Participar en política implica asumir un compromiso con la ideología y las siglas elegidas. El principio de lealtad es tan amplio como uno quiera, y en ocasiones eso implica asumir como propias (o impropias) propuestas con las que quizás no estés de acuerdo, pero la lealtad obliga. Es la diferencia entre un partido con vocación de gobierno y el que se resigna a ser eterna oposición.
Dicen los sabios que quienes te precedieron en los cargos públicos te marcan el camino, a título de herencia. Las acciones y las decisiones pasadas adoptadas por tu partido las asumes. La alternativa es hacer mutis por el foro, que se suele decir. Eso es así, en el PP o en cualquier otro partido con vocación gobierno. Arribistas y siglas emergentes sin futuro quedan al margen de tales disquisiciones, naturalmente.
Sirva esta reflexión para aseverar que las fechas, en política, son importantes. Nos marcan y definen comportamientos. Y voy a ello.
En el año 2001, gobernando España el PP, el Congreso de los diputados aprobó el llamado Plan Hidrológico Nacional (PHN), un proyecto de gestión de los recursos hídricos que implicaba el trasvase de caudales desde las cuencas excedentarias (como la del Ebro) a las deficitarias, centradas fundamentalmente en el Mediterráneo (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y parte de Andalucía). Paralelamente, las comunidades afectas debían ejecutar obras de modernización de regadíos e impulsar sistemas de irrigación de sus campos menos lesivos para los recursos naturales de las cuencas.
Como todo lo que tiene que ver con el agua en nuestro país, históricamente hablando, el Plan tuvo sus detractores, pero finalmente se aprobó con una amplia mayoría en la Cámara Baja.
Poco tiempo después, exactamente el 21 de abril de 2004, bajo el gobierno del PSOE, ese PHN fue derogado también en las Cortes Generales. Aquellos gobernantes, entre los que se encontraba como ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona (hoy senadora, vicepresidenta de la Cámara Alta y presidenta del PSOE federal), optó por la construcción de grandes desalinizadoras en la ribera mediterránea para abastecer tanto a los campos como a las poblaciones.
Aquella iniciativa también tuvo sus detractores. El PP se opuso bajo la tesis de que el agua “no tiene dueño”, y por tanto si al Ebro le sobraba agua para dar de beber al resto, donde este bien es escaso, debía trasvasarse respetando siempre su caudal ecológico. La solución definitiva a un problema (como digo, histórico), residía en la solidaridad entre comunidades.
Fue entonces cuando Cristina Narbona, a bombo y platillo, con utilización lícita de cuantos altavoces mediáticos públicos y privados tuvo a su alcance, se prodigó por estas tierras con uno de sus proyectos “estrella”: la desalinizadora de Mutxamel, llamada a abastecer a las comarcas de L’Alacantí y La Marina Baixa, ambas muy pobladas y emporios turísticos de primer orden. La decisión (del PSOE) implicaba a los ayuntamientos y a todos los habitantes de territorio, que necesariamente debían hacer frente a parte del coste de la obra, que no era poco.
Mi partido, el PP, como digo, se opuso al proyecto… pero hete aquí que nos toca a nosotros, una vez ultimada la obra, defenderlo ahora, suscribir aquellos acuerdos y repercutir en los recibos del agua, a muy largo plazo, el coste que corresponde a cada municipio. Por cierto, es verdad que esa subida sería, para la inmensa mayoría de la población campellera, de apenas 0’90 euros al mes.
Por ello, desde dos entidades dependientes directamente del Gobierno (PSOE-UNIDAS PODEMOS), nos reclaman con insistencia cumplir con nuestra parte. Se trata de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED), y la Confederación Hidrológica del Júcar (CHJ), ambas bajo la tutela del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España que dirige Teresa Ribera Rodríguez (PSOE).
… Y llegan los peros.
Ante esa solicitud, y por responsabilidad institucional como alcalde que soy (del PP), en el último pleno sometí a votación el convenio y la adenda requeridas por el Ministerio (PSOE). Lo hice, como digo, en un ejercicio de sensatez y responsabilidad, pese a que mi partido estaba antaño en contra de las desalinizadoras. Exactamente lo mismo que hicieron en su día los ayuntamientos de Alicante (PP-Ciudadanos) y San Juan (PSOE-Ciudadanos), que desde diciembre reciben con regularidad caudales procedentes de esa desalinizadora.
… Pero los concejales socialistas de El Campello dijeron un NO muy alto a las propuestas que emanaban de sus Gobierno y Ministerio, al igual que hicieron otros partidos que también forman parte del Ejecutivo.
¿Cómo explicar esto? ¿El PSOE vota NO al Ministerio PSOE? ¿EU y Podem votan NO a lo que pide un Gobierno PSOE-Unidas Podemos?
Es difícil de entender, pero así fue la cosa. La postura de otros partidos poco importa ya en este proceso.
El convenio ahora rechazado fue firmado en el año 2006. Había que financiar y explotar la desalinizadora, cuya construcción, canalizaciones y conexiones con los municipios había costado muchos millones (100, para ser exactos) a las arcas públicas de España y Europa. Acuamed (Ministerio) y Confederación (Ministerio), nos instaban a ello.
“La formalización del convenio es necesaria para garantizar el servicio”, nos insisten. Y, además, urge la explotación de la desalinizadora para evitar la sobreexplotación de los acuíferos naturales del Vinalopó de los que ahora nos nutrimos. Hoy, gracias a esa instalación, evitamos extraer de ellos hasta 50 millones de litros de agua diarios, y El Campello es cliente preferente.
La planta tiene capacidad para potabilizar un total de 18 hectómetros cúbicos de agua de mar al año, el resultado es óptimo, y permite clausurar acuíferos naturales del Alto y Medio Vinalopó, como nos exige Europa. Desde Bruselas, además, se nos aprieta para cumplir con nuestras obligaciones de pago, como bien publicó INFORMACIÓN en su edición del pasado 12 de enero.
Nos piden, en definitiva, asumir nuestro compromiso de hace años. Y, emulando a mi compañero Federico Trillo, “manda huevos” que hoy tenga yo que escribir esta tribuna para defender un proyecto socialista. Sigo estando en contra de las desalinizadoras. Sigo estando a favor de que el Ministerio las pague en su integridad, y sigo a favor del Plan Hidrológico Nacional derogado.
reivindicando el trasvase, porque es la solución
Pero votaron en contra. Yo ya he cumplido. Ahora, que muevan ficha los ministerios socialistas.
