A pesar de los pesares, Alicante cerró 2020 manteniéndose como la quinta provincia de España en Producto Interior Bruto, con alrededor de 36.500 millones de euros, más que la Región de Murcia y sólo por debajo de los clásicos: por ese orden, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. En población también ocupamos el quinto lugar, aunque las proyecciones indican que en 2021 volveremos a recuperar la cuarta plaza, superando a la capital de Andalucía. Sin embargo, otro indicador, el de la renta per cápita, pone en evidencia los graves desequilibrios que la economía alicantina sigue sufriendo: si nuestro PIB provincial es el quinto de España, en renta por habitante nada menos que 43 provincias nos superan. En ese epígrafe llevamos años en el pozo. Un tejido empresarial extremadamente atomizado, empleo de baja calidad, precario y mal remunerado, sectores productivos muy sensibles a las coyunturas y cuya única forma de reaccionar a los ciclos recesivos es el recorte de salarios y puestos de trabajo, economía sumergida, envejecimiento de la población... Son algunas de las razones (no todas) que explican esa contradicción de ser la quinta provincia en PIB y la 44 en renta per cápita. Todos los especialistas (el Colegio de Economistas, el Instituto de Economía de la Universidad de Alicante, INECA...) vienen advirtiendo desde hace años en sucesivos estudios de las amenazas que atenazan la estructura productiva alicantina y sus consecuencias en todos los órdenes, incluido el social. Con escaso éxito, por desgracia. La falta de implicación institucional para abordar los problemas tiene mucho que ver con que estos se hayan cronificado.
Mediada la primera década del presente siglo, las distintas administraciones parecieron tomar conciencia de la situación y recurrieron a la fórmula mágica de los planes estratégicos. No sólo no sirvieron para nada, sino que se convirtieron en un ejemplo de la incapacidad de articularse que tiene esta provincia. No se hizo uno, se elaboraron al mismo tiempo tres y en competencia: uno por parte de la Diputación, presidida entonces por José Joaquín Ripoll; otro impulsado por la Generalitat, al frente de la cual se encontraba Francisco Camps, ambos encargados en medio de la guerra civil que entre «zaplanistas» y «campistas» se estaba librando con Alicante como principal campo de exterminio político. El tercero lo hizo la patronal Coepa, que aún existía. Los tres los sufragó la Caja del Mediterráneo, que todavía en aquella época seguía siendo utilizada como «pagafantas» de todos los caprichos que se nos ocurrían hasta que, como tenía que ser, acabamos quebrándola. Los tres se presentaron en el Club INFORMACIÓN de este periódico y quien firma este texto tiene que reconocer que fue incapaz de encontrar grandes diferencias entre ellos que justificaran que se hubieran hecho tres por separado, y no uno entre todos. Lo más sorprendente es que tampoco ninguno, a la altura casi de 2010, aportaba nada que no figurara ya en el correspondiente plan estratégico provincial que había aprobado a mediados de los noventa del siglo anterior la Diputación que entonces presidía el socialista Antonio Mira-Perceval. El suyo lo enterró el PP en cuanto llegó al poder en 1995. Los tres a los que ahora me estaba refiriendo se guardaron en el cajón en cuanto que fueron presentados. Aún hubo otro más, centrado en la ciudad de Alicante y financiado por Carlos Castillo, hoy síndico adjunto de Agravios, cuando era concejal. Resultó otro fiasco.
La situación, sin embargo, es ahora más grave que nunca. En parte por los efectos a corto, medio y largo plazo de la pandemia. En parte, por las consecuencias no afrontadas de la Gran Recesión de 2008, que todavía estamos sufriendo. Y en parte, por los cambios a escala global que se han producido con independencia de ambas crisis, que suponen niveles de exigencia empresarial, laboral, social y, sobre todo, política, para la que no nos hemos preparado.
El gran despegue económico de Alicante a partir de los años 60 del siglo pasado se asentó sobre pilares muy concretos: el turismo, tanto residencial como hotelero; el calzado y la marroquinería; la construcción; la agricultura; el sector del automóvil y el posicionamiento financiero gracias a la fortaleza de la CAM, que llegó a ser la tercera/cuarta caja de España, y al enorme despliegue que la banca privada mantuvo en esta provincia. El problema, ya desde el origen, es que ese formidable desarrollo se basó en el «bueno, bonito, barato». Escogimos ser los primeros en el «top manta» de la economía. Lo dicho: microempresas, empleo de baja calidad, escasa formación y mínima productividad, especulación y economía sumergida, ambas cosas, estas últimas, en las que participó con tanta frivolidad como avidez por exprimir el limón la banca, así fuera semipública como privada.
