Trabaja el Gobierno en una nueva ley de Secretos Oficiales, lo que es tanto como pretender el vaciado del mar con un cubo en este país de chismosos. O en cualquier otro. Benjamín Franklyn, padre del pararrayos y de los Estados Unidos, sostenía que tres personas podrían guardar un secreto… si dos de ellas hubiesen muerto. Y en España ya se sabe que la mejor manera de mantener en secreto un asunto es publicarlo en un libro. Nadie lo leerá.
Lo que Pedro Sánchez quiere, en realidad, es revisar y poner al día la legislación sobre secretos que, como tantas otras, procede todavía de los tiempos de la Oprobiosa.
La vigente ley del franquismo datada en 1968 no pone fecha de caducidad al secreto, de tal modo que los asuntos de Estado clasificados como tales lo serán por los siglos de los siglos.
Levantar ese velo permitiría el acceso a documentos sobre el golpe fallido del 23-F o la guerra sucia contra ETA, por ejemplo; lo que acaso explique las graves dificultades que han venido retrasando el proyecto.
Los peor pensados se maliciarán que tal vez haya en esos papeles reservados alguna información que pueda afectar de modo sensible al conocimiento que tenemos de recientes hechos históricos. Y quizá no estén ahora mismo los tiempos -inflamados de pasiones- para practicar esa clase de revisionismo, si tal fuera el caso.
De ahí que el Gobierno no esté por la labor de establecer un plazo fijo para que los secretos puedan airearse, como es norma en la mayoría de los países democráticos. Propone a cambio que se desclasifiquen en función de su grado de protección, bajo la creencia aparente de que unos secretos lo son más que otros. Obviamente, tendrá que negociar la nueva ley con otros partidos, lo que augura un largo trámite al texto.
Paradójicamente, el propio Gobierno es en sí mismo un secreto, si se tiene en cuenta que la mayoría de la población desconoce a sus miembros y aun a sus miembras. Años atrás, el gubernamental Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) constató en una encuesta que los españoles conocían tan solo a unos pocos ministros del Consejo de entonces; y no es probable que la situación haya variado gran cosa ahora.
Se cuenta incluso, aunque probablemente sea una maldad apócrifa, que el mismo Sánchez tuvo que preguntar con discreción quién era uno de los que se sentaban a la mesa durante cierta reunión de su multitudinario Consejo. Es natural. Con veintitrés integrantes, hay que tener muy buena memoria y mejores dotes de fisonomista para recordar el nombre de todos los que forman el Gobierno.
La afición a la política ha crecido en los últimos años, pero aun así parece lógico que los súbditos del Gobierno de Su Majestad ignoren quienes son la mayor parte de los ministros. Lo raro y hasta alarmante sería que gozasen del mismo grado de notoriedad que los tertulianos de Sálvame o los contendientes de la Isla de las Tentaciones.
Son precisamente los que más salen en la tele -Sánchez e Iglesias- quienes resultan más fácilmente reconocibles para el pueblo televisivo. El resto deberá esperar, tal vez, a la promulgación de la nueva ley de Secretos Oficiales para poder presumir de ministro o ministra en casa. De lo que pasó hace treinta o cuarenta años, mucho es de temer que tardemos algo más en enterarnos.
