La construcción de una sociedad de progreso, cohesionada y justa depende en gran medida de contar con un sistema educativo inclusivo en el que se adecúe la respuesta educativa y la disponibilidad de recursos a las necesidades singulares de cada alumno o alumna. La educación, como derecho humano fundamental y bien esencial al servicio de todos y todas, ha de universalizar criterios y prácticas inclusivas, poniendo especial énfasis en los colectivos más vulnerables expuestos a la exclusión y la marginación. Indudablemente, la educación no puede desligarse de las políticas sociales con las que ofrecer a cada persona las opciones para lograr su máximo desarrollo individual, disfrutar de sus derechos y tener igualdad de oportunidades. Las recomendaciones de organismos internacionales, los acuerdos suscritos por los estados y las leyes educativas se orientan cada vez más hacia el modelo educativo inclusivo. Con la inclusión escolar se propician ajustes en el sistema educativo ordinario para que cualquier alumno o alumna pueda acceder a las experiencias y los aprendizajes, eliminando barreras, afirmando su presencia y participación en función de sus posibilidades, y ofreciendo a cada estudiante los apoyos que precisa. Solo así se puede garantizar la equidad educativa y el fortalecimiento de la cohesión social.
En la Comunitat Valenciana, desde la publicación por parte de la Conselleria de Educación del borrador del Decreto 104/2018 que desarrolla los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano, se está produciendo una transformación en la organización escolar, en los métodos de trabajo y en los recursos profesionales para implantar este modelo. Precisamente, en el marco de la escuela inclusiva, los profesionales del Trabajo Social responden a las necesidades del alumnado con problemática social, desprotección, situaciones de precariedad, pobreza, violencia o necesidades educativas singulares. Y lo hacen mediante estrategias y acciones de prevención, evaluación, intervención y seguimiento, siempre en coordinación con los recursos educativos y sociocomunitarios.
Las trabajadoras y los trabajadores sociales ofrecen apoyo a quienes se encuentran en situaciones de desventaja educativa y social, al tiempo que velan por el cumplimiento del principio de no discriminación, la justicia social y la plena inclusión de todo el alumnado, independientemente de su condición social, cultural, género, características personales o de diversidad funcional. Estas y estos profesionales asesoran a los órganos de gobierno, participan en la evaluación sociopsicopedagógica, elaboran informes técnicos, hacen propuestas de intervención sociofamiliar y de derivación a agentes y servicios externos, colaboran con los equipos educativos en actuaciones socioeducativas, informan y orientan sobre el acceso a recursos, becas, ayudas y sobre las actuaciones de intervención sociofamiliar. También hacen mediación entre las familias y los centros educativos, se coordinan con diferentes organismos y con el personal de Trabajo Social de los ayuntamientos y mancomunidades o participan en programas de desarrollo comunitario que inciden en la población escolar.
Recientemente, a instancias de la Conselleria de Educación, se ha dado a conocer el proyecto de Decreto sobre la organización de la orientación educativa y profesional del sistema educativo valenciano, donde se plantea la desaparición de los servicios psicopedagógicos escolares (SPEs). Estos equipos multiprofesionales forman parte consustancial del sistema educativo valenciano desde hace 30 años y están constituidos por especialistas de Orientación Educativa, Trabajo Social y Audición y Lenguaje, entre otros, y en ellos hay 26 trabajadoras y trabajadores sociales educativos que atienden a los 40 centros públicos de Educación Especial y a 1005 centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la Comunitat. La desaparición de los SPEs va a reducir significativamente la protección a la población escolar con necesidades socioeducativas, disgregando unos recursos que son insuficientes para responder a las necesidades del alumnado, el profesorado y las familias.
La coyuntura derivada de la pandemia que sufrimos está originando graves problemáticas y necesidades socioeducativas que requieren de actuaciones urgentes para garantizar los derechos y la protección de los y las escolares. Apelamos a la responsabilidad social, a la sensibilidad y al compromiso cívico de los responsables políticos de la Conselleria de Educación a reconsiderar el modelo de asesoramiento sociopsicopedagógico planteado en el proyecto de decreto, a abrir un proceso de diálogo con los profesionales de este ámbito y a establecer los mecanismos para dotar de especialistas de Trabajo Social al sistema educativo valenciano, en un contexto de emergencia social y educativa en el que es necesario garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado, sobre todo, del que se encuentra en situación de vulnerabilidad y desventaja.
Sin trabajadoras y trabajadores sociales no hay inclusión educativa.
