Con frecuencia, las palabras, las promesas y los discursos carecen de alma, especialmente cuando hablan de problemas humanos que generan un enorme sufrimiento y afectan a los más vulnerables. Por ello, es necesario poner rostro a situaciones que esconden una enorme desolación.
La situación de los servicios sociales municipales en Alicante se ha convertido en uno de los mayores problemas de su Ayuntamiento, precisamente cuando estamos atravesando la mas intensa crisis social desde la Guerra Civil, en un escenario de emergencia humanitaria para muchas personas que requiere redoblar los esfuerzos para tratar de llegar a tanta gente que lo está pasando muy mal, sin recibir ayuda de nuestro Ayuntamiento y sin poder tener acceso a sus servicios sociales y profesionales. ¿Cómo se puede aceptar con normalidad que, en medio de la situación tan dramática que atravesamos, la espera para poder acceder a una cita con los servicios sociales supere los 10 meses y que ahora, desde el bipartito, se afirme con indisimulado cinismo que se va a trabajar para reducirla a un mes? No hay ninguna capital en España donde esto suceda, pero el equipo de Gobierno municipal y su alcalde, Luis Barcala, no paran de criticar duramente día tras día al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez como al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mientras tienen algunos servicios esenciales en la ciudad en una situación lamentable, como sucede con la Concejalía de Acción Social.
María (un nombre ficticio para preservar su identidad) es una mujer entrada en años que vive sola en el centro de Alicante, sin haber requerido nunca ningún tipo de ayuda social o apoyo externo. Poco antes de comenzar a extenderse el covid, el avance de una grave enfermedad diagnosticada y la falta de recursos la llevó a tratar de contactar con el Centro Social número 1 del Ayuntamiento para pedir una ayuda que necesitaba de manera acuciante.
La extensión de la pandemia y la declaración del Estado de Alarma llevó a que los centros sociales en Alicante estuvieran cerrados, por lo que cada día, una y otra vez, se ponía delante del teléfono para tratar de comunicar con alguien que la pudiera atender, sin conseguirlo. Y así pasaban los meses mientras su angustia, su enfermedad y sus miedos aumentaban, hasta que al levantarse el confinamiento acudió varias veces hasta el Centro Social para tratar de hablar con algún funcionario para conseguir una cita urgente, sin éxito. De manera que, a finales de agosto del pasado año, se decidió a enviar una queja al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana para exponer su situación de desesperación, explicando que le había resultado imposible contactar con los servicios sociales municipales durante meses para poder tener información y solicitar la ayuda de emergencia que necesitaba.
Tras estudiarse la queja, desde el Síndic de Greuges se admitió a trámite, iniciándose el correspondiente estudio. El primer paso fue pedir al Ayuntamiento de Alicante, el 3 de septiembre, que en el plazo de quince días emitiera un informe sobre el caso, según obliga la normativa. Transcurrido sobradamente el tiempo establecido, sin obtener contestación alguna, desde el Síndic se volvió a reclamar al alcalde de Alicante, con fecha 13 de octubre, el informe solicitado a primeros de septiembre. Nuevamente el silencio más absoluto fue la respuesta ofrecida. Con paciencia franciscana, desde el Síndic volvieron a reclamar al Ayuntamiento el mismo informe el 12 de noviembre, por tercera ocasión, sin que se atendiera una vez más esta petición. Y el 16 de diciembre, por cuarta vez, desde la Sindicatura se volvió a comunicar al Ayuntamiento de Alicante la exigencia de facilitar el informe solicitado durante los tres meses anteriores, obteniéndose la misma respuesta: nada, silencio, desprecio al mandato de esta alta institución de las Cortes Valencianas.
Es verdad que no es la primera ocasión en que el Ayuntamiento de Luis Barcala actúa de esta manera con la Sindicatura de Greuges, pero en esta ocasión, el desprecio y el silencio duelen, si cabe todavía más, al tratarse de una vecina en situación tan desesperada. Finalmente, desde el Síndic se emitió la resolución sobre este caso el 15 de enero de este año, sin que el Ayuntamiento de Alicante hubiera contestado a ninguno de los cuatro requerimientos de información cursados. Si este es el respeto que el Gobierno municipal tiene hacia esta importante institución, no es difícil imaginar el que mostrará a personas vulnerables y en situación desfavorecida, como la que motivó la queja objeto de esta investigación. De hecho, en la resolución emitida por el Síndic, en su punto 1, se advierte seriamente al Ayuntamiento de que esta falta de colaboración será destacada en su memoria anual, a los efectos oportunos.
En la resolución, además de pedir al Ayuntamiento de Alicante que atienda con urgencia a esta mujer enferma, el Síndic recomienda revisar a fondo los procedimientos técnicos utilizados en los servicios sociales municipales, recordando la obligación legal de dar atención social básica a personas en situación de extrema necesidad, especialmente ante la grave situación de pandemia que atravesamos. Pero nuestro Gobierno municipal seguirá orgulloso de ofrecer como respuesta el silencio ante tanto sufrimiento.
