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Antonio Balibrea

Embridando a las multinacionales

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

No es progresista en el sentido actual. El New York Times dice en una reciente entrevista que el presidente Joe Biden “en el partido Demócrata es del ala sindical, frente al ala de los profesionales universitarios”. Seguro de la grandeza de Estados Unidos, con confianza en el Estado, con poco interés en las guerras culturales que surgieron a partir de la década de 1960, apasionado por los derechos civiles, con un profundo arraigo en “los hombres comunes”- que se decía- las clases media y obrera. Su padre admiraba al filósofo católico francés Jacques Maritain, y “él también lo tomó como referente”. Como las principales figuras de la enseñanza social católica, Maritain puso un gran énfasis en la solidaridad social, la interdependencia orgánica de la gente y las comunidades. Y, esto lo añado yo, me da que es un profundo admirador de Franklin D. Roosevelt. El gabinete de prensa de la Casa Blanca se las ve y se las desea para explicar las medidas radicales del nuevo presidente. Explica que son las mismas que respaldó siempre, durante las décadas qué pasó en el Senado: desde el salario mínimo a la educación pública. Ahora lo hace a lo grande, dicen. Y dicen bien.

Este viernes, en Londres, Biden y la secretaría del Tesoro Janet Yellen, habrán dejado caer su propuesta para establecer un impuesto global sobre beneficios empresariales, mínimo del 15 % y Estados Unidos lo subirá del 21 al 28%, como estaba antes de Trump. Aun así, en Estados Unidos una de cada cinco grandes empresas, no pagan ningún impuesto. El impuesto no es solo a las empresas tecnológicas y digitales, sino a todas las mayores multinacionales. El tema estaba paralizado en la OCDE por Trump, aunque la mayoría de los países de la OCDE están a favor. Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón aplaudieron la propuesta desde el primer momento, y ahora se ha sumado el Reino Unido. La única condición razonable que han puesto los socios es que la recaudación se practique en el país donde el grupo empresarial realiza sus negocios y ventas. No solo van a tributar en razón de la sede social, sino en función de los países donde realmente desarrollan su actividad.

Un acuerdo del G7 estableciendo un tipo mínimo impositivo del 15% -Biden pretendía inicialmente el 21 por ciento- puede suponer el fin de los paraísos fiscales. También de los semi paraísos fiscales en Europa como Irlanda, Hungría, Holanda y Gibraltar. Holanda con un tipo nominal de 5 % reprochaba a los países mediterráneos que eran malgastadores. España tiene un tipo impositivo nominal, teórico, por encima del 20, pero el real está en torno al 8% según expertos. En cualquier caso, los grandes beneficiarios van a ser Francia, Alemania, Italia y España. Para los ministros de Hacienda, incluida María Jesús Montero, es un milagro. El déficit ocasionado por la pandemia ya tiene quién lo pague: los impuestos sobre los beneficios de las empresas multinacionales. Si el G-7, G-20 y la OCDE aprueban lo que llevan tiempo tramando, supondrá casi duplicar la recaudación, pero pagándolo los grandes, no los trabajadores ni las PYMES. Si el poder político termina embridando a las multinacionales será decisivo para consolidar el Estado del bienestar y cimentar la armonización fiscal en la Unión Europea. “Las Corporaciones Multinacionales en el Desarrollo Mundial” (1973) es el informe de la ONU que hace medio siglo, cuando la producción multinacional era ya superior a la de ámbito nacional, concluía que era “urgente la tributación de los beneficios de las filiales que se relaciona con la evasión fiscal y la doble tributación”.

La Comisión ha propuesto este mismo mes un ambicioso programa para la tributación de las empresas. "Empresas en Europa: Marco para el Impuesto sobre Sociedades" es el documento que pretende fijar un marco legal único, minimizará las oportunidades de elusión fiscal -léase, ingeniería financiera para evitar impuestos- y apoyar el empleo y la inversión en el mercado único. Añade además que "presentará pronto medidas para garantizar una tributación justa en la economía digital; propondrá un impuesto digital, que servirá de recursos propios de la Unión Europea”.

Biden ha dado ahora una orden ejecutiva anulando la sección 230 de la ley USA de Decencia de las Comunicaciones de 1996 que libera a las grandes tecnológicas de responsabilidad por servir como plataforma de lanzamiento para la desinformación. Regular la responsabilidad de las tecnológicas en las redes es el próximo paso. No para, está hecho un chaval.

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