El Consejo General del poder judicial (CGPJ) es el órgano gubernativo de los jueces cuyo principal papel es el nombramiento de los altos cargos de la judicatura y del régimen disciplinario. Está compuesto según nuestra Constitución por 20 miembros, 12 elegidos entre jueces y 8 entre juristas por tres quintas partes del Congreso y el Senado (a semejanza de los países de nuestro entorno), y así se estableció en 1980. Pero en 1985 se modificó en el sentido de que los 20 fueran elegidos por las Cortes, y el Tribunal Constitucional aceptó la modificación, aunque poniendo reparos para que nos hiciera un reparto según las cuotas de los partidos. El último Consejo estaba constituido por mayoría de jueces propuestos por el Partido Popular en la época de Rajoy, pero cuando se tuvo que cambiar con las nuevas Cortes, el PP se opone a la renovación porque evita a los propuestos por Podemos o aquellos que han dictado una sentencia que les afecta como partido.
Como el Consejo estaba en funciones, a semejanza de cuando un gobierno está en funciones que tiene muy limitadas sus funciones, una reciente ley les impide que puedan seguir haciendo nombramientos hasta la formación de un nuevo Consejo. Por este motivo las asociaciones conservadoras de los jueces, que son todas menos la asociación de Jueces para la Democracia, con una gran deslealtad a las instituciones españolas, según muchos críticos juristas, han presentado una denuncia ante el Consejo de Europa porque en virtud de esta ley se vulnera el Estado de derecho y la independencia judicial por intromisión del poder legislativo, por lo tanto se solicita que se tomen medidas sancionadoras contra España y entre ellas que pierda el derecho de voto en el Consejo de Europa.
Sabido es que los miembros de la Unión Europea tienen que cumplir unos requisitos de democracia y de independencia de los poderes, y en el supuesto de que no se cumpla, pueden suspenderse las multimillonarias ayudas que se van a dar a los países para recuperarse de la terrible pandemia de la Covid. Así que si prospera la denuncia de asociaciones conservadoras de jueces españoles, puede verse España privada de la ayuda económica europea en grave perjuicio de todos los españoles. Las citadas asociaciones pudieron dirigirse a los tribunales españoles y especialmente al Tribunal Constitucional, si consideraban que esa disposición limitando las funciones del CGPJ vulneraba el Estado de derecho que establece nuestra Constitución. Lejos de ello, directamente y por el motivo de que los esperados nombramientos con mayoría en el Consejo de miembros propuestos por el PP, quedaban en suspenso y como represalia se han dirigido a la Unión Europea, desacreditando al régimen judicial y político español para que se tomen medidas sancionadoras, han cometido un acto de deslealtad hacia los españoles inconmensurable.
Para mayor inri, los dos últimos nombramientos que ha hecho el Consejo, han sido anulados por el Tribunal Supremo por manifiesta arbitrariedad e infracción de todas las normas reglamentarias para los citados nombramientos ¿y éste es el CGPJ que defienden estas asociaciones conservadoras para que siga haciendo los nombramientos un Consejo en funciones durante más de dos años? Claro que el CGPJ no tomará ninguna medida sancionadora contra dichas asociaciones, en primer lugar, porque no están actuando como jueces sino como políticos, y en segundo lugar, es un movimiento a favor del actual Consejo y nadie tira piedras sobre su propio tejado.
