La pandemia ha tenido como uno de sus efectos poner de relieve déficits que hasta el momento en que el covid irrumpió eran conocidos, pero no valorados. Así, la falta de músculo industrial de la Unión Europea, en general, y de España, en particular, que nos hizo en las primeras fases depender de forma agónica (literalmente) de los países asiáticos para proveernos de mascarillas o respiradores, que ya no éramos capaces de fabricar aquí. O la falta de personal sanitario, especialmente médicos. En cuanto a esto último, la Universidad de Alicante lleva varios años esperando obtener autorización para impartir el grado de Medicina. Tiene todas las autorizaciones necesarias, excepto la de la Generalitat Valenciana, que inexplicablemente sigue haciendo oídos sordos a la petición. Digo inexplicablemente, porque es posible que haya razones de peso para denegar esos estudios, pero desconocemos ni un solo estudio que justifique la negativa.
Alicante, como Universidad, nació con Facultad de Medicina. Conviene recordar que fue una colusión de intereses a mediados de los años 90 del siglo pasado, entre un sector de académicos de dicha facultad, deseosos de mayores recursos, y el nuevo poder político encarnado por Eduardo Zaplana, que prácticamente acababa de llegar a la presidencia de la Generalitat poniendo fin a doce años de gobiernos socialistas y quería dejar su propia impronta cuanto antes, la que hizo que se tomara una decisión inédita hasta aquella fecha: la de crear una nueva Universidad -la Miguel Hernández- amputando otra. Alicante perdió Medicina, aunque físicamente la Facultad siguió estando donde estaba, en el término municipal de Sant Joan, a 9 kilómetros de Alicante y 34 de Elche, a cuyo nuevo rectorado se adscribió.
Aquello provocó una gran controversia política y académica. Pero no protestas más allá de ambas burbujas ni mucho menos manifestaciones callejeras. Es lógico. Para el ciudadano, nada cambiaba a la postre: seguía siendo posible estudiar Medicina sin salir de la provincia e, incluso, sin desplazarse a ningún sitio distinto al que hasta ese día era su campus. Sin embargo, el paso de los años ha introducido nuevos elementos que tal vez habría que evaluar. De un lado, la Universidad de Alicante ha pagado en términos de posicionamiento la falta de los estudios de Medicina, sin los cuales es muy difícil sobresalir en cualquier ranking. De otra, los sucesivos responsables de la Miguel Hernández se diría que desde el primer día tomaron nota del viejo chiste que dice que los rectores que se portan mal no van al infierno, sino a la Facultad de Medicina, así que mejor tenerla pero aparentar que no existe. El resultado es que han dejado hacer, pero no la han potenciado, hasta el punto de que a día de hoy apenas hay catedráticos en ella.
No se trata por tanto de reivindicar ahora el regreso de Medicina a Alicante y la pérdida de esos estudios por parte de Elche. Sería una decisión absolutamente irracional. Tampoco de poner a competir a ambas universidades en esa materia, lo que no mejoraría la excelencia de ninguna y sí supondría un despilfarro. De lo que se trata es de atender una petición justa de Alicante sin perjudicar lo que ya existe adscrito a Elche. De hacer de una vez a ambas universidades complementarias. Para los que creen que la existencia de dos facultades de Medicina en una misma provincia sería algo disparatado, habría que recordarles que hay dos facultades de Derecho, una en Elche y otra en Alicante, y no parece que el mundo se haya venido abajo. De lo que se trata es de si ambas tienen bases sólidas para desarrollar esos estudios y de si hay o no hay demanda.
Respecto a lo primero, habría que decir que aparentemente sí. La Facultad de Medicina de la Miguel Hernández cuenta con centros de excelencia internacional, como el Instituto de Neurociencias. La de Alicante mantuvo los estudios de Ciencias de la Salud cuando perdió Medicina y, por ejemplo, su grado de Enfermería acaba de ser distinguido como uno de los mejores de nuestro país en un reciente estudio de la fundación vinculada al Banco de Santander. Es en Alicante donde pronto va a ser investido catedrático Francisco Mojica, el microbiólogo cuyas investigaciones abrieron la vía para llegar a lo que se considera uno de los mayores avances científicos de las últimas décadas: las tijeras moleculares o técnica CRISPR. O sea, que fundamentos suficientes hay tanto en Elche como en Alicante.
¿Y demanda? Ya eran muchos los jóvenes que, deseando estudiar Medicina, se quedaban fuera por unas notas de corte que, si alguna vez tuvieron el objetivo de cribar para seleccionar a los mejores, hoy han perdido por completo ese sentido para convertirse simplemente en una forma de dejar fuera a los que no caben porque no hay plazas para ellos, mientras que sí hay necesidad de médicos: España es el país número 20 en facultativos por habitante, superado por todos los países desarrollados. Pero en todo caso, la demanda crece: un 40% más de estudiantes declararon este año aspirar a convertirse en médicos respecto a lo que lo hacían en ejercicios anteriores, según el mismo estudio de la fundación antes citada, un alza en la que sin duda ha tenido que ver la pandemia y el ejemplo que los profesionales sanitarios han dado durante la misma, seguramente motivador para aquellos cuyo horizonte no empieza y acaba en un botellón. La cuestión no es sólo que puedan estudiar. Es, además, la calidad de la formación tanto teórica como práctica que reciban. Y las condiciones en las que luego podrán ejercer su profesión: si horarios y retribuciones siguen como hasta ahora, estaremos gastando dinero en formar a médicos que acabarán ejerciendo en otros países. Haremos la inversión, pero no tendremos retorno.
