A pocos días de que el Gobierno Español cese el estado de alarma y en pleno proceso de vacunación de la población para la protección contra la COVID-19, muchos colectivos esenciales seguimos sin contar ni tan siquiera con la primera dosis.
Cierto es que no es cuestión sencilla y que el proceso de vacunación ha sufrido diversas interferencias, interrupciones y desórdenes. Pero bajo ese paraguas no puede darse cobijo a la falta de previsión, organización y, sobre todo, olvido hacia determinados colectivos.
A mediados de marzo, desde el gobierno se adoptó la medida de suspender temporalmente la vacunación con AstraZneca, y ello ha repercutido notablemente en la programación de la vacunación a los colectivos esenciales, pero de esto ya ha transcurrido 1 mes y medio, por lo que no puede servir como excusa de un importante desatino en la adopción de medidas de protección ante determinadas trabajadoras y trabajadores.
Tanto el gobierno de la nación como el de la Comunitat Valenciana han declarado los servicios sociales de atención primaria municipales como servicios sociales esenciales, reforzando el importante papel que cumplimos en la atención a determinados sectores de la población. Creíamos que ello era también un impulso para sacarnos de la invisibilidad que sufrimos en nuestras carnes desde antaño; pero nada más lejos de la realidad
Desde el minuto cero del confinamiento, los y las profesionales de los servicios sociales municipales estuvimos ahí. No de manera telemática: la atención a las necesidades más perentorias de la población no puede realizarse desde casa, sino que requiere de la presencialidad de su personal técnico. Por el tipo de trabajo que desempeñamos, pero también por la importancia que tiene en nuestro trabajo estar cerca de los colectivos más vulnerables.
Estuvimos y seguimos estando ahí. Con las personas dependientes y sus cuidadores y cuidadoras. Con las personas sin hogar. Con las familias donde necesidades básicas tan fundamentales como la alimentación estaban sin cubrir. Con las mujeres víctimas de violencia de género. Con los niños, niñas y adolescentes en situaciones de maltrato y desprotección por parte de sus propias familias. Con las mujeres prostituidas. Y un largo etcétera.
Alguien podría decir que a estos colectivos se les está protegiendo desde los centros residenciales para mayores, mujeres, personas con discapacidad o incluso menores de edad. Y todo ello es cierto. Pero, no podría ser de otra manera pues estos residentes están bajo la guarda o tutela de la Generalitat Valenciana y, como responsable última no puede permitirse nuevas oleadas de contagio en sus centros.
Mientras tanto, compañeras y compañeros visitan diariamente a personas dependientes en sus domicilios (con el consiguiente riesgo en la salud para ellos, para las personas a quienes visitan así como poder ser vectores de transmisión), atienden diariamente a familias y personas en situación de exclusión social, de maltrato infantil o violencia de género; dan respuesta a las necesidades de alojamiento de personas que carecen de ello, así como todas aquellas acciones que consideramos imprescindibles para estar y dar respuesta a la población más vulnerable de nuestros municipios.
¿Acaso estas personas siguen siendo invisibles para nuestros y nuestras responsables públicos? Y nosotros, quienes les atendemos y asistimos, ¿es que no pintamos nada?
