Raro es el día en el que no salga el representante de alguna de nuestras administraciones anunciando una lluvia de ayudas a los sectores económicos más castigados por el covid, que, a estas alturas, prácticamente son todos. Y lo peor es que muchas veces la subvención que se vende es la misma un día tras otro como si el anuncio de por sí fuera a solucionarlo todo. Al final, el resultado es el que es. El empresariado, da igual si se dedica a una actividad o a otra, ha acabado bastante cabreado. Y no le falta razón.
En unos casos porque directamente no entran en esas líneas de rescate y, por tanto, se sienten discriminados. En otros, porque, aun pudiendo acogerse a esos fondos, los consideran, como poco, insuficientes; denuncian que llegan tarde o, peor aún, se quejan de que las ayudas son directamente inaccesibles por el via crucis burocrático en el que se ha convertido la tramitación, y más en tiempos de covid. Solo un dato: el Síndic de Greuges ya alertó hace cuatro meses de que buena parte de los problemas que denuncia la ciudadanía tienen que ver con las graves dificultades con las que se encuentran a la hora de obtener los documentos que se les exige para tramitar un servicio, una ayuda o una prestación, cuando lo que marca la ley es que las administraciones deben actuar de forma coordinada y dejar de pedir papeles que ya están disponibles en el sistema.
Nada, ni por esas. Al final, es lo que tiene tener un ojo permanentemente en las urnas: se corre el riesgo de olvidarse de lo importante que es sentarse con los sectores afectados y, al menos, escuchar sus reivindicaciones. Porque están muy bien los anuncios, pero de poco sirven si pasado el humo inicial hay empresas y puestos de trabajo que no han podido resistir esta crisis.
