ejecutándose a buena parte y los que no fueron asesinados o encarcelados tuvieron que malvivir el resto de su vida. Y por supuesto se desarticuló la Administración de Justicia de la República.
Con este sistema, el Estado se convirtió, según afirma el profesor Glicerio Sánchez, en un órgano inquisidor con competencia en todo el país que aplicó un sistema por el que el Derecho en su conjunto se adaptó al ideario franquista con clara inspiración de la legislación de la Alemania nazi. En España se creó lo que el autor llama una Falange Judicial, es decir, un grupo de jueces que actuaba como “una fuerza de choque y en vanguardia de la política judicial que pretendía implantar la dictadura franquista”. Los jueces encargados de instruir los expedientes de sus compañeros jueces cumplieron a rajatabla la regla del buen vasallo y para congraciarse con su amo fueron más allá de la persecución establecida por el régimen fascista. Una vez terminado su trabajo fueron ascendidos a miembros del Tribunal Supremo no por sus conocimientos jurídicos (como sí se hizo durante la República) si no para que el régimen franquista estuviese seguro de que el Derecho en España se iba a interpretar conforme a los principios franquistas basados en la represión, la venganza y en el recordatorio de que el Estado era consecuencia de una guerra y una victoria. Lo resumió Fernando Fernán Gómez en su obra de teatro Las bicicletas son para el verano (1977). Uno de los personajes principales, y a preguntas de su hijo, recuerda que con el fin de la guerra no había llegado la paz: había llegado la victoria.
