La gravedad de los problemas y la urgencia de muchos de los desafíos que tenemos entre manos es de tal naturaleza que estamos dejando de lado demasiadas asignaturas pendientes que siguen estando ahí, formando parte de la columna vertebral de nuestra sociedad.
Una de ellas es el análisis y la intervención sobre los procesos, las dinámicas y los flujos migratorios que se están viendo profundamente afectados por la pandemia de covid-19. Las migraciones atraviesan profundos cambios que también van a tener su impacto en las dinámicas demográficas, en las pautas de movilidad geográfica, en los perfiles y motivaciones de quienes se desplazan por el mundo, así como en las estrategias de integración social, laboral y ciudadana de los inmigrantes que viven con nosotros y de sus familias. Bueno sería no perder de vista muchas de estas transformaciones por la repercusión que van a tener en nuestras sociedades y la necesidad de anticipar políticas e intervenciones adecuadas en muchos niveles.
Empecemos señalando algo de una enorme trascendencia que no había sucedido en la historia reciente. La pandemia ha afectado a la movilidad humana como nunca se había vivido, interrumpiendo los flujos migratorios globales. Por ello, adquieren más visibilidad esas migraciones clandestinas que, por medio de traficantes de personas, están cruzando de manera desesperada algunas fronteras en el mundo, poniendo en riesgo numerosas vidas. Es lo que ha sucedido con las migraciones africanas llegadas hasta las islas Canarias en los últimos meses, muy dramáticas y con motivaciones de distinta naturaleza, a veces nada sencillas de comprender. No es casual que el pasado año de explosión de coronavirus, no menos de 1.717 personas hayan fallecido tratando de llegar hasta España, con un incremento del 29% respecto al año anterior, según el documentado informe anual de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).
Pero el grueso de los desplazamientos humanos en el mundo no se hace en patera, ni mucho menos, sino en aviones y a través de aeropuertos que, en estos momentos, ofrecen grandes limitaciones para acceder a ellos y estrictos controles para la entrada en otros países. De manera que las migraciones globales se han interrumpido y tendremos que ver cuándo y cómo se reanudan.
Ahora bien, la crisis en los desplazamientos mundiales va a tener un primer impacto inmediato en la estructura demográfica de muchos países que se ha nutrido de una manera fundamental de la llegada de inmigrantes. Si a ello añadimos el dramático descenso en la natalidad que con motivo de la pandemia se empieza a confirmar, junto al importante aumento de las tasas de mortalidad, me temo que vamos a ver agravada la crisis demográfica que atravesamos en países como España, de preocupantes consecuencias.
Que se interrumpa la posibilidad de desplazarse no significa que se elimine la necesidad de hacerlo, algo muy importante si tenemos en cuenta que en los últimos años no eran las motivaciones económicas o laborales las que han alimentado el grueso de las migraciones hacia Europa, sino un magma en el que, bajo el denominador de motivos humanitarios, se incluían elementos de distinta naturaleza, entre los que destacan las guerras, las violencias étnicas o religiosas, la falta de libertad, la persecución, la imposibilidad de desarrollar proyectos de vida para ellos y sus familias o las amenazas contra la vida.
Sin embargo, las políticas migratorias en occidente avanzan hacia un llamativo dilema: dificultar la entrada de quienes quieren entrar por motivos humanitarios, pero atraer a los migrantes altamente cualificados, con independencia de su origen o procedencia. La batalla por captar a los llamados “nómadas digitales” que numerosos países protagonizan es buen ejemplo de lo que decimos, mientras al mismo tiempo se endurece en toda Europa el reconocimiento al derecho de asilo.
Pero tenemos que preguntarnos por los inmigrantes que viven entre nosotros en España, que es al mismo tiempo país de llegada, de salida y de tránsito. Entre el 11% y el 14% de la población, según la fuente estadística que utilicemos, ha nacido fuera de España, teniendo procesos de incorporación social, laboral y ciudadana muy distinta. De hecho, entre ellos, cerca de dos millones han obtenido la nacionalidad española, avanzando así en su integración plena.
Esta crisis del coronavirus actúa de una manera muy desigual entre la población inmigrante, teniendo un impacto muy dañino sobre aquellos en situación más vulnerable, muchos de los cuales desempeñaban empleos muy precarios en el sector servicios y en el turismo, que se han visto particularmente dañados por la crisis económica. Además, la imposibilidad para renovar sus permisos de trabajo y residencia, las enormes dificultades para homologar sus titulaciones (algo reconocido por este Gobierno, acumulando más de 15.000 expedientes pendientes), junto a los colapsos en las oficinas de extranjeros y de asilo añaden más incertidumbres sobre estos colectivos vulnerables. Nuevamente, el aumento en sus tasas de pobreza y el quedar en manos de la caridad asistencial como único recurso plantean numerosos interrogantes sobre estos colectivos.
La encrucijada migratoria que vivimos exige de un refuerzo en las políticas de integración social y de ser capaces de adelantarnos a lo que vendrá, evitando que el racismo político extienda sobre los inmigrantes su venenoso caldo de cultivo.
