Los políticos van a manifestarse para que los políticos vayan a la cárcel, un destino en el que sería fácil encontrar un consenso entre gobernantes y gobernados. No basta con dejar de votar a quienes impulsen un perdón en el uso de sus prerrogativas, las rogativas han de encarecer la mazmorra para los colegas. Incluso ministros indultados a los tres meses como Barrionuevo se suman entusiastas a la continuidad carcelaria de sus sucesores, al tiempo que se reafirman en que no cometieron delito alguno con lo cual su rehabilitación queda descartada.
Rajoy montó durante la era Zapatero sendas manifestaciones contra los homosexuales y contra Cataluña en su conjunto, pero la propia desmesura del objetivo diluía la convocatoria hasta el borde de la farsa. Aquí se trata de que vayan a la cárcel nueve políticos de segundo o tercer nivel, ningún ministro entre ellos, con la particularidad de que ya están encerrados desde hace más de mil días. Si a la acción masiva procárcel se le añadiera el aliciente de demandar la tortura de los condenados, necesaria según los expertos estadounidenses para extraer una confesión, la mayoría de exaltados no se borrarían del acto.
La exigencia política de que los políticos vayan a la cárcel quiebra un insano corporativismo, pero también sienta un peligroso precedente, porque los encaramados a Colón presuponen que cada representante público ausente merece el calabozo. En cambio, la opinión pública tiende a generalizar. Y nadie discutirá que países de acrisolada tradición democrática como la China comunista también encarcelan a los independentistas de Hong Kong. Sin embargo, las penas impuestas a los opositores de Pekín son diez veces inferiores a las felizmente alcanzadas por el procés. Esta lenidad comparada no debe atribuirse a un empecinamiento adicional del Supremo, sino a que en este caso había unos principios infinitamente más sagrados a proteger que en Asia.
