Ximo Puig estuvo ayer de penitencia por la provincia de Alicante. Con los agricultores. El día anterior lo estuvo por Murcia la consellera de Agricultura, la ilicitana Mireia Mollà. Con su homólogo murciano y el presidente de los regantes. Ambos tratan de eclipsar el resbalón que tuvieron la pasada semana al no estar donde debían: junto a los agricultores en Alicante protestando contra el recorte de los caudales del trasvase del Tajo para esta provincia y junto a las comunidades de Murcia y Andalucía por el mismo motivo, por supuesto sin aquelarres. Desde el Consell se viene asegurando que el trasvase es «irrenunciable». Palabras. Que están dispuestos a recurrir en los tribunales. ¿Cuántas reuniones han mantenido Puig y Mollà con Pedro Sánchez (presidente del Gobierno), Teresa Ribera (ministra de Transición Ecológica) y Luis Planas (ministro de Agricultura) para evitar que se recorte el trasvase? «Me reuniré con quien tenga que reunirme», dijo ayer en la provincia el presidente del Consell para matizar de inmediato: «Con todas las personas que sea necesario». No es lo mismo. Debe reunirse con el presidente del Gobierno, otra cosa es con quién piense él que es necesario. Lo que hace el Consell es lo fácil: que sean los tribunales los que diriman si es legal la decisión o no. Se quitan de encima el problema, que dictamine un juez y ellos no se meten en líos políticos internos. Cosas de juristas, que no de política. Esto pasa porque es la provincia de Alicante. Si en vez de ser el trasvase Tajo-Segura fuera el trasvase Tajo-Júcar, no sería lo mismo. A las pruebas me remito, una década llevamos esperando a que se arregle un embalse -el de San Diego, que se construyó mal- para que llegue agua del Júcar a la provincia, que debe llegar y no llega gota alguna. Para el Consell no es lo mismo Valencia que Alicante. Como en el chiste: «No es lo mismo ‘Tejidos y Novedades en el piso de arriba’ que ‘te jodes, no ves nada y te pisan encima’».
