Esta semana, el ministro Escrivá ha comparecido en el Congreso para hablar del futuro de las pensiones. Es un tema importante, no sólo para los más de 9 millones de pensionistas actuales sino para, prácticamente toda la población y, por ello, es necesario debatir, con la máxima participación, asunto tan crucial y buscar soluciones viables.

El Pacto de Toledo, en noviembre de 2020, llegó a un acuerdo muy amplio de todas las fuerzas políticas, a excepción de Vox que se desmarcó, para pactar un listado de 22 recomendaciones, a las que el Congreso debía adaptar la legislación para su aplicación y que perseguían garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la revalorización de las mismas de acuerdo con el IPC, entre otras cuestiones fundamentales.

Se han hecho avances pero quedan cuestiones importantes por aclarar: Sigue sin derogarse la reforma de las pensiones que hizo el PP en 2013 y que tanto ha perjudicado a los pensionistas, igual pasa con el factor de sostenibilidad que, si no se modifica, entrará en vigor el 1-1-23 y condicionará las nuevas pensiones a la esperanza de vida. Una barbaridad que persigue reducir su cuantía futura.

Y el ministro sigue sin renunciar a su propuesta de alargar el cómputo de la vida laboral, a efectos de la base reguladora de la pensión, a los 35 años cotizados, algo que no está en los acuerdos del Pacto de Toledo y que ocasionará reducciones futuras. Unidas Podemos ya ha anunciado su rechazo a la misma y eso augura conflictos dentro del Gobierno.

Ha destacado el ministro Escrivá, en cambio, el tema de las jubilaciones anticipadas como enemigo a batir, y favorecer su retraso planteando una propuesta estrella: Abonar, hasta 12.000 euros anuales, para aquellos que prolonguen su actividad en determinadas condiciones. De entrada parece dudoso que esta sea la medida que el mercado laboral necesita. Si con el paro actual se premia que no se jubilen los que trabajan, no parece que esto facilite su acceso al que no lo tiene. Otra cosa es que el que quiera seguir voluntariamente lo haga, pero encima pagarle, parece demasiado.

Y sigue sin resolver otro de los problemas pendientes que tiene encima de la mesa: el de aquellas personas (se calcula algo más de 500.000) que tuvieron que jubilarse anticipadamente y con carreras de cotización que superan los 40 años. Lo hicieron con fuertes penalizaciones en sus pensiones, en algunos casos del 40%. No eran jubilaciones muy voluntarias. En la mayoría de los casos se habla de personas de 60 o más años que, en situación de paro, no encontraban ningún trabajo por su edad y la pensión, aún con tan fuerte penalización, les resultaba mejor que los poco más de 400 euros mensuales que venían cobrando del subsidio. El Pacto de Toledo pidió en noviembre pasado que, el Gobierno, en el plazo de tres meses presentara un estudio sobre este tema. No sólo no lo ha hecho, sino que Escrivá lo anuncia para finales de 2022. Muestra su despreocupación por un tema que afecta a muchos y que ha motivado que, entre otros, asociaciones como Asjubi40 desarrollen una campaña para acabar con ésa situación discriminatoria. Téngase en cuenta que una persona con 65 años ha podido jubilarse con el 100% de la pensión si ha cotizado poco más de 37 años, mientras que una que haya cotizado más de 44 años ha podido perder hasta un 40% de la misma si lo ha hecho antes de cumplir esa edad. Y hay que recordar que, según datos que facilita CC OO, más del 81% de las jubilaciones anticipadas en España son de personas que vienen procedentes del desempleo, con lo que ello significa.

La jubilación anticipada no siempre es un capricho, como parece entender el ministro Escrivá. En muchas ocasiones es un último recurso para gente con muchos años cotizados pero que el mercado laboral, por su edad, rechaza. No les siga culpabilizando encima y busque soluciones más justas.