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Joaquín Rábago

¡Ay, esos jueces!

Foro Judicial Independiente ve la reforma de CGPJ como "una nueva vuelta de tuerca a la falta de independencia judicial"

Tiene bemoles que con la que está cayendo, como se dice coloquialmente, tres asociaciones de jueces, todas menos la progresista, se hayan dirigido a la Comisión Europea para denunciar las intromisiones del Gobierno en su profesión.

Critican las tres asociaciones – la Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente- el “riesgo claro de violación grave del Estado de derecho en España”.

Riesgo que atribuyen, según leemos, a las reformas impulsadas por el Gobierno de coalición, sobre todo la que limita las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial para seguir efectuando nombramientos mientras continúe en funciones.

Según denuncian esas asociaciones en su escrito, dirigido a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia y al comisario europeo de Justicia, que en este país se está produciendo “una intromisión política del Poder Judicial” que compromete su independencia e imparcialidad.

Y se quejan de que se siga haciendo caso omiso de “las recomendaciones que se han ido proponiendo” y “se continúa en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial”.

Pero ¿acaso no se ha visto el Gobierno de Pedro Sánchez a tales reformas precisamente por el bloqueo sistemático de la renovación del Consejo por parte de un Partido Popular empecinadamente obstruccionista?

El mandato de cinco años del Consejo acabó en diciembre del 2018, pero ese órgano, cuya composición ya no refleja la composición de las actuales Cortes Generales sino la del período en que Mariano Rajoy gobernaba el país, siguió nombrando a jueces como si tal cosa al no conseguir llegar los principales partidos a ningún acuerdo para su renovación.

Estando sólo en funciones, el Consejo ha designado a más de medio centenar de jueces, entre ellos a trece magistrados del alto tribunal, que tienen carácter vitalicio como los jueces del Tribunal Supremo de EEUU.

Si hay algo que constituye ese “riesgo claro de violación del Estado de derecho”, se le antoja a uno, no es tanto la decisión de un Gobierno legítimamente constituido y debidamente amparada además por el poder legislativo cuanto esos nombramientos fuera de plazo.

Han pasado años nueve años desde la denuncia que hicieron en un libro el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo y el ex magistrado Antonio Doñate de la pervivencia del “franquismo y de sus fundamentos autoritarios en parte del poder judicial” (1).

La magistratura se ha renovado ciertamente y es hoy con todo bastante más plural, pero conforme se asciende en la escala jerárquica, el poder judicial sigue siendo elitista y más conservador que la propia sociedad.

Esto explica que muchas sentencias, entre ellas las relativas a la libertad de expresión, resulten incomprensibles para la mayoría de los ciudadanos.

Lo cual no impide reconocer que hay siempre esfuerzos de los políticos por controlar el poder judicial, lo que muchas veces se debe, más que a cuestiones ideológicas, a intereses partitocráticos o hasta personales. Como ha señalado alguien, se espera de los jueces lealtad a quienes los nombró.

  1. “Jueces, pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial”. 

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