Alguna vez se ha publicado que a los alicantinos nos quitaron el monte Benacantil en nuestras propias narices. El hecho, aunque llegó a publicarse en prensa, no tuvo mas trascendencia. Fue en los años 60 del siglo pasado en plena vigencia de la dictadura. El hecho se publicitó en el tablón municipal, pero no había nadie para impugnarlo. Así, los alicantinos no saben que dejaron de ser dueños del Benacantil y del Castillo de Santa Bárbara, cuando un jurídico del ejército lo inscribió a nombre del Ministerio del Ejército todo en base al artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946. No en vano Alicante había sido desde el siglo XIX, una plaza fuerte y puerto comercial muy importante en el Mediterráneo. Para no pisar el terreno, y el callo, de algún vecino la delimitación se quedó algunos metros por detrás de las edificaciones mas próximas al monte, en Virgen del Socorro, del Raval Roig, y de Santa Cruz. El Benacantil no volvió a ser patrimonio de los alicantinos hasta la democracia, siendo alcalde el exalcalde García Romeu nombrado, interinamente, por Adolfo Suárez. Él es quien negoció antes de las primeras municipales el levantamiento del carácter de fortaleza militar del castillo y su devolución a la ciudad. El artículo hipotecario citado fue renovado por José Mª Aznar en 1998, y prolongaba para la Iglesia Católica el derecho a inmatricular -inscribir por primera vez en el registro de la propiedad- sus bienes con su simple declaración, hasta la Ley de 13/2015 que lo ha anulado, entre otras cosas por inconstitucional. A mitad de febrero, a petición de los Diputados la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, envío a las Cortes un estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en ese periodo con objeto de que las instituciones o personas afectadas puedan reclamar la titularidad del dominio de los mismos, si fuera el caso. En Alicante, los únicos tres bienes que aparecen son la Concatedral, la parroquia de Villafranqueza, y la ermita del Moralet. Claro que en Córdoba está la Mezquita.
Viene todo lo anterior a cuento de la negociación que el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Adrián Santos está ultimando con la jefatura de la Guardia Civil para la construcción del nuevo cuartel en Rabasa. El acuerdo recoge una permuta por la que el Ayuntamiento cede 26.297 metros en Rabasa, a cambio del edificio y el solar de la actual sede de la Comandancia situada en la calle San Vicente, junto a la plaza de Quijano (INFORMACIÓN.17-III-2021). El acuerdo está sobre la mesa desde 1987, ha señalado el concejal de urbanismo, “la importancia de dar por finalizado este acuerdo tras 31 años de gestiones para que se pueda construir una nueva comandancia a través de una permuta con el Ayuntamiento". Si es importante acabarlo, es más importante acabarlo con un buen acuerdo. Cuando el alcalde Lassaletta adquirió los 60.000 metros en Rabasa, aprovechando la redacción del Plan General, ya se hizo pensando en el canje por el antiguo Hospital Militar del Rey -la actual comandancia- que ya aparece en 1876, en un grabado de la Crónica de Viravens. Aunque muy enlucido y repintado, es un edificio protegido, de sillería, con un patio interior, galerías corridas, de gran valor histórico, que habría que rehabilitar para usos urbanos. El canje que propuso reiteradamente el Ayuntamiento, a través de Patrimonio, creo era, además, por todas las dependencias que la Guardia Civil tiene en la ciudad: la Torre de San José, en la isla de Tabarca, los acuartelamientos del Cabo, de la playa de Babel en Benalúa, de la carretera de Elche a la altura de la fábrica del aluminio e, incluso, de los pisos que la Comandancia de Tráfico tiene en Carolinas. El proyecto de la Guardia Civil era centralizar todas sus dependencias en uso en Rabasa. Los vecinos estábamos de acuerdo, también cuando el alcalde Alperi lo volvió a intentar.
Las dependencias antedichas no aparecen en el acuerdo y, además, el Ayuntamiento va a pagar 1.200.000 € por urbanizar la parcela a canjear. Que, seguramente, será más. La fachada de la parcela que da a la Vía Parque requiere un desmonte de muchas toneladas de piedra para abrir uno de los carriles de la Vía Parque. Al Ayuntamiento le va a costar bastante más, y sólo por la comandancia. Alguien está negociando mal. Todo es Patrimonio del Estado, pero no todo es patrimonio de los alicantinos.
