El Síndic de Greuges, Ángel Luna, alertaba a finales de abril, coincidiendo con la presentación de su informe anual -correspondiente al primer año de covid-, que, durante la pandemia, había faltado transparencia e información de calidad, sobre todo en un área tan sensible como Sanidad, algo fundamental, alegaba, para conseguir la colaboración de la ciudadanía.
Sin embargo, ni haciendo un ejercicio extraordinario de transparencia se entiende que en un momento como éste -por muy bien que estén ahora los datos de incidencia- el Consell haya decidido echar al paro a los 1.300 sanitarios que habían estado reforzando los hospitales y los centros de salud en la provincia durante lo peor de los picos de contagio para, a renglón seguido, pedir voluntarios para hacer frente a la campaña de vacunación masiva.
El personal sanitario se encontraba desbordado antes del covid, las listas de espera ya estaban desbocadas, y las perspectivas no son muy halagüeñas: pacientes crónicos que no han recibido atención en estos meses de colapso y patologías diagnosticadas tarde y mal o directamente no diagnosticadas, a lo que hay que sumar las secuelas que ha dejado el covid en muchas personas y que también necesitan atención médica. Por eso, puede que no sólo sea el momento de prorrogar estos contratos, sino de comenzar a pensar en reforzar la inversión en Sanidad y, de paso, empezar a poner en valor la labor de nuestros profesionales médicos.
De lo contrario, podría parecer que esa falsa dicotomía entre economía y sanidad no era tan falsa, y que en una cuestión tan importante como la de fortalecer nuestro sistema sanitario no se prioriza la salud, sino la economía. Algo bastante incomprensible, por mucho que, en esto sí, Sanidad hiciera un derroche de transparencia.