La exministra y empresaria Cristina Garmendia advirtió, en un reciente acto celebrado en el Club INFORMACIÓN, del cambio, a su juicio negativo, que estaba experimentado la enseñanza universitaria en nuestro país. La Universidad pública funcionó desde la Transición como el auténtico ascensor social en España. Sin embargo, hoy se está viendo comprometida por la enseñanza privada, lo que lleva a una situación peligrosa socialmente: la de que tenga más posibilidades no el mejor, sino el que proceda de un entorno más rico. Esa reflexión de Garmendia -que antes y después de ser ministra fue y es una empresaria de éxito, que decide fondos por cientos de millones de euros- debería hacer pensar a un Gobierno que se dice de izquierdas como el Botànic. Porque no es el sector privado el que ha lanzado ninguna opa hostil a las universidades públicas para desplazarlas, sino la Administración la que no está siendo capaz de mantener el nivel de los centros académicos para preservar ese elemento de igualdad.
Yendo al caso de Alicante, la Generalitat valenciana lleva varios años sin contestar a la petición, planteada por el rector Manuel Palomar y que su sucesora, la rectora Amparo Navarro, ha decidido mantener viva, para que la UA pueda impartir el grado de Medicina. Los miembros del Consell son conscientes de que hay varias universidades privadas tocando a la puerta para ofrecer esos estudios tanto en Valencia como, sobre todo, en Alicante. ¿Piensa Ximo Puig, cree Mónica Oltra, que mientras ellos impiden a la enseñanza pública universitaria de Alicante crecer con esos estudios, las empresas privadas van a desistir también de intentar obtener las preceptivas licencias? Si los que se declaran defensores del sistema público no lo defienden cuando pueden, ¿creen que quienes apuestan por un modelo distinto, basado en lo privado, lo van a hacer cuando les toque? ¿O es que consideran que nunca les va a tocar?
Deberían pensar en eso Ximo Puig, Mónica Oltra y la consellera de Universidades, Carolina Pascual. Y meditar también qué cambios hay que introducir en el sistema para que a) en el caso de Medicina, los estudios ganen en calidad, porque ahora mismo tenemos alumnos haciendo su residencia por todos los hospitales de la provincia, pero la formación que reciben luce por su ausencia. Y b) en general, la Generalitat, que tiene la última palabra, debería replantearse el mapa de titulaciones, porque la competencia a ver quién coloca el título más epatante empieza a convertir a las universidades en centros con mucho folclore. En el caso de la UA, por ejemplo, estamos a las puertas de que se apruebe la apertura de un nuevo campus, esta vez en Dénia, para impartir el grado de Gastronomía, mientras se sigue bloqueando Medicina. Estoy seguro de que tanto la consellera como el presidente del Consejo Social comprenden que para fortalecer la Universidad pública no se puede asumir que ésta forme cocineros mientras la privada forma médicos. Que si no hay que elegir, bien está la fiesta. Pero lo que no se puede es alegar falta de recursos para no aprobar Medicina y ponerle piso y presupuesto a los fogones. Si no hay para todo, entonces lo que tiene que haber son prioridades. Estoy convencido, decía, de que tanto Carolina Pascual como Adolfo Utor lo entienden mejor que yo. Pero aún no se lo he oído decir.
El eterno retorno de la corrupción
Esta comunidad, se dice pronto, ha visto a un presidente (Francisco Camps) dimitir horas antes de tener que sentarse ante un jurado como consecuencia de los escándalos surgidos durante su gobierno y a otro (Eduardo Zaplana) encarcelado bajo acusaciones graves de corrupción, ambos del Partido Popular. Ha visto detener a dos presidentes de Diputación (el socialista Jorge Rodríguez, de la de Valencia, y el popular José Joaquín Ripoll, de la de Alicante). Ha contemplado cómo caían las alcaldesas de sus dos principales ciudades, Rita Barberá y Sonia Castedo. Tiene todavía consellers, alcaldes y concejales en prisión y otros muchos, una lista interminable, están incursos en procedimientos judiciales de incierta resolución. No nos hemos perdido nada: Gürtel, Brugal, Erial… y ahora Azud, donde ya hay otra larga lista de detenidos, encabezada por el que fuera número dos de Rita Barberá, viejo conocido de otros casos, Alfonso Grau, y el que era hasta el jueves subdelegado del Gobierno en Valencia, el socialista Rafael Rubio, segundo de ese edificio oficial que es apresado, después de que hace unos años lo fuera el delegado, entonces del PP, Serafín Castellano. Se investiga también al que fuera bajo varios secretarios generales el hombre de las finanzas socialistas en esta parte del país, José María Cataluña, cuyo nombre ya habíamos oído en boca de políticos y empresarios luego condenados en las escuchas de distintos sumarios. La Comunidad Valenciana fue una orgía continua en la primera década del nuevo siglo, el territorio sin ley donde todo se podía comprar o tomar al asalto, y aún seguimos pagando las consecuencias. Condenados al eterno retorno, cada vez que se nos olvida salta una operación de la UCO que nos lo recuerda.
