No es de extrañar que el cambio de horario escolar se haya convertido en uno de los principales conflictos sociales creados por la cartera dirigida por Vicent Marzá. Ciertamente, si la modificación de la jornada escolar, por un lado, beneficia al gremio profesional interesado, por otro, afecta de forma negativa el aprendizaje y el bienestar y desarrollo de los escolares. Por estas y otras razones, durante años, hemos asistido a continuos enfrentamientos entre dos facciones. Por un lado, un profesorado apoyado por sindicatos y parte de las familias y, por otro, unas familias demandantes de diálogo y de estudios científicos previos que avalasen las promulgadas bondades de la nueva jornada escolar. Jornada catalogada como iniciativa experimental en la Comunidad Valenciana, a sus 40 años de existencia en territorio español.
Desde aquellas primeras votaciones de 2016, el tiempo no ha transcurrido en vano. Las tropelías legales cometidas por la Administración en connivencia con los equipos directivos y AMPA interesadas, dejaron paso a reclamaciones y denuncias, algunas de las cuales vieron la luz en los tribunales. Así llegamos a los primeros fallos en contra de la disposición transitoria única de la Orden 25/2016, de 13 junio, de la Conselleria de Educación y la resolución, de 15 de junio de 2016, que establecen el procedimiento y calendario de la jornada escolar, por ser contrarias a derecho, así como dos proyectos aprobados en este proceso.
Aun así, tras estas primeras sentencias, el Equipo de Campanar ha hecho caso omiso hasta ahora. Pero, la llegada de una sentencia firme y ejecutoria del TSJ obliga a Conselleria de Educación a proceder a la suspensión inmediata de este régimen en los 257 centros que aprobaron el cambio de jornada en el curso 2016/17. Esto permite a las familias ejercer su derecho a exigir a la dirección de su centro la vuelta a la jornada partida para el próximo curso 2021/22. Asimismo, éstas podrán solicitar a Conselleria daños y perjuicios por un cambio de jornada escolar indebidamente impuesto y en cuyo procedimiento las irregularidades se sucedieron y fueron aceptadas, sin pudor alguno, por parte de la Administración. Todo valió. Recordemos que lejos de corregir y actuar contra las infracciones cometidas en el proceso electoral, desde la Administración se eligió mostrar una actitud de prepotencia hacia las familias. Lo que debía ser experimental, revisable y evaluable ha quedado como irrevocable, inamovible y evaluado subjetivamente por los beneficiarios del cambio. Se han obviado los estudios científicos y las orientaciones de los expertos en los diferentes ámbitos que conforman el desarrollo cognitivo, emocional y social en la etapa infantil.
Pues bien, ahora es momento de reconocer el error y no de proponer una nueva normativa sin ciencia ni conciencia para la imposición de la jornada única, como ya han manifestado algunos miembros de Campanar. Tenemos una oportunidad única para que todos los agentes implicados, sean del signo político que sean, participen, dialoguen y orienten su actuación hacia una mejora educativa real y no hacia una mera compactación del tiempo lectivo. Un cambio de jornada, como el actual, no puede darse únicamente para mejorar condiciones laborales o favorecer una supuesta conciliación familiar. El camino ha de venir marcado por la mejora de la calidad educativa orientada al alumnado, el auténtico protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.
