Emmanuel Macron se diplomó en la Escuela Nacional de Administración (ENA) en el 2004, en la promoción llamada Léopold Sédar Senghor por el nombre del expresidente senegalés. Los miembros de esa promoción elaboraron un informe titulado 'ENA, la urgencia de una reforma'. Hace dos años, tras la crisis de los 'chalecos amarillos', el joven estudiante convertido ya en presidente prometió la supresión de la ENA, que había dejado de ser una escuela basada en el mérito, podía convertirse en “un molde del pensamiento único” y proporcionaba a los altos funcionarios surgidos de sus aulas “una protección para toda la vida”.
Creada en octubre de 1945 por el Gobierno provisional encabezado por Charles de Gaulle, con la misión de reconstruir la función pública tras la Segunda Guerra Mundial, la ENA, la escuela de la élite francesa por excelencia, fue puesta en marcha paradójicamente por el vicepresidente del Gobierno y secretario general del Partido Comunista Maurice Thorez. De la ENA ha salido en más de siete décadas una casta, la de los enarcas, que ha dirigido la sociedad francesa desde los altos puestos de la Administración, la política y la empresa. Además de Macron, los presidentes Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Chirac y François Hollande han pasado por la ENA.
Uno de los motivos de la supresión es la tradicional dificultad para que los hijos de las clases populares y de la inmigración accedieran a la ENA. En febrero, Macron lamentó ese déficit, reconoció que el ascensor social estaba funcionando en Francia peor que en los últimos 50 años y anunció una modalidad de concurso de entrada a la ENA reservado a los aspirantes hasta ahora desfavorecidos. Esta vía se mantendrá en la nueva escuela que sustituirá a la ENA y que pretende lograr un servicio público más próximo al ciudadano, menos burocrático, más eficaz y más transparente. Macron incluye la eliminación de la ENA en una amplia reforma de la función pública. Las intenciones son meritorias, pero muy profunda deberá ser la reforma para que signifique el fin de una época y no se limite a un cambio de nombre y de fachada en el que pervivan las mismas desigualdades.
