A la política y a la sociedad españolas la pandemia les ha traído niebla y humo, haciendo más difícil discernir quién es quién, qué quieren verdaderamente unos y otros y qué debemos hacer los ciudadanos para sobreponernos a tanto desánimo, depresión y locura. En medio de la sensación de caos apelmazado hay turbas incendiarias que queman y saquean invocando la libertad de expresión. Al parecer, la defensa a ultranza de una opinión pública libre, sin la cual la democracia no existiría, exige la protección a toda costa del derecho a excretar públicamente del rapero Hasél. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, publicó un tuit el pasado 17 de febrero en el que manifestó “todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas (sic) que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles”. Algunos juristas, aun discrepando del contenido de los mensajes del rapero encarcelado, consideran sagrado el derecho a la injuria de este truculento individuo y pronostican su futuro amparo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cosa que, en efecto, bien podría suceder, dado el activismo judicial de Estrasburgo cuando se trata de Estados de segunda división. Ay, ya lo decía una vieja canción: “el humo ciega tus ojos”.
El espesor de este neblinoso puré de guisantes que nos trajo la pandemia (vivimos entre la aprensión de pillar el virus y el embotamiento domiciliario) no disimula la comisión de torpezas por parte de nuestra clase/casta política, a la que ya pertenece también el Sr. Echenique. Así, por citar más ejemplos, tras el batacazo sufrido en las elecciones catalanas, Pablo Casado anuncia su intención de deshacerse de la sede central del PP en la calle Génova 13, reformada con dinero negro, según se pretende acreditar en vía judicial. ¿Huida de un edificio fuertemente simbólico de la corrupción partidista? La verdad es que resulta una medida totalmente infantil (es como si un lord escocés vendiera su castillo para desprenderse del molesto fantasma que en él habita) y una absoluta descalificación de todos sus predecesores, de quienes pretende desinfectarse radicalmente. Se ve que, como en Sodoma, en el Partido Popular anterior al actual liderazgo no había ni siquiera diez justos. Más atinado, en cambio, es el propósito de Casado de crear dentro del partido un departamento de “compliance” para prevenir malas prácticas. Aunque, visto que el Código Penal ya no asusta a nadie, puede que lo más eficaz sea establecer un “gulag”.
Otro ejemplo. En el Congreso se aprobó a finales de 2020 una Comisión de investigación sobre la llamada Operación Kitchen: irregularidades acerca del uso de fondos reservados en el Ministerio del Interior durante los Gobiernos de Mariano Rajoy. La idea era que comparecieran a declarar el propio Rajoy, Jorge Fernández Díaz, Dolores de Cospedal y su esposo Ignacio López del Hierro y los ex Secretarios de Estado de Seguridad, además del ubicuo comisario Villarejo. Hasta aquí, todo legal, por más que, siendo tales Comisiones un instrumento del control parlamentario de la acción del Gobierno, la Comisión Kitchen se haya ideado para montarle un circo mediático al principal partido de la oposición. Hay, sin embargo, un proceso judicial incoado por los mismos hechos ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Manuel García-Castellón, quien se ha negado recientemente a facilitar a la Comisión los documentos y diligencias del caso, aduciendo su carácter reservado en la fase instructora en que se encuentra, así como “la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes”. Desde luego, no existe ningún fundamento constitucional para que las Cortes puedan recabar de los jueces las actuaciones sumariales, y mucho menos si éstas han sido declaradas secretas. Tampoco se da impedimento alguno para que las Cámaras investiguen un asunto “sub iudice”, contrariamente a lo que algunos jueces creen. Ahora bien, los impulsores de la Comisión tienen poco que rascar tras la negativa judicial. Y convocar parlamentariamente a quienes son o pueden ser imputados judicialmente en el caso Kitchen no arrojará luz alguna, pues todos ellos se acogerán al derecho fundamental a no declarar contra sí mismos (que opera también en el seno de las Comisiones parlamentarias de investigación).
Todo ello apesta, pues, a politiquería de indocumentados. Y lo mismo, o peor, la pretensión de ERC, EH Bildu, Junts, PDCat, la CUP, BNG, Compromís y Más País de que Felipe VI comparezca ante el Congreso en relación, principalmente, con los avatares tributarios de don Juan Carlos. Ignoran palmariamente que, según la Constitución, “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Claro que la Monarquía, que vive tiempos de tribulación, también tiene enemigos dentro de casa: aparte del largo calvario administrativo y judicial que aguarda al Rey emérito y que conllevará un enorme desgaste institucional, ahí están los viajes de las Infantas Elena y Cristina a Abu Dabi y su vacunación de régimen especial. Un cargo socialista leonés acaba de escribir en Facebook: “Los Borbones salen caros, guillotina y República”. Ha dimitido, sí, pero este malestar ante los supuestos de insensibilidad parasitaria de la parentela regia irá creciendo cada vez más y más rápidamente. Nosotros mismos nos podemos preguntar legítimamente: estas señoras, ¿de qué viven? O como diría Josep Pla, ¿y esto quién lo paga?