En la Gran Recesión de hace sólo una década, buena parte de esos pilares ya se vinieron abajo: la construcción se hundió, arrastrando con ella a la industria auxiliar; el sector del automóvil se contrajo (y la pandemia ahora lo está rematando) y la provincia quedó fuera del mapa financiero: perdimos el mascarón de proa (la CAM) como antes nos habíamos quedado sin el Banco de Alicante, pero también las grandes entidades privadas fueron replegándose en un proceso de destrucción de oficinas y empleos que, lejos de revertirse, ahora se ha agudizado.
Pero, mal que bien, el calzado y la agricultura fueron capaces de capear el temporal. Y, sobre todo, el turismo se convirtió en el gran motor que mantuvo la provincia. Un sector que, además, demostró gran inteligencia: renovó su planta, la amplió y logró incluso incrementar precios: empezar a salir de la trampa del «bueno, bonito, barato», donde el tercero de los factores falsea siempre los dos primeros. Eso por lo que toca a los hoteles, porque en el residencial, y a pesar de la crisis de la construcción, también se fue capaz de rehabilitar la imagen y revertir el enorme daño internacional que había causado a nuestra reputación la ley del urbanizador, interpretada fuera de España como un procedimiento de expropiación forzosa y arbitraria que sumía a cualquier comprador de una vivienda en la más absoluta inseguridad jurídica. Cambiaron, para mejor, las empresas protagonistas de dicho sector: TM, una de las grandes hoy, no tiene nada que ver afortunadamente con las empresas que antes dominaban ese segmento a base de depredar el territorio, vender a precios muy bajos y obtener el beneficio por la vía de la mala calidad y los pagos en «b».
Ahora, sin haberse recuperado los que peor lo pasaron a partir de 2008, se tambalean los que entonces nos permitieron aguantar: el turismo, el calzado, la agricultura. Y la presión que sufren no viene tanto de la situación derivada de la pandemia, por mucho que sus efectos hayan sido terribles sobre todo para la hostelería, como por la falta de comprensión de sus características y de lo que está en juego que se observa en las élites políticas madrileñas. Desde luego, por parte del Gobierno de Sánchez. Pero también por lo que toca al PP de Casado.
En Madrid (y en algunos de los partidos que forman parte del Botànic que gobierna la Comunidad Valenciana, aunque no sea el caso del PSPV) el turismo que llaman «de masas» está satanizado. Es difícil de entender en el caso de un gobierno como el de Sánchez, que se dice de izquierdas. Y más aún lo es en el de un partido como Podemos, que quería asaltar el cielo pero parece pensar que las playas sólo deben ser para los que puedan permitirse el lujo. Pero es así. Y ello deriva en que, aunque el discurso público sea aparentemente en defensa del sector, las medidas que se aplican vayan en su contra. Como recordaba el viernes Hosbec, nuestros principales competidores, sobre todo la región turca de Antalia, han vacunado ya a todas las plantillas de sus establecimientos, utilizando esa inmunización como un elemento más de promoción. Aquí no se ha dado ninguna prioridad a esos trabajadores, aunque hubiera sido económicamente una apuesta sensata. También se ha anunciado por dos veces que habrá de nuevo programa vacacional del Imserso. Pero lo cierto es que la tramitación de esos programas es muy farragosa y estamos a mediados de abril. Va a ser difícil que en septiembre pueda estar funcionando, pese a que hemos tenido un año para prepararlo. En Madrid tienen una percepción perversa: creen que esta crisis debe servir de palanca para acabar con un modelo turístico que no les gusta. Pero resulta que no tienen alternativa. Lo inteligente sería apoyar al sector para que sobreviva, y una vez consolidado de nuevo, avanzar en un cambio de modelo consensuado, que los propios empresarios reclaman. Pero si lo arrasas, sobre las cenizas no habrá modelo que construir: los fondos buitre que sobrevuelan los hoteles no crean economía, la agotan.
