El Gobierno central parece decidido a sepultar la provincia de Alicante. No creo que se trate de manía persecutoria teniendo en cuenta todo el dinero que ha salido de aquí, a través de impuestos a trabajadores y empresarios, y que supuestamente se ha empleado para hacer un mejor país, las más de las veces fuera de aquí. El recorte en el trasvase del Tajo representa en la práctica dejar herido de muerte un sector económico, el agrícola, que a lo largo de la última década ha sabido reinventarse con acierto hasta el punto de convertirse en el segundo en importancia en volumen de negocio, por detrás del turismo, y en motor de las exportaciones provinciales, por delante del calzado.
Cerrar el grifo del Tajo condena a la ruina la provincia de Alicante y empobrece a la Comunidad Valenciana. No soy capaz de vislumbrar qué beneficio saca el Gobierno con ello, ni el país. No hay informe alguno que asegure que el negocio que aquí se genera se vaya a trasladar a Castilla-La Mancha. No se puede negar que el momento es crítico y que algunos tienen más culpa que otros del desastre al que nos vemos abocados y que se ha venido gestando en las dos últimas décadas. Los agricultores confiaron, en mi opinión sin motivo razonable alguno, en que los políticos valencianos harían su trabajo.
Lamentablemente, la política valenciana, con independencia de si era PP o PSPV, siempre jugó al regate corto en el asunto del agua, con fines electoralistas y llegando a desentenderse en algunas ocasiones. Ahora, el presidente del Consell, Ximo Puig, asegura que el trasvase es irrenunciable. Estoy de acuerdo. ¿Le respaldarán todos los partidos de la Comunidad? ¿Le apoyan en su propio partido? ¿Cuenta con los ministros valencianos –José Luis Ábalos (Transportes), Luis Planas (Agricultura), Pedro Duque (Ciencia) y Rodríguez Uribes (Cultura)–? Lleve cuidado, pese a que estamos en su circunscripción electoral, los cuatro han decidido hacerse los mudos.
