En los túneles del metro madrileño han colocado un gran cartel, a la vista de los cientos de miles que utilizan diariamente ese transporte, que compara malévolamente la pensión de una anciana de tez blanca y pelo plateado, con lo que le cuesta supuestamente al Estado mantener a un menor no acompañado.
Al margen de la falsedad de las cifras que en él se comparan, el mensaje del partido de ultraderecha que ha ideado el cartel no puede ser más claro: al supuesto menor se le representa torvo y encapuchado como si fuera un peligroso delincuente.
Se trata de un partido cuyos dirigentes aprovechan todos sus actos públicos y las entrevistas que les hacen los medios afines para asustar a la gente mayor con el espantajo de una inmigración a la que asocian continuamente con las violaciones, las ocupaciones y la delincuencia callejera.
Es un tipo de propaganda racista que en cierto modo recuerda, aunque sea algo menos burda, a la utilizada en los años treinta por el partido nacionalsocialista para deshumanizar a los judíos, a los que consideraba parásitos del sano pueblo alemán.
Y, sin embargo, pese a la clara xenofobia del mensaje, un juzgado de la capital denegó la medida cautelar solicitada por la fiscalía para que ese cartel fuese retirado cuanto antes de la vista pública con el extraño argumento de que no se daba peligro por la demora en hacerlo, “ni apariencia de buen derecho”.
El ministerio público había calificado la imagen del cartel – y perdone el lector los términos legales, que me limito a reproducir, de “prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial”, algo que al parecer no acertó a ver el juez de marras. ¡Ay, cierta justicia!
Esa noticia coincidía en el tiempo con la del envío al ministro del Interior, a la directora de la Guardia Civil y al ex vicepresidente del Gobierno y candidato por Unidas/Podemos a la presidencia de la Comunidad madrileña de sendos sobres con balas y amenazas de muerte en su interior.
Recordemos el vídeo de hace dos años en el que un individuo de ultraderecha utilizaba como blanco en sus prácticas de tiro fotografías del actual presidente del Gobierno y de varios dirigentes de Podemos.
Mientras el tirador abatía uno a uno los carteles con las imágenes de esos políticos, otro tipo no identificado gritaba “¡Sentencia!” como si se tratase de un juicio, seguido de ejecución.
Y cada vez que daba en el blanco, el tirador se volvía ufano hacia la cámara que lo estaba grabando y hacía, visiblemente satisfecho, una peineta.
Aquel caso acabó archivado por otro juez: La Audiencia Nacional, que investigó la posible comisión de un delito de amenazas al Gobierno, llegó a la conclusión de que no se trataba de algo premeditado y que aquel individuo lo había hecho sólo “por matar el tiempo”.
El discurso del odio se ha apoderado de la campaña electoral madrileña. Es un discurso demagógico, gravemente injurioso y continuamente provocador el que utiliza diariamente la candidata del partido que ha ideado el repugnante cartel del metro y aspira a gobernar – o al menos cogobernar con el PP- la Comunidad madrileña.
El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico describe así ese tipo de discurso. No es sólo, dice, el “que se proyecta sobre las condiciones étnicas, religiosas o sexuales de la persona”, sino también el que “persigue fomentar el rechazo y la exclusión de la vida política y aun la eliminación física de quienes no comparten el discurso de los intolerantes”. ¿Es algo tan difícil de entender para algunos jueces? ¿O es también un problema del legislador?