El calzado, por su parte, del que dependen directamente tres grandes comarcas (el bajo, el medio y el alto Vinalopó), se ha convertido en la víctima inesperada de la batalla por la tasa Google, con la advertencia encima de la mesa de elevar los aranceles por parte de Estados Unidos al 35%, lo que supondría su quiebra. La Generalitat ha actuado rápidamente -en este caso, sí con una posición unánime del PSPV y Compromís-, pero volvemos a lo mismo: el problema está en Madrid, donde la del calzado siempre ha sido considerada una industria «menor». O lo que es lo mismo: sacrificable.
Y encima, vuelve a estallar la guerra del agua. En el peor de los momentos. Y una vez más, vemos cómo desde Madrid se funciona a base de tópicos, sin conocer ni querer conocer la realidad. Con los topes que quieren imponer arbitrariamente al trasvase del Tajo-Segura una de las agriculturas más rentables de España se vendrá abajo. García Page, presidente de Castilla-La Mancha, siguiendo la estela de sus predecesores (ya fueran socialistas -José Bono- como populares -Cospedal) ha conseguido instalar un relato que es mentira: aquí no se roba el agua de un sitio para regalarla en otro. Aquí el agua se paga dos veces: una en forma de canon y otra en forma de impuestos. Porque son los impuestos de los alicantinos (y de la Comunidad Valenciana en general) los que contribuyen a equilibrar la balanza de Castilla-La Mancha para que sus habitantes tengan los mismos servicios que los demás, como es su derecho. Así que basta ya de este cuento de buenos y malos. A ver si ahora va a resultar que no se puede reformar el sistema de financiación para que no seamos la única Comunidad que paga más que ingresa, pero sí se puede cerrar el trasvase porque somos, a lo que se ve, unos privilegiados. O la solidaridad va en los dos sentidos, o los discriminados somos nosotros, por partida doble.
Un asidero
Hay elementos positivos para afrontar estas batallas. De una parte, es evidente que al próximo líder regional del PP y candidato a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, no hay necesidad de explicarle nada de esto. De la otra, también es cierto que al actual president de la Generalitat, Ximo Puig, tampoco. No sólo conoce los problemas, sino que ha demostrado mayor preocupación por lo que ocurre en Alicante que sus predecesores.
Pero la actual situación política conlleva el peligro de que Puig se vea en un callejón sin salida y Mazón ceda a la tentación de aprovecharlo. Me explico: Puig piensa que no puede formar un frente común con Andalucía, pero sobre todo con Murcia, donde el PP ha incluido en su gobierno a la ultraderecha por primera vez en España, sin pagar un alto coste por ello. No le falta razón. Pero a Mazón, todo lo que sea que el que esté en la foto contra el recorte del trasvase junto al presidente andaluz y al murciano sea él, y no Puig, le beneficia. Y es lógico que no renuncie a aprovecharlo.
Sin embargo, la responsabilidad de ambos debería llevarles a encontrar una fórmula que les permitiera salir airosos del envite y actuar coordinados frente a Madrid en todos los extremos que hemos citado: no sólo en el agua, sino también en el calzado y en el turismo. Llegar a un auténtico pacto por la provincia, que permita, no sólo superar las riesgos que penden como espadas de Damocles sobre sectores tan capitales, sino proyectar el futuro para poner los fondos europeos al servicio de su transformación. Y al mismo tiempo, apoyar la transición hacia la nueva economía de forma mancomunada, porque sigue sin entenderse que el Distrito Digital de la Generalitat, el CENID de la Diputación y las universidades y el Alicante Futura del Ayuntamiento de la capital no consensúen una estrategia común y complementaria.
Necesitamos, como nunca, que ese pacto por la provincia se produzca. Que Puig y Mazón (pero también Compromís, que no puede pretender sobrevivir en Alicante como mosca cojonera por toda definición) arriesguen. Sin hipocresías: las fotos y las declaraciones son necesarias, pero la batalla sigue estando en Madrid y es allí donde Puig debe demostrar su peso como presidente de la comunidad más importante que gobierna el PSOE y Mazón probar su liderazgo haciendo que su partido se mueva en el Congreso, no vaya a ser que comprobemos de nuevo que el PP alienta las guerras en unos territorios pero se cuida mucho de no ofender a otros para no perder un solo voto. En definitiva, abundando en la propuesta que hacía ayer en estas páginas el director de INFORMACIÓN, Tomás Mayoral, que los dos se la jueguen frente a sus electores y no estén, por el contrario, viendo quién da el paso en falso primero. Porque si no son ellos, hasta a los ateos sólo nos quedará Santa Faz. Pero la Santa Faz lleva ya dos años confinada. Así que ni esa misericordia podemos esperar.
