Vivimos en permanente estado de alarma. Y las hay de dos clases. La primera la decretó el Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus, y la segunda, una empresa privada que quiere vendernos un aparato que nos advierte (a nosotros y a la policía) de la presencia en el interior de nuestra vivienda de alguien que nos quiere robar. La alarma gubernamental tuvo una tramitación tormentosa en el Parlamento porque no se disponía del instrumento legal apropiado para hacerla efectiva; salvo un ambiguo artículo 155 de la Constitución que lo permitía casi todo y otorgaba al Ejecutivo un poder discrecional ilimitado. La oposición, que tampoco es un frente unido, expresó sus dudas y advirtió severamente al presidente Sánchez de que se abstuviese de aprovechar la coyuntura para tomar ventaja. A falta de encontrar rápidamente una vacuna (hazaña científica para la que nuestros laboratorios no parecían estar suficientemente preparados) las autoridades sanitarias recomendaron a la ciudadanía el lavado frecuente de manos, mantener una distancia social de al menos dos metros y el uso de mascarillas. Tres medidas polémicas muy difíciles de aceptar por una nación que ha hecho del turismo su principal industria y por un público acostumbrado a relacionarse al aire libre, y que, como suele decirse, “vive en la calle”. Parar la extensión de la pandemia recurriendo solo al patriotismo, a la sentimentalidad y al voluntarismo se antojaba insuficiente y entonces el Gobierno, previa declaración del estado de alarma, decretó un confinamiento de tres meses para el conjunto de la población, excepción hecha del personal de los servicios esenciales. Fue entonces que empezaron los aplausos desde balcones y ventanas en honor de los heroicos ciudadanos que combatían en primera línea de los servicios sanitarios, muchas veces desbordados por la dolorosa falta de medios. Y el mismo agradecimiento para los trabajadores de los supermercados, los transportistas y todos los que expusieron generosamente su salud en beneficio del común. Seguramente animado por esa pasajera sensación, y, por qué no decirlo también, por unos datos que no permitían vislumbrar la realidad, el presidente Sánchez proclamó que “Habíamos vencido al virus” y por tanto alcanzado la Tierra Prometida de la “nueva normalidad”. No era cierto, pero eso le dio pie (mientras empezaban a llegar las vacunas) para endilgar buena parte de la factura política a las comunidades autónomas, cuyo fracaso estrepitoso en la gestión estaba a la vista. Ahora, el objetivo es alcanzar a revienta caballos al 70% de vacunaciones que nos prometió Sánchez para controlar la pandemia Y mientras eso no llega entretengámonos con esa otra alarma, comercial por supuesto, que nos garantiza tranquilidad en el hogar a cambio de contratar un servicio a prueba de ladrones y de okupas. Como el mensaje publicitario era tan persistente quise averiguar si esa amenaza se correspondía con una situación real, pero no pude encontrar ningún dato estadístico para confirmarlo. “Cariño he llamado para que nos vengan a instalar hoy mismo la alarma. Los del quinto salieron a comprar el periódico y a su regreso cayeron en la cuenta de que les habían robado”. Y cosas parecidas. Menos mal que se trata solo de unos anuncios. Sería horrible vivir en una sociedad donde los delincuentes gozasen de tanta impunidad.
