“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana (..)
La asamblea general proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.”
Declaración universal de Derechos Humanos, 1948
El paso de los años, los cambios en el orden del mundo programado o conquistado, no ha disminuido el valor y la fuerza de los principios que encabezan esta declaración y proponen su aplicación real. No ha llegado en cambio la materialización de esos principios (leyes, normativas, dotación presupuestaria…) tan necesarios para la convivencia. Sí ha avanzado el reconocimiento social de las diferencias como formas de estar en la vida con importantes cambios en el uso de un vocabulario cada vez menos despreciativo, cada vez menos marginador. El vocabulario más coloquial mantiene todavía expresiones insultantes con que se nombraban algunas diferencias. Aún más han cambiado los comportamientos, el reconocimiento respetuoso de la diversidad como la forma natural de una humanidad reconocida como tal.
No llega, o lo hace demasiado lentamente, el reconocimiento laboral, habitacional, de inclusión en la “normalidad” social al que tienen “derechos iguales e inalienables todos los miembros de la familia humana”.
Las Constituciones, también la española, asumieron como documento principal inspirador la Carta universal de los derechos humanos proclamada por Naciones Unidas en 1948. Las leyes están todavía muy lejos de ese reconocimiento.
Los avances conseguidos, impensables hace sólo veinte años, se deben principalmente a la influencia social conseguida por el asociacionismo. El sistema educativo ha tenido también su protagonismo, el público especialmente donde la convivencia con la realidad social favorece el reconocimiento y la aceptación de la diversidad. Ese sistema educativo público del que no pueden alejarse las elites sin correr el riesgo de desconocerlo o ignorarlo.
Hace sólo unos días con motivo del Día Internacional del Asperger, la Confederación Asperger España en Alicante, ASPALI, ha vuelto a recordar con iniciativas imaginativas como la carrera virtual, esta vez con importantes apoyos institucionales y políticos, la necesidad de incluir a estos “diferentes” en la realidad del mundo del trabajo, la vivienda, la educación… con leyes y con los medios económicos imprescindibles, como reconocimiento de discapacidad social.
Hay que urgir a las instituciones de representación, de administración cotidiana, para que establezcan la categoría de "Discapacidad social" o "Psicosocial" aplicable a las personas en el espectro autista, independientemente de su nivel cognitivo, y para que las decisiones adoptadas no duerman en los cajones año tras año sin ponerlas en marcha.
