Se dice que la insistencia no puede convertir un error en verdad y, sin embargo, el esfuerzo denodado por lo contrario parece demostrar una vez más la capacidad del ser humano por perseverar y equivocarse. La Delegación del Gobierno en Madrid, un año después, ha prohibido todas las marchas del 8-M por razones obvias de la pandemia, sin embargo Irene Montero, erre que erre, mantiene haciendo gala de una simpleza tan atroz como peligrosa que se criminaliza la lucha feminista. La experiencia de 2020 trajo consigo un riesgo extremo del contagio en un momento crucial en el que el virus se propagaba, la decisión de suspender las concentraciones es por tanto razonable. No se trata de darle la espalda a las reivindicaciones feministas, sencillamente habría que entender que hoy, al igual que ayer, no es el mejor momento para plantearlas en protestas multitudinarias.
¿Hace falta de verdad explicar por qué motivos? Montero, que resultó ser una de las contagiadas por el covid tras asistir a la marcha anterior, se refiere a la pandemia como una excusa para negarles a las mujeres la calle. La pandemia ha condicionado nuestras vidas durante un año, la economía y la moral de un país, y si hace falta convencer de esto a alguien que, además ejerce de titular en un ministerio, será porque le fallan las neuronas. Si el socio populista del Gobierno encuentra en la rectificación de un error el instrumento para seguir con la batalla interna dentro del Ejecutivo la conclusión sobre la responsabilidad política es todavía más deprimente de lo que creíamos. El mundo no se acaba porque se suspendan o aplacen unas reivindicaciones legítimas que las mujeres tienen todo el derecho a seguir ejerciendo en una sociedad libre, pero la situación es la que es y el derecho de reunión en estas circunstancias entraña un riesgo para los demás. El derecho de unos cuantos no se puede imponer al del resto.
