Al final se ha cumplido lo anunciado y Congreso y Senado, siguiendo las instrucciones del gobierno y de los partidos que lo apoyan, han modificado la ley prohibiendo al Consejo General del Poder Judicial, mientras permanezca en funciones, la realización de todo acto discrecional y no reglado. No podrá, pues, nombrar presidencias de los diversos tribunales o, lo más relevante y justificación cierta de la reforma, ascender a magistrados, salvo los supuestos en que el ascenso se decida exclusivamente por el escalafón.
La reforma, así entendida, revela públicamente el interés de la política por lo judicial, la pretendida politización de la justicia que se manifiesta en la búsqueda de jueces que se creen afines a las formaciones que los promocionan. Una imagen demoledora para el sistema que, desde los partidos españoles, no se cuida ni siquiera formalmente. A nadie le puede sorprender, por tanto, que el Poder Judicial sufra en su autoridad moral por causa de la falta de ética del sistema de partidos, que no de la democracia. Para las formaciones que constituyen la base del modelo no son las instituciones y los poderes del Estado lo esencial, sino ellas mismas y sus objetivos inmediatos, al precio que sea. Y nadie se salva en este presente que se construye sin futuro, pues es el hoy el que ordena todo sin referente en el mañana y sin medir los efectos de lo hecho en el porvenir.
Tengo escasas dudas sobre la posible inconstitucionalidad de esta reforma. Una norma que recorta las funciones del Poder Judicial, que mantiene los tribunales, especialmente los superiores, sin sus vacantes cubiertas y las presidencias prorrogadas, supone un atentado a ese Poder, el Judicial. Y esa limitación se explica solo por razones que son imputables a aquellos otros dos poderes y, específicamente, al incumplimiento de la legalidad vigente, a la que no se sienten atados. Que sea el Poder Judicial el que vea comprometidas sus competencias, con efectos respecto de sus funciones esenciales, en su imagen externa, por causa de unos partidos que dominan el Ejecutivo y el Legislativo y que incumplen la legalidad, no parece una solución compatible con el modelo constitucional. Los desacuerdos políticos se dirimen afectando a un Poder independiente que es usado a modo de presión política minando sus funciones y afectando a la apariencia de neutralidad que es inherente al ejercicio de la potestad jurisdiccional. En definitiva, la irresponsabilidad de la clase política se traslada a un Poder que carece de facultades para resolver cuestiones que le son ajenas y al que se degrada en su papel constitucional.
En este caso, vuelvo a insistir, la responsabilidad es única y exclusiva del PP, cuya negativa a renovar el CGPJ y el resto de órganos constitucionales es incomprensible por lo que supone de ignorar la legalidad por el solo motivo de mantener una composición actual que le favorece según sus cálculos escasamente ocultados. Primero adujo que quería modificar el sistema como condición para sumarse a un acuerdo, argumento falaz que chocaba con mantener sine die un órgano nombrado con ese mismo sistema que rechazaba. Luego, que no aceptaba propuestas de ciertos magistrados por causa de las resoluciones jurisdiccionales dictadas por éstos, lo que, en sí mismo, constituye un ataque a la independencia judicial y una cierta exposición de que se busca o se quiere buscar a quienes estén próximos o no persigan o no condenen a los propios. Una idea absurda cuando se conoce el Poder Judicial español, pero que el actual PP expone sin la prudencia exigible a un partido que ha sido y que no acaba de encontrar su espacio fuera del mundo de la farándula.
Sostener que el PSOE no quiere renovar el CGPJ es tan absurdo, como infantil. Primero, porque no tiene ahora esa mayoría que busca con tanta ansia como los demás. Ahí coinciden todos en sus objetivos confesos. Y, segundo, porque esta ley aprobada el martes pasado y las otras que se expusieron, tenían y tienen la finalidad de forzar esa renovación legalmente establecida.
La reforma que se propuso meses atrás, consistente en renovar el CGPJ con mayorías inferiores a los tres quintos establecidos y que tantos rechazos obtuvo aquí y en Europa, no penetraba en las competencias del CGPJ y hacía recaer la responsabilidad por incumplimiento de la ley en quienes la ignoraban y desatendían. Su constitucionalidad también era dudosa, pero en menor medida que la vigente desde hace una semana.
Pero, en todo caso, una y otra, la aprobada y la no propuesta al final son meros parches a una situación cuyo origen reside en la política tal y como se entiende hoy, en el desprecio a los principios y normas de obligado cumplimiento por unos partidos que se consideran exentos de someterse a la ley, anteponiendo sus intereses al mismo Estado de Derecho.
Las desobediencias a la Constitución y la ley aquí y acullá exponen a los ciudadanos a la arbitrariedad y a la inseguridad. Nos salvan el Poder Judicial y la prensa libre y ambas son, con excesiva frecuencia, objetos de ataque desde la política en su peor expresión. Defender ambos es esencial para el Estado de derecho.
Nota: Marlaska debe dimitir o ser cesado inmediatamente. Su indiferencia hacia la legalidad es insoportable. Mantenerlo exige explicaciones que no pueden consistir en justificar lo que los tribunales han declarado ilícito.
